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Económicas - 14 febrero, 2016

Superintendencia investiga a Prodeco

La Superindustria formuló pliego de cargos a la compañía minera, acusándola de abuso de posición dominante en el negocio del transporte de carbón.

Por la presunta obstrucción y discriminación a terceros potenciales exportadores de carbón, en la utilización de la infraestructura pública portuaria desde Puerto Nuevo, en la zona de Ciénaga, Magdalena, del que la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., PNSA, es concesionario y Prodeco su mayor accionista, la Superintendencia de Industria y Comercio, le imputó cargos a la empresa minera.

El PNSA es el único puerto público de la zona del municipio de Ciénaga que conecta con la línea férrea de Fenoco, por lo que constituye un monopolio del servicio portuario para los exportadores de carbón que no posean un puerto propio y requieran utilizar el tendido férreo para transportar cantidades significativas de carbón.

Según la Superindustria, PNSA abusando de su posición de dominio habría de manera consciente obstruido el uso del puerto público concesionado a terceros exportadores de carbón y privilegiado en la operación del puerto la atención del volumen de exportaciones de sus accionistas, en concreto de Prodeco.

Según la decisión de la entidad de vigilancia nacional, la obligación de Sociedad Portuaria como concesionario de los servicios portuarios consistía en construir y operar un puerto con capacidad de 32 millones de toneladas anuales para la primera fase. El contrato de concesión se suscribió en el año 2010 y la operación inició en el mes de abril de 2013. Sin embargo, PNSA habría construido un puerto con capacidad de 21,4 millones de toneladas anuales, correspondiente al volumen garantizado de sus accionistas.

De esta manera, la Superintendencia abrió pliego de cargos contra 10 personas naturales y dos jurídicas por posibles infracciones a la libre competencia. El inicio de investigación pone en juego más de 206.836 millones en sanciones a las empresas (el puerto y la minera) y más de 17.000 millones a los funcionarios y exfuncionarios involucrados; es decir, las sanciones máximas de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las infracciones, que serían obstrucción  y discriminación,  y 2.000 salarios mínimos legales vigentes para cada persona involucrada.

Si bien los puertos son definidos como monopolios naturales, la apertura de cargos se da por la sospecha de que pese a que la concesión del Puerto Nuevo es para uso público, Prodeco la emplea de manera exclusiva y además de eso habría sido un obstáculo para que otros competidores del mercado usaran esta terminal,  por sus políticas de acceso discriminatorias frente otros agentes, en precios y requisitos.

Prodeco es dueña de 94,9 por ciento del proyecto y Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. Carbones el Tesoro S.A., cuentan cada una con 1,7 por de la participación accionaria.

Puerto Nuevo habría abusado de su dominancia, dice la Superintendencia, lo que en últimas favorecería a Prodeco.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN

Económicas
14 febrero, 2016

Superintendencia investiga a Prodeco

La Superindustria formuló pliego de cargos a la compañía minera, acusándola de abuso de posición dominante en el negocio del transporte de carbón.


Por la presunta obstrucción y discriminación a terceros potenciales exportadores de carbón, en la utilización de la infraestructura pública portuaria desde Puerto Nuevo, en la zona de Ciénaga, Magdalena, del que la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., PNSA, es concesionario y Prodeco su mayor accionista, la Superintendencia de Industria y Comercio, le imputó cargos a la empresa minera.

El PNSA es el único puerto público de la zona del municipio de Ciénaga que conecta con la línea férrea de Fenoco, por lo que constituye un monopolio del servicio portuario para los exportadores de carbón que no posean un puerto propio y requieran utilizar el tendido férreo para transportar cantidades significativas de carbón.

Según la Superindustria, PNSA abusando de su posición de dominio habría de manera consciente obstruido el uso del puerto público concesionado a terceros exportadores de carbón y privilegiado en la operación del puerto la atención del volumen de exportaciones de sus accionistas, en concreto de Prodeco.

Según la decisión de la entidad de vigilancia nacional, la obligación de Sociedad Portuaria como concesionario de los servicios portuarios consistía en construir y operar un puerto con capacidad de 32 millones de toneladas anuales para la primera fase. El contrato de concesión se suscribió en el año 2010 y la operación inició en el mes de abril de 2013. Sin embargo, PNSA habría construido un puerto con capacidad de 21,4 millones de toneladas anuales, correspondiente al volumen garantizado de sus accionistas.

De esta manera, la Superintendencia abrió pliego de cargos contra 10 personas naturales y dos jurídicas por posibles infracciones a la libre competencia. El inicio de investigación pone en juego más de 206.836 millones en sanciones a las empresas (el puerto y la minera) y más de 17.000 millones a los funcionarios y exfuncionarios involucrados; es decir, las sanciones máximas de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las infracciones, que serían obstrucción  y discriminación,  y 2.000 salarios mínimos legales vigentes para cada persona involucrada.

Si bien los puertos son definidos como monopolios naturales, la apertura de cargos se da por la sospecha de que pese a que la concesión del Puerto Nuevo es para uso público, Prodeco la emplea de manera exclusiva y además de eso habría sido un obstáculo para que otros competidores del mercado usaran esta terminal,  por sus políticas de acceso discriminatorias frente otros agentes, en precios y requisitos.

Prodeco es dueña de 94,9 por ciento del proyecto y Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. Carbones el Tesoro S.A., cuentan cada una con 1,7 por de la participación accionaria.

Puerto Nuevo habría abusado de su dominancia, dice la Superintendencia, lo que en últimas favorecería a Prodeco.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN