En el departamento del Cesar están amenazados 175 defensores de derechos humanos, más conocidos como líderes sociales, dato tomado de este periódico,  según fuente suministrada por el asesor de Paz Departamental, Jesualdo Hernández, quien además informa que Valledupar es el municipio con mayor número de líderes amenazados, con un  registro de  65, los otros viven en las circunscripciones de Pailitas, Codazzi, Pelaya, La Paz, El Copey, Becerril, Aguachica, La Jagua de Ibirico y Pueblo Bello.

Tan alta cantidad de defensores de los derechos humanos, amenazados en el Departamento del Cesar, requiere de rigurosas prevenciones para que no se materialicen en homicidios vergonzosos, que tienen preocupada a la comunidad internacional, a tal punto, la advertencia de que si no hay medidas efectivas inmediatas, habría suspensión de inversiones extranjeras en territorio colombiano.

Lo grave del asesinato sistemático de líderes sociales, es que los autores intelectuales nunca se conocen, porque las investigaciones siempre quedan en posibles supuestos, que cada vez son más por aquello del pago de recompensas a quienes denuncien a los implicados en tan abominable fenómeno.

Francamente, este es un problema de difícil solución por el amasijo  de la corrupción, el narcotráfico, el conflicto armado interno y otros ingredientes confluyentes, entre los cuales sobresalen la doble moral y el creciente menosprecio de la vida humana en nuestras nuevas generaciones.

La verdad, es que en la solución hay muchas divergencias, por ejemplo, unos prefieren castigos penitenciarios, otros más radicales homicidios extralegales, en vista de que la Constitución Política prohíbe la pena de muerte. Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que la mejor solución radica en la buena educación, cuya responsabilidad recae en la familia y en el estamento gubernamental, desafortunadamente, a tales garantes los ha descarriado el camino de la vida fácil.

Aunque por el panorama del terrible círculo vicioso que atraviesa nuestro país, pareciera irresoluble, todavía quedan personas optimistas con la voluntad de seguir en la búsqueda de un mejor futuro, donde el bienestar común prevalezca sobre los intereses particulares y, precisamente, la alta educación es la base de la solución. La que proporciona la cultura  que lleva a un comportamiento superior desprovisto de injusticias. Por un país así vale la pena seguir luchando, mientras se tenga vida con suficiente energía y razonable lucidez mental.

Por José Romero Churio