Una iniciativa del representante a la Cámara por el Cesar, Eloy ‘Chichí’ Quintero, busca que los ministros y los expertos que integran las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos rindan cuentas al país y al Congreso.
El congresistas radicó el proyecto de Ley 031 de 2015 que tiene dos objetivos primordiales: uno, incluir entre las causales de moción de censura, la responsabilidad de los ministros que hacen parte de las Comisiones de Regulación, en los casos en los que por su acción u omisión dentro de las mismas, se vean afectados los usuarios finales.
El otro objetivo es ponerle fin a la figura de “captura del regulador” que se ha venido configurando entre las Comisiones de Regulación y las empresas privadas dominantes que prestan los servicios públicos.

Con esto lo que pretenden es eliminar la posibilidad de reelección indefinida que tienen los expertos que conforman las Comisiones, para que no se perpetúen en sus cargos y favorezcan, con el pasar de los años, a las empresas privadas que terminan seduciéndolos y poniéndolos a legislar y regular en favor propio, olvidando que la razón de ser de dichas comisiones es propender por el bienestar y protección de los usuarios.
Según el congresista una de las principales causas de la crisis en la prestación de los servicios públicos, es que a las Comisiones de Regulación nadie las controla y no le rinden cuentas a nadie.

Este tipo de proyectos se desprende de la mala prestación del servicio de energía que ofrece la empresa Electricaribe, lo que hoy mantiene a los habitantes de la costa molestos, por lo que consideran que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, no sólo se desenvuelve como una entidad cómplice de Electricaribe, sino que prácticamente ha demostrado su intención de legislar a favor de esta empresa, aprovechando los vacíos jurídicos y ambigüedades de las Leyes 142 y 143 de 1994.

Se pretende controlar el cúmulo de normativas expedidas por las Comisiones de Regulación, que en vez de ayudar a solucionar los problemas apremiantes de los usuarios, lo que se logra es que casi ningún usuario tenga claridad y conocimiento pleno de las normas que rigen los servicios públicos, lo que es aprovechado por las empresas prestadoras para sacar ventaja de los enredos normativos.
La CREG ha emitido en los últimos ocho años 153 Resoluciones, lo cual equivale a 25 resoluciones anuales en promedio.
“Esta es la oportunidad para que el Congreso haga uso de las facultades y herramientas que desde la Constitución y la Ley quinta se le han dado para controlar políticamente las actuaciones de la Rama Ejecutiva. La Moción de Censura a los Ministros que hacen parte de las Comisiones de Regulación los obligará sin duda a que se apersonen y se vuelvan responsables de lo que allí se decida respecto a los servicios públicos. Los dolientes de la pésima prestación del servicio de energía eléctrica no podemos ser los usuarios, sino los que realmente son responsables de que el pueblo colombiano padezca lo que padece hoy en día por este motivo”, dijo Quintero.

Redacción