Desde las 3:00 de la madrugada y hasta las 10:00 de la noche, sobre la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia, un sinnúmero de personas atiborra las sillas de vehículos ‘piratas’, sin importarles la falta de garantías mecánicas y de seguridad que acarrea transportarse con la informalidad.

El lugar, denominado ‘terminalito’ por las autoridades, ya no es simplemente un sitio en el que conductores de unos 90 vehículos recogen pasajeros, sino que su célula se expandió por otros sectores como las afueras de la Terminal de Transportes de Valledupar, avenida Simón Bolívar y el centro de la ciudad. Las ventas informales y los rebuscadores son otros que integran la cadena.

Siendo una manera ilegal de transportarse, los usuarios prefieren este tipo de movilidad para evitarse filas y ahorrarse entre $3.000 y hasta $5.000 en un pasaje, así lo explicó Paulo César Ardila, conductor de taxi, quien criticó la falta de operativos en estos sitios, que genera un déficit tanto para su gremio como para las arcas del municipio.

Pero no es un problema actual, ya son más de 20 años en funcionamiento de estos paraderos o terminales improvisados, sin que las autoridades de Tránsito y la Policía Nacional hayan podido erradicarlos de raíz.

Sin embargo, solo en junio de 2018, la Policía de Tránsito y Transporte inmovilizó 400 vehículos en la capital del Cesar y el 80 % se produjo por transporte informal. Así lo informó el gerente de la Terminal de Transportes de Valledupar, Luis Fernando Cuello Pedraza.

“Es un flagelo complicado en la ciudad, es un problema que vienen heredando las administraciones en años anteriores. Nosotros hemos venido brindando las garantías a usuarios y a las empresas transportadoras, para que se transporten por medio de la Terminal”, dijo Luis Fernando Cuello, quien advirtió que en obras de infraestructura han invertido unos $1.500 millones, a través de la construcción de la sala de abordaje y otros proyectos.

La estrategia de las autoridades como la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, las secretarías de Tránsito y Gobierno, además de la gerencia de la Terminal de Transportes, está encaminada a generar consciencia entre las empresas transportadoras que oficialmente detienen sus vehículos en estos sectores, pero también hacia los usuarios que persisten con la idea de ahorrar dinero al no ir al sitio autorizado por la Superintendencia de Puertos y Transportes.

La Terminal de Transportes de Valledupar moviliza, aproximadamente, entre 2.000 y 3.000 personas diarias, pero en esta época de temporada vacacional el flujo de pasajeros alcanzó hasta 7.000 viajeros. Mientras que en el Festival Vallenato son 10.000 por día.

Al año, según Luis Fernando Cuello Pedraza, se movilizan cerca de un millón 300 mil pasajeros por esta terminal.

“La Terminal no tiene las herramientas para solucionar el tema de los ‘terminalitos’, porque nos encargamos únicamente de prestar un servicio conexo al servicio de transporte, y nuestra jurisdicción no es regular, ni quienes hacen inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia de Puertos y Transportes, y para el tema de ley está la Policía de Tránsito y Transporte. Hemos hecho mesas de trabajo con las entidades, incluidas la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para tratar cómo acabar con el ‘terminalito’, que en junio estuvimos a punto de erradicarlo”, señaló Cuello Pedraza.

Sin embargo desde junio está vencido el convenio entre el municipio de Valledupar y la Policía Nacional para controles de tránsito, es decir que por ahora no se están haciendo comparendos a los infractores.

“El convenio está en proceso de renovación, pero creemos que este es un problema más allá de informalidad, se transforma en cultura ciudadana”, expresó el gerente de la Terminal de Transportes.

Las garantías que ofrecen las 29 empresas instaladas en la Terminal de Transporte, dice Luis Fernando Cuello, son a nivel de seguridad, así como la inclusión dentro de un seguro y las pólizas de responsabilidad civil en caso de accidentes, algo que no existe en el transporte informal.

“Quieren hacer ver como si el problema del ‘terminalito’ son los buses de Cootracegua y Cootracosta, las únicas dos empresas que paran en los municipios, cuando el problema son los taxis piratas que no están autorizados para prestar el servicio intermunicipal y lo hacen”, puntualizó Luis Fernando Cuello Pedraza.

¿Y las autoridades?

La secretaría de Gobierno Municipal, en cabeza de Gonzalo Arzuza Torrado, realizó recientemente una intervención a zonas donde funcionan ‘terminalitos’, pero el flagelo continúa.

“Lo primero que encontramos fue la informalidad, segundo inseguridad porque se pueden camuflar personas que alguna vez pueden robar los buses. La encargada de hacer el despacho de buses es la Terminal de Transportes y no se propicia a que se utilice por el público”, dijo Arzuza Torrado, quien sostuvo se impusieron comparendos a personas que persistieron en mantener la conducta irregular.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito Municipal está haciendo planes operativos para contrarrestar el transporte en vehículos no autorizados.

“Estamos sancionando a los conductores y a las empresas, ya hemos hecho tres reportes a la Superintendencia de Puertos y Transporte, porque se parquean a recoger personas en la vía pública que no está permitido”, dijo Víctor Arismendy Arias, secretario de Tránsito.

La Secretaría de Tránsito Municipal no tiene herramientas para sancionar a empresas transportadoras, con incidencia en la zona de los ‘terminalitos’.

“El problema viene desde las empresas de transporte porque son dos o tres empresas que detienen sus vehículos en estos sitios. Son unas empresas en el sector formal pero en la realidad hacen prácticas de informalidad. Ya pedimos a la Superintendencia desarrollar las investigaciones y sanciones a que haga lugar”, manifestó Arismendy Arias.

En noviembre del año anterior, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades de Tránsito combatir y acabar con el transporte informal e ilegal de todo el país.

La circular pidió acciones al Ministerio de Transporte, a las gobernaciones, alcaldías, organismos de Tránsito y la Policía Nacional. Además enfrentar cuanto antes los focos de informalidad, para que no sigan constituyéndose como una fuente y oferta de servicio de transporte público para los ciudadanos.

El organismo de control indicó que debe existir una “colaboración real y efectiva” entre las autoridades para frenar la informalidad. La Procuraduría informó que tanto los usuarios del transporte como los gremios de transportadores pueden revelar o ayudar para acabar con este fenómeno.

En datos, la Superintendencia de Puertos y Transporte, entre marzo y octubre de 2017, hizo 1.000 operativos en todo el país, inspeccionando más de 49.000 vehículos. De esos, 7.500 fueron sancionados y 3.100 inmovilizando.

La Superintendencia estima que el 15 % de las terminales en el país se encuentran en estado crítico, por eso la calidad de su servicio prestado a los ciudadanos no es óptima y recae principalmente en la búsqueda de otras opciones. Dentro de estas, las terminales de Tunja, Cúcuta, Pamplona, Buenaventura, Santa Marta, Maicao y Aguazul.