Valledupar se sumó a la iniciativa que se dio a nivel nacional para recoger cinco millones de firmas para convocar a la Consulta Popular Anticorrupción, mediante la cual los líderes de la propuesta buscan darle la orden y hacer obligatorio para el próximo Gobierno y Congreso que adopte siete medidas indispensables para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país.

El presidente del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, uno de los dirigentes de la propuesta, llegó al Cesar para dar inicio a la firmatón. En entrevista con EL PILÓN se refirió a uno de los casos más sonados de corrupción como el de Odebrecht, que también afecta al departamento del Cesar con el proyecto Ruta del Sol, tramo dos.

¿En qué consiste la iniciativa que ciudadana que se promueve a nivel nacional para acabar la corrupción?

La Consulta Popular Anticorrupción es una iniciativa ciudadana, es un mecanismo de participación que en principio estamos promoviendo. La vocera es la senadora Claudia López junto con Antonio Navarro y esta consulta popular busca convocar a la ciudadanía para que imponga en las urnas, sobre siete temas que en su momento fueron siete proyectos de Ley que presentamos ante el Congreso sobre distintos asuntos que tienen que ver con el fenómeno de la corrupción y que fueron hundidos en su trámite, o bien porque expiraron los tiempo o fueron negados los votos.

¿Por qué una consulta popular?
Nosotros queremos convocar a que los ciudadanos impongan esta consulta y si es aprobada mayoritariamente, el mecanismo de participación que hemos seleccionado obliga a que el congreso adopte estas siete propuestas o en su defecto que el Presidente las adopte por decreto, esa es la fuerza que tiene ese mecanismo previsto en la Constitución Nacional.

¿Por qué iniciar en Valledupar?
El Cesar es un departamento que como todo el Caribe colombiano y el país ha sido fuertemente golpeado por un fenómeno de corrupción que afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Iniciamos en Valledupar y el Cesar con una actividad que realizamos en la plazoleta de la Gobernación del Cesar y esa será como la largada de un proceso de recolección de firmas por un espacio de seis meses que es lo que la ley nos exige. Ya la Registraduría ha aceptado la consulta, ha inscrito al comité promotor y ha aceptado las siete preguntas que se van a formular a los ciudadanos para que se pronuncien sobre ellas.

Aspiramos a recoger por lo menos 600 mil firmas en el Caribe colombiano y hemos arrancado por Valledupar. Es un ejercicio que estamos haciendo sin contratar a nadie, con voluntarios que se han inscrito a través de nuestras redes para hacer parte de esta iniciativa.

En estos momentos el país afronta un tema fuerte de corrupción que es el caso Odebrecht, firma sobre la cual usted hizo una advertencia a la administración de Bogotá sobre un contrato. ¿Ya se conocía las irregularidades?

Cuando en su momento yo hice la advertencia en Bogotá sobre un contrato de 243 mil millones que se celebró finalmente entre un consorcio del que hacía parte Odebrecth, la firma gozaba de una buena fama. En aquella ocasión la advertencia la hicimos porque comparados con los competidores que tenía, estos ofrecían mejores garantías teniendo en cuenta las condiciones y las exigencias técnicas y financieras de un contrato de esa magnitud.

Desafortunadamente no fueron oídas, luego Odebrecth lideró otro consorcio para quedarse con otro contrato, volvía a hacer la advertencia. El contrato fue adjudicado en 2015 cuando comenzaron a conocerse los problemas de la firma en Brasil, por fortuna en esa ocasión el consorcio ganador fue otro.

Sin embargo, ese no es el único caso. En el Caribe tenemos el tema de Reficar, los problemas con la alimentación escolar, sobrecostos en construcción de infraestructura educativa, hospitales, vías.
Ahora en el Cesar las dudas que existen sobre la vía que se conecta con la Ruta del Sol entre Ocaña y Gamarra, y todos esos asuntos han venido aumentando la indignación ciudadana.

¿Cree que los tentáculos de Odebrecht llegaron al Cesar?
Es un asunto que le corresponde indagar a los organismos de control. Si esos tentáculos no se metieron en la institucionalidad y la contratación pública territorial de este departamento si vamos a tener que padecer los hechos de corrupción asociados a la Ruta del Sol, pues el tramo dos termina en San Roque, Cesar, teniendo en cuenta los flujos económicos, empleo, posibilidades de mejora de la calidad de vida de los municipios que traviesa el proyecto. Cada retraso de esa obra tiene unas consecuencias económicas, sociales, políticas, de convivencia de la gente del departamento.

¿Cuáles son las propuestas principales de la Consulta Popular Anticorrupción?

Cero mermeladas. Lo que quiere decir que el presupuesto de inversión del orden nacional, departamental o municipal deje de negociarse en las oficinas a puertas cerradas con los congresistas, diputados o concejales, y que esas partidas presupuestales se desglosen y se asignen públicamente en audiencias con participación de los ciudadanos y también de quienes son elegidos en los puestos de elección popular.

Otro punto es la disminución del sueldo de los congresistas. Creemos que no tiene presentación que mientras a un ciudadano le aplican un IVA del 19% porque hay un hueco fiscal que hay que saldar, los congresistas parece que no se sintieran interpelados o cuestionados en sus ingresos para ayudar a resolver ese déficit fiscal.

Además que una persona no ocupe un cargo de elección popular por más de tres periodos, nadie es eterno en el mundo y menos en la política. Con una limitación de periodos en un cuerpo colegiado permite una renovación de liderazgo político.

El Cesar ha sido protagonista en casos de corrupción, ¿qué decirle a sus habitantes para que se sumen a esta iniciativa?

Esta es una oportunidad que como el Congreso no estuvo a la altura de la lucha contra la corrupción, esta no puede ser un discurso vacío sino que necesita medidas concretas. Seguramente esta consulta no resuelve todos los problemas de corrupción que tiene el país, pero este es un paso adelante importante sobre todo si ese paso proviene de una voluntad popular que también es un campanazo de alerta para el sistema político. También es un reclamo de responsabilidad política a quienes ejercen funciones públicas en Colombia.

Entre las propuestas que buscan ser aprobadas está reducir, de 40 a 25 salarios mínimos, el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado; así como que aquellas personas condenadas por corrupción paguen la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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