El Toco, despojo y olvido

Justo cuando hoy llega al departamento del Cesar el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, para dialogar con los líderes indígenas de la comunidad yukpa en el municipio de La Paz, para hablar sobre las expectativas, ventajas y desventajas de la zona veredal que instalarán en esa población para la dejación de las armas de las Farc, en la ciudad de Valledupar se realizará una reunión con las 57 familias reclamantes de tierras de la parcelación El Toco, en el municipio de San Diego, por parte de las autodefensas.

Son dos hechos paralelos que muestran las dos caras del conflicto armado en la región. Mientras una comunidad está expectante por lo que viene con un escenario de postconflicto, por otra parte un número representativo de familias quieren contar las falencias de la restitución de tierras ante la ausencia de enfoques colectivos durante el proceso, que profundiza el desarraigo producto del desplazamiento forzado.

Así lo determinó la organización de derechos humanos Codhes (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), que hizo un informe sobre los procesos de desplazamiento, despojo y restitución de tierras en el predio El Toco en el Cesar, el cual precisamente dará a conocer hoy, aunque sus conclusiones eran la crónica de una muerte anunciada.

Es claro que este es uno de los casos simbólicos de la restitución en el Cesar, donde hay más de tres mil reclamaciones en curso, con un bajo índice de fallos, tal como ha ocurrido con El Toco, donde solo doce familias de las más de 50 que reclaman sus predios, han recibido un fallo de restitución a su favor y otras de compensación.

EL PILÓN ha publicado en distintas ocasiones la versión de la Unidad de Tierras respecto a los avances del proceso en este departamento, pero también ha conocido de cerca el sufrimiento y padecimiento de las familias campesinas que aún persisten en volver a la tierra que tuvieron que abandonar a la fuerza, obligados por hombres armados de los paramilitares al mando de ‘Jorge 40’.

“Las dinámicas de desarraigo, desterritorialización y ruptura de tejidos sociales producto del desplazamiento en esta comunidad” son según el informe de Codhes, los efectos de la dilatación de un proceso que lleva más de cuatro años en manos de la Unidad de Tierras.

Las dificultades de retorno a la tierra, de titularidad de la misma y de desenmarañar conflictos generados por la tierra no son fáciles, y aunque hay que reconocer el esfuerzo de la institución para sacar adelante el proceso de restitución, han fallado en el enfoque colectivo con el que deben abordarse casos de despojo, como este de El Toco. Aún el libro no se cierra, las páginas siguen abiertas para reorientar el camino, y de algo debe servir este informe que hace claridad sobre todo el proceso de El Toco.

“Restituir un territorio con todas sus implicaciones y reparar el desarraigo como pérdida de la comunidad política, social y económica y como afectación de los proyectos de vida comunitarios por causa del desplazamiento y el despojo” es el fin. Una buena experiencia para el postconflicto que viene.

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