La petición fue hecha por el Ministerio Público teniendo en cuenta que los cargos imputados contra Pinto están relacionados con presunto caso de corrupción.
El próximo 1 de noviembre desde las 11:00 de la mañana iniciará la audiencia solicitada por la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá para decretar la nulidad del fallo proferido el pasado 10 de octubre donde le fue concedida arresto domiciliario a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, por ser madre cabeza de familia.
La petición fue hecha por el Ministerio Público teniendo en cuenta que los cargos imputados contra Pinto están relacionados con presunto caso de corrupción asociados la defraudación de un millonario contrato que buscaba disminuir la muerte de menores de edad en el municipio de Albania, La Guajira.
La Fiscalía le imputó cinco cargos a la exgobernadora por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.
La petición fue hecha por el Ministerio Público teniendo en cuenta que los cargos imputados contra Pinto están relacionados con presunto caso de corrupción.
El próximo 1 de noviembre desde las 11:00 de la mañana iniciará la audiencia solicitada por la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá para decretar la nulidad del fallo proferido el pasado 10 de octubre donde le fue concedida arresto domiciliario a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, por ser madre cabeza de familia.
La petición fue hecha por el Ministerio Público teniendo en cuenta que los cargos imputados contra Pinto están relacionados con presunto caso de corrupción asociados la defraudación de un millonario contrato que buscaba disminuir la muerte de menores de edad en el municipio de Albania, La Guajira.
La Fiscalía le imputó cinco cargos a la exgobernadora por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.