Una preocupación surge entre líderes de todo el departamento a raíz de los múltiples recursos que se fugan en contrataciones directas que podrían terminar por favorecer la politiquería.

Esta es una de las revisiones que inicia la Contraloría General de la Nación, cuyo primer resultado lo presentó en el Senado, a quien abrió una investigación preliminar ordenada por la Delegada Primera para la Contratación Estatal, para revisar 70 contratos de prestación de servicios celebrados, de manera directa, por la Dirección Administrativa de esa corporación.

Los 70 contratos fueron suscritos para proveer personal que realice servicios profesionales en diferentes dependencias del Senado.

A raíz de las denuncias realizadas por medios de comunicación, miembros del Ministerio Público adelantaron una revisión minuciosa de la forma cómo se vincula a esas personas, en particular el posible quebranto del régimen de contratación y una eventual vulneración a los derechos de los trabajadores.

Las pruebas recaudadas serán analizadas por la Procuraduría General de la Nación y en los próximos días se decidirá si se archiva o se abre investigación formal.

En el departamento

El Cesar no escapa de esta realidad, en los municipios y la Gobernación del Casar, un alto porcentaje de reportes al Sistema Electrónico de Contratación Pública responde a las modalidades directas.

Durante la vigencia 2016, el 85 % de los contratos que salieron de la gobernación se realizaron de forma directa y solo el 15 % de la contratación se hizo bajo la modalidad de contratación por licitación pública o subasta.

La Contraloría y la Procuraduría  hallaron escandaloso que  la contratación directa sobrepasara el 47 %  con la realidad que este porcentaje es superado en el departamento en un 100 %.

El departamento contrató en el 2016 la cifra de $57.529 millones, es decir que de los 494 contratos ejecutados en el 2016, 394 habrían sido direccionados.

De las 394 contrataciones directas el Portal Único de Contratación Estatal, SECOP, arroja que 49  fueron convenios de cooperación  asignadas a personas naturales, fundaciones, corporaciones y figuras sin ánimo de lucro, por valor de $25.400 millones.

Esto demuestra que el gobierno departamental no habría atendido  las recomendaciones, al no acatar el principio de transparencia y economía como lo estipula la Circular conjunta 14 de 2011 de la Procuraduría, Contraloría y Auditoría que le exige a los entes territoriales cumplirlo.

El principio busca  atacar la corrupción, garantizar la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la Administración en la escogencia del contratista al exigir que se haga de acuerdo con unas reglas precisas, claras, completas y objetivas. En este principio se conjugan también los principios de igualdad, el de la publicidad, y de la libre concurrencia o competencia, que sirven de base a la forma más clara de selección del contratista, que es la licitación, pero que deben estar presentes en los otros mecanismos de selección del contratista cualquiera que sea la forma escogida, como se expresó en la exposición de motivos de la Ley, que debe existir aun en los casos de contratación directa o urgencia.

En consecuencia, cuando una entidad pública defina la pertinencia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley debe dejar constancia del análisis jurídico, técnico o económico que fundamenta tal determinación, en cumplimiento de la potestad estrictamente reglada del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, constancia que no existe en ninguna de las contrataciones adjudicadas por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita.

Los funcionarios y particulares deben ceñirse a los principios de transparencia, responsabilidad, economía, ecuación contractual, selección objetiva, buena fe, autonomía de la voluntad, y planeación, contenidos en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 respectivamente de la Ley 80 de 1993, que constituyen una especie de cimiento de la Ley que deben asimilar los usuarios de la contratación, y que a su vez están concebidos como una garantía, de tal manera que la contratación se consolide como un eficaz instrumento para el cumplimiento de los objetivos estatales.

En cuanto a la las auditorías a la contratación 2016, el contralor departamental, César Cerchiario De la Rosa manifestó que dentro del plan general de auditorías se realizaron 41 en el Cesar en las que  se verificó la gestión de las alcaldías, hospitales, empresas de servicios públicos y obviamente de la gobernación del Cesar.

Cabe aclarar que los índices de NBI, en estos municipios es mayor que en otros que no reciben regalías distribuyendo así su nivel de miseria; Chiriguaná con 53,52 %, El Paso 61,82 % y La Jagua de Ibirico con 55,65 %.
Contratación directa en La Jagua

En La Jagua de Ibirico, durante la vigencia 2016, según lo revela el SECOP, se celebraron 260 contratos por valor de $10.774 millones, de los cuales el Sistema Electrónico revela que 247 de estos contratos se adjudicaron “a dedo” mediante la modalidad de Contratación Directa, donde se comprometieron $8.470  millones.

En este municipio, la alcaldesa Yarcelis Rangel comprometió $4.824 millones, en  217 contratos de prestación de servicios para fortalecer la institucionalidad y en 14 convenios por valor de $3.217 millones, superando de esta forma los gastos de personal de nómina que le cuesta al municipio $4.930 millones; lo que quiere decir que entre puestos y gastos fijos de personal, el municipio gastó más de $8.000 millones y solo invirtió $1.592 millones, para subsanar las necesidades del municipio.

Entre las otras modalidades de contratación se realizaron tres concursos de mérito por valor de $305 millones, seis contratos de selección abreviada de menor cuantía por $582 millones y dos subastas por $705 millones, lo que suma $1.592 millones.

El Paso

En el municipio El Paso, Cesar, durante la vigencia 2016 se ejecutaron  $2.775 millones. De 89 contratos ejecutados, 51 se desarrollaron por contratación directa con un valor de $693 millones sumados a las mínimas cuantías por valor de $517 millones; es decir que en la contratación directa se invirtieron $1.200 millones de los $2.775 millones de presupuesto.

El SECOP revela que no hubo ninguna licitación pública, solo refleja un concurso de mérito por $120 millones para una consultoría que permitiera generar los insumos necesarios para la  formulación de proyecto del mejoramiento integral de los barrios Puente Seco y La Feria, ubicados en el corregimiento de La Loma  sin especificar a qué mejoramiento va destinado el estudio.

También revela una selección abreviada de menor cuantía por $769 millones y dos  subastas por $574 millones; además solo ejecutó cuatro proyectos con los $1.400 millones restantes.

En Chiriguaná

Chiriguaná es un municipio ‘especial’, en donde los asesores de la alcaldesa Zunilda Toloza Pérez utilizaron entre sus tipos de contratación el “régimen especial” que aparece en el SECOP pero no aplica para los entes territoriales sino para hospitales y universidades.

En esta población se ejecutaron 206 contratos por valor de  $7.995 millones, de los  cuales 202 fueron contratación directa, donde se comprometió casi $7.0000 millones y solo hubo un concurso de mérito, dos licitaciones públicas  y una selección abreviada de mínima cuantía.

En contratación directa se ejecutaron 154 proyectos, en mínimas cuantías 39  y en el régimen especial nueve proyectos que suman los 202 contratos y proyectos asignados burocráticamente.

En nómina paralela el municipio de Chiriguaná gastó  $1.471 millones y los gastos de nómina son de $985 millones; es decir que los puestos asignados por la alcaldesa superaron el pago de la nómina del personal profesional universitario del Ente.

Este comportamiento es repetido por las diferentes administraciones públicas del Cesar, quienes han destinado los recursos del departamento según la decisión de los mandatarios.

Por Adriana Palomo Molina/EL PILÓN.