Colombia definió el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, con el reto histórico de la transformar el país hacia la paz de una manera clara, transparente y duradera. A este día le dio vida la Ley 668 de del 30 de julio de 2001, que ordenó al Congreso […]
Colombia definió el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, con el reto histórico de la transformar el país hacia la paz de una manera clara, transparente y duradera. A este día le dio vida la Ley 668 de del 30 de julio de 2001, que ordenó al Congreso de la República entregar las medallas ‘Luis Carlos Galán de Lucha Contra la Corrupción’ para entregarla a la persona que haya trabajado de manera ejemplar en la lucha contra la corrupción, y la ‘Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana’ para otorgarla a una persona menor de 25 años que promueva iniciativas individuales o colectivas para la recuperación de los valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción.
Esta fecha (viernes 18 de agosto) de hace dos días pasó inadvertida en el Cesar, aun para nosotros como medio de comunicación. Nadie dijo ni hizo nada para destacar este día, ni para rechazar la corrupción especialmente en la coyuntura que vive el país, cuando el caso Odebrecht está develando una red de magnitudes inimaginables que comprometen a los grandes círculo de poder colombianos.
En Bogotá para hacer sentir la fecha, el Concejo Distrital realizó un acto simbólico en donde descolgaron los cuadros de los expresidentes Hipólito Moreno, Germán Olano, y Orlando Parada, hoy condenados por su participación en el carrusel de la contratación; el caso de corrupción más grande que haya conocido Bogotá y que le costó a los bogotanos alrededor de 2.2 billones de pesos. Allí el Director de Transparencia por Colombia, habló sobre la importancia de la sanción social y del rol de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, y esta entidad hizo circular una lista que contiene personajes de la vida pública que han cometido hechos de corrupción y están sancionados.
Le hacemos eco a los mensajes de Transparencia por Colombia porque los corruptos merecen mayor sanción social y son los actos como el ocurrido en la capital del país los que pueden generar mayor conciencia, porque la sola sanción judicial no es suficiente. “El país reclama con indignación la sanción judicial a los corruptos y eso está bien. El Estado debe castigar todos los delitos relacionados con la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción es una corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía en general”.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción en Colombia, el 79 % de los colombianos cree que la ciudadanía sí puede marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción y ahí es donde está la clave, porque la ciudadanía puede y debe organizarse para ejercer dos importantes acciones: el Control Social y la Sanción Social.
En el Cesar en el año 2010, el joven abogado de origen vallenato, Gabriel Romero, recibió la medalla ‘Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana’, por el trabajo que realizaba de la mano del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías del Cesar. Después no se han observado iniciativas ni individuales ni colectivas que tengan el propósito de prevenir o denunciar la corrupción. Ha corrido mucha agua debajo del puente en el tema de corrupción en el Cesar y nada pasa, los organismos de control caminan a paso lento y la ciudadanía parece estar congelada ante los corruptos, con una indiferencia que asombra.
Las herramientas siguen ahí: control social y sanción social. Solo hay que usarlas.
Colombia definió el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, con el reto histórico de la transformar el país hacia la paz de una manera clara, transparente y duradera. A este día le dio vida la Ley 668 de del 30 de julio de 2001, que ordenó al Congreso […]
Colombia definió el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, con el reto histórico de la transformar el país hacia la paz de una manera clara, transparente y duradera. A este día le dio vida la Ley 668 de del 30 de julio de 2001, que ordenó al Congreso de la República entregar las medallas ‘Luis Carlos Galán de Lucha Contra la Corrupción’ para entregarla a la persona que haya trabajado de manera ejemplar en la lucha contra la corrupción, y la ‘Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana’ para otorgarla a una persona menor de 25 años que promueva iniciativas individuales o colectivas para la recuperación de los valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción.
Esta fecha (viernes 18 de agosto) de hace dos días pasó inadvertida en el Cesar, aun para nosotros como medio de comunicación. Nadie dijo ni hizo nada para destacar este día, ni para rechazar la corrupción especialmente en la coyuntura que vive el país, cuando el caso Odebrecht está develando una red de magnitudes inimaginables que comprometen a los grandes círculo de poder colombianos.
En Bogotá para hacer sentir la fecha, el Concejo Distrital realizó un acto simbólico en donde descolgaron los cuadros de los expresidentes Hipólito Moreno, Germán Olano, y Orlando Parada, hoy condenados por su participación en el carrusel de la contratación; el caso de corrupción más grande que haya conocido Bogotá y que le costó a los bogotanos alrededor de 2.2 billones de pesos. Allí el Director de Transparencia por Colombia, habló sobre la importancia de la sanción social y del rol de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, y esta entidad hizo circular una lista que contiene personajes de la vida pública que han cometido hechos de corrupción y están sancionados.
Le hacemos eco a los mensajes de Transparencia por Colombia porque los corruptos merecen mayor sanción social y son los actos como el ocurrido en la capital del país los que pueden generar mayor conciencia, porque la sola sanción judicial no es suficiente. “El país reclama con indignación la sanción judicial a los corruptos y eso está bien. El Estado debe castigar todos los delitos relacionados con la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción es una corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía en general”.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción en Colombia, el 79 % de los colombianos cree que la ciudadanía sí puede marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción y ahí es donde está la clave, porque la ciudadanía puede y debe organizarse para ejercer dos importantes acciones: el Control Social y la Sanción Social.
En el Cesar en el año 2010, el joven abogado de origen vallenato, Gabriel Romero, recibió la medalla ‘Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana’, por el trabajo que realizaba de la mano del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías del Cesar. Después no se han observado iniciativas ni individuales ni colectivas que tengan el propósito de prevenir o denunciar la corrupción. Ha corrido mucha agua debajo del puente en el tema de corrupción en el Cesar y nada pasa, los organismos de control caminan a paso lento y la ciudadanía parece estar congelada ante los corruptos, con una indiferencia que asombra.
Las herramientas siguen ahí: control social y sanción social. Solo hay que usarlas.