Luego de un recorrido de verificación de avances de obras de infraestructura en el centro carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional, el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, con el apoyo del gobernador Francisco Ovalle Angarita, le solicitó al Ministro de Defensa, Enrique Gil Botero, la reubicación de la Cárcel Judicial a las afueras de la ciudad.

Los gobernantes del Cesar y Valledupar asumen el compromiso de comprar un predio para que se construya una nueva cárcel y de una vez por todas los habitantes del barrio Dangond gocen de la tranquilidad que por años han añorado, construyéndoles un parque en el sector donde está ubicado el centro carcelario.

“Ya tenemos un avalúo del lote contiguo a la ‘Tramacúa’ y aspiramos que este predio, que fue revisado por el Inpec y que cumple con las exigencias de seguridad, podamos adquirirlo con el gobernador y entregarlo, con la única condición de que sea reubicada la Judicial. No permitiremos que vuelvan a construir otra cárcel para traer más presos de otras parte del país y se siga el problema de la Judicial, como pasó en años anteriores”, expresó Ramírez Uhía.

Para la próxima semana, el Ministro Gil Botero ordenó la realización de una Mesa Técnica, con participación de un delegado del Ministerio de Justicia y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como un primer paso de viabilidad de estudio para una solución.

Por otra parte, y como una medida próxima, el mandatario de los vallenatos también solicitó al Ministro de Defensa el apoyo ante la Corte Constitucional para que se levante el veto que por un fallo impide el ingreso de más internos al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad. Al cumplirse la solicitud del mandatario se abriría cupo para albergar alrededor de 400 reclusos de la Judicial, logrando deshacinamiento.

“Hoy registramos, con mucha complacencia, que siete de los pabellones están completamente refaccionados con suministro de agua y los otros dos tienen unas condiciones de habitabilidad, porque se podría garantizar el suministro de tres galones de agua por recluso. Con esto se le daría cumplimiento a la honorable Corte y preservar los derechos humanos de los reclusos”, especificó el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

Además, recalcó el interés del Gobernador del Cesar y el Alcalde de Valledupar en la construcción de una política carcelaria que permita capacitaciones y formalización pedagógica, que apunten a la resocialización y rehabilitación de los reclusos.