Con mucha satisfacción escribimos esta columna al conocer que al fin el Gobierno Nacional parece ha entendido que lo ambiental no debe insertarse en los Planes de Desarrollo como una retórica que sirve para alelar más a los incaustos, sino que debe ser la base fundamental no para el crecimiento económico pero si para el desarrollo económico y social, en la medida en que este último debe desempeñarse con apego a la normatividad ecológico–ambiental, apuntando así a la recuperación y conservación de los recursos naturales, y obvio, pensando en las generaciones futuras y en la estabilidad ambiental.

Para nadie es un secreto en Colombia, que las amenazas ecológicas impactan de manera negativa a las poblaciones más pobres y exacerban sus índices de vulnerabilidad. Las personas con menos ingresos sufren no solo problemas globales como la deforestación, la desertificación y el cambio climático, sino también locales como la contaminación urbana y domiciliaria y la falta de saneamiento básico, de hecho queda como la sociedad más desigual dentro de 129 países que analizó para el 2011 las Naciones Unidas, solo superada por Haití y Angola.

Menos mal que ya estamos entendiendo que no se puede seguir en nombre del progreso o el crecimiento ecológico, talando los antiguos pulmones de nuestra sociedades, colonizando cerros, invadiendo zonas costeras y rellenando cuerpos de agua, talando manglares así como arrasando bosques tropicales. Los desechos industriales van a parar al río, costa y bahías como sucede por ejemplo en Valledupar, Riohacha y Santa Marta y la reparación del daño no va más allá de multas administrativas de consolación. Parece que estamos tomando iniciativas de impedir aquello que destruye nuestra calidad de vida. Hace aproximadamente un mes leímos un informe del Director Planeación Nacional (DNP), Simón Gaviria, donde decía que “Colombia sigue rezagada en crecimiento verde”, abunda manifestando que Colombia ha perdido el 5,25 % de su cobertura vegetal, esta debilidad junto con el derroche de los recursos naturales especialmente de minerales y bosques, la mala calidad del agua y la poca inversión en energías renovables son los talones de Aquiles que hacen que Colombia tenga un desempeño entre pobre y muy pobre en crecimiento verde, por tal motivo y otros aspectos más de un diagnóstico elaborado por el DNP, es que han encargado una misión enfocada en investigar como el país puede lograr un crecimiento verde, en decir, un desarrollo económico que sea sostenible con el medio ambiente, o sea, que no vaya en contravía de los recursos naturales y de paso ver cómo podemos lograr que el campo sea mucho más productivo sin aumentar la frontera agrícola.

Ya entendimos que hay más que argumento suficiente para hacer una reforma ambiental, por lo menos así quedó plasmado en el Plan de Desarrollo 2014-2018 al reconocer que “desde el punto de vista ambiental, el crecimiento económico posiblemente no es sostenible, debido a que la riqueza natural se está agotando”. Es de anotar que Colombia quiere apuntarle a la calidad del agua, al ahorro de recursos naturales y la cobertura forestal. Vale la pena conocer que en los últimos 25 años, Colombia ha perdido 5,2 millones de hectáreas de sus territorios boscosos.

En resumen, la administración pública colombiana quiere ser responsable con las próximas generaciones, viviendo en armonía con el ambiente.

NOTA: El impredecible presidente de EE.UU., como anti ecologista, con su decisión de nombrar como nuevo director de la Agencia Ambiental a Scott Pruitt, otro escéptico del cambio climático, la situación del cambio climático se agrava.