En audiencia pública celebrada ayer en Valledupar y tras escuchar a más de cincuenta ciudadanos que asistieron en busca de soluciones, con denuncias en contra de presuntos hechos de corrupción, obras sin culminar, violación de los derechos humanos ocurridos no solo en Valledupar, sino en otros municipios del Cesar, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que estudiará cada uno de los casos, para lo que pidió pruebas a las personas que formularon las quejas.

Aseguró el Procurador General de la Nación que las denuncias relacionadas con violación a los derechos de la salud, corrupción de funcionarios, obras inconclusas dejadas por los anteriores gobernadores del Cesar, serán estudiadas e investigadas por el Ministerio Público.

“Nosotros hemos sido sumamente estrictos en mostrarle resultados a cada uno de los denunciantes, así como a quienes nos han entregado documentos, esa es parte de nuestra tarea”, anotó.

Al tiempo dijo que la tarea de los ciudadanos es ‘exigir organizados’, asegurando que la acción ciudadana cobra sentido en la vigilancia de la gestión pública si todos van para el mismo lado, la exigencia y defensa de sus derechos. Carrillo Flórez destacó la asistencia masiva de veedores ciudadanos de Valledupar, haciendo la invitación a continuar activos en sus denuncias y a las autoridades a brindar resultados porque “los funcionarios públicos se deben a la ciudadanía”.

El jefe del Ministerio Publico precisó que entre sus propósitos está la lucha contra la corrupción por lo que se empeñará en modernizar la entidad y garantizar el debido proceso y los derechos de quienes sean investigados por este ente de control público.

“Estábamos enfrascados en una sola discusión sobre la paz, los acuerdos y la implementación, cuando llegamos, de la noche a la mañana reventó como una epidemia en todo el país. Y donde uno vaya levanta la olla y solo sale un olor desagradable en relación a lo que está pasando con los recursos públicos”.

Carrillo Flórez afirmó que la Procuraduría continuará realizando labores de vigilancia e intervención preventiva al gobierno local y nacional, con el fin de acabar con la desigualdad, ya que de acuerdo con la manera irresponsable como están manejando el ordenamiento territorial, según lo denunciado por el curador de Valledupar, Augusto Orozco, eso se traduce en acumulación de la pobreza, no solo en esta ciudad sino en todo el país.

“Lo único que se ha hecho en las ciudades es multiplicarla por la vía de la irresponsabilidad en el control urbano, eso es evidente en la proliferación en las licencias de construcción, y de mafias que se apoderaron de las obras en la mayoría de nuestras ciudades con la mirada cómplice de los funcionarios públicos” subrayó.

Uno de los compromisos que se fijó el Procurador, fue hacer un control especial al río Guatapurí, debido a que según la sentencia reciente de la Corte Constitucional en defensa de un rio, marca una diferencia en la defensa del medio ambiente.

“En nuestra agenda ustedes son los protagonistas, nosotros no somos súper héroes, en la lucha contra la corrupción la victoria es de los ciudadanos, no de los entes de control, somos solo un instrumento. La clave de todo esto es la interacción entre los gobernantes y los gobernados y esta tiene que estar fundamentada en la denuncia”, dijo.

También se comprometió a remitir las copias a la Fiscalía de las denuncias penales interpuestas por los ciudadanos, ratificó que la procuradora delegada será la interlocutora de las denuncias, mientras se hace el concurso de méritos para nombrar a los procuradores en propiedad.

“Por primera vez no vamos a entregar las procuradurías regionales a los grupos políticos, aunque deba pagar un costo político muy alto que deberé asumir. Yo no puedo cometer la estupidez (sic) de creer como se ha creído en el pasado, que esta es una institución de persecución política que se le entrega a unos grupos para que luche contra otros o para que se dedique a archivar los procesos”, resaltó.

 Las denuncias

El exasesor de Paz del departamento del Cesar, Carlos Toro, sorprendió al auditorio denunciando las acciones emprendidas por el alcalde del municipio de Pailitas en contra de seis concejales de ese municipio ubicado en el sur del Cesar,  que en cumplimiento de su labor fueron revocados de su cargo bajo el amparo del procurador provincial de El Banco en el departamento del Magdalena. Ante ese caso especial, Carrillo Flórez aseguró que lo mirará detenidamente.

Otras de las denuncias de los actores civiles de este departamento fueron sobre la elección irregular de personeros por parte concejales de Chiriguaná, las obras deportivas inconclusas en los municipios del Cesar, especialmente el estadio de futbol Armando Maestre Pavajeau; las irregularidades en la creación de políticas públicas enfocadas a las mujeres y a los adultos mayores, así como a la violación de los derechos de los usuarios por las Entidades Prestadoras de Salud.

 Ajustes al interior de la PGN

Para fortalecer la Procuraduría, anunció múltiples tareas, pero dijo que fortalecerá los procesos de investigación de la Procuraduría en los niveles regionales y locales, por lo que pretende incrementar las relaciones de trabajo con las Personerías y las Defensorías del Pueblo en el país.

Añadió que “ha faltado estrategia contra la corrupción, han faltado gerencia pública y resultados. Hay mucha retórica y denuncias, pero los colombianos quieren resultados. Ese es el gran compromiso de la Procuraduría”.

No participó en la cumbre de alcaldes

El Procurador General de la Nación le dio prioridad a otros compromisos a pesar de estar invitado a la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales realizada en Valledupar. Según lo manifestó el Procurador Carrillo en una entrevista concedida a EL PILÓN, lo hizo para no tener ningún contacto con el alcalde de Cartagena, Manolo Duque, quien está suspendido de su cargo por el caso Blas de Lezo ocurrido en la capital de Bolívar el pasado 27 de abril, en el que murieron 21 personas.

“Tengo la responsabilidad de fallar en segunda instancia en el caso del alcalde suspendido de Cartagena, era mejor evitar ese contacto, teniendo en cuenta que el primero en tomar la decisión fue un procurador delegado, pero yo debo decidir en segunda instancia. En términos de la objetividad de la decisión era mejor evitar cualquier tipo de contacto en esa materia”, manifestó.

Por Ariadne Osorio Ponce / EL PILÓN

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