El alcalde de Chimichagua-Cesar Rigoberto Pérez Cano ayer fue conducido por miembros del CTI de la Fiscalía hasta el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que ordenó su captura como presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidad e incompatibilidad […]
El alcalde de Chimichagua-Cesar Rigoberto Pérez Cano ayer fue conducido por miembros del CTI de la Fiscalía hasta el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que ordenó su captura como presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidad e incompatibilidad de contratación pública.
En las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, realizadas en el Palacio de Justicia de Valledupar, la Fiscalía señaló que el mandatario incurrió en una conducta punible al suscribir un contrato de prestación de servicios con el exsecretario de planeación de Chimichagua, Alfredo León Queruz, quien además se desempeñó como alcalde encargado en el periodo de gobierno anterior.
El objeto del contrato era la construcción de 10 aulas y dos baterías sanitarias en la institución educativa Cerveleón Padilla, el cual se suscribió en febrero de 2008, pero la irregularidad se produjo porque el ex secretario de planeación debió esperar un año para contratar, teniendo en cuenta sólo había pasado un año de su salida de la Administración Municipal.
No obstante, en abril del mismo año el contratista al percatarse de la falta en que estaba incurriendo devolvió el dinero del anticipo y se deshizo el contrato, pero pese a ello hubo detrimento del erario.
Tras escuchar la imputación del ente acusador, el alcalde Rigoberto Pérez Cano no aceptó los cargos.
El abogado defensor esgrimió que en la contratación materia de investigación, el mandatario actuó bajo el principio de confianza y por sugerencia de uno de sus asesores jurídicos.
Posteriormente la Fiscalía solicitó detención preventiva en establecimiento carcelario, pero la juez le dictó la detención domiciliaria, al considerar conveniente el planteamiento hecho por la Procuraduría de que el Mandatario no representa un peligro para la sociedad.
Al culminar la diligencia, Rigoberto Pérez Cano fue trasladado a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, donde pasó la noche y la mañana de hoy será dejado a disposición del INPEC.
El alcalde de Chimichagua-Cesar Rigoberto Pérez Cano ayer fue conducido por miembros del CTI de la Fiscalía hasta el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que ordenó su captura como presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidad e incompatibilidad […]
El alcalde de Chimichagua-Cesar Rigoberto Pérez Cano ayer fue conducido por miembros del CTI de la Fiscalía hasta el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que ordenó su captura como presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidad e incompatibilidad de contratación pública.
En las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, realizadas en el Palacio de Justicia de Valledupar, la Fiscalía señaló que el mandatario incurrió en una conducta punible al suscribir un contrato de prestación de servicios con el exsecretario de planeación de Chimichagua, Alfredo León Queruz, quien además se desempeñó como alcalde encargado en el periodo de gobierno anterior.
El objeto del contrato era la construcción de 10 aulas y dos baterías sanitarias en la institución educativa Cerveleón Padilla, el cual se suscribió en febrero de 2008, pero la irregularidad se produjo porque el ex secretario de planeación debió esperar un año para contratar, teniendo en cuenta sólo había pasado un año de su salida de la Administración Municipal.
No obstante, en abril del mismo año el contratista al percatarse de la falta en que estaba incurriendo devolvió el dinero del anticipo y se deshizo el contrato, pero pese a ello hubo detrimento del erario.
Tras escuchar la imputación del ente acusador, el alcalde Rigoberto Pérez Cano no aceptó los cargos.
El abogado defensor esgrimió que en la contratación materia de investigación, el mandatario actuó bajo el principio de confianza y por sugerencia de uno de sus asesores jurídicos.
Posteriormente la Fiscalía solicitó detención preventiva en establecimiento carcelario, pero la juez le dictó la detención domiciliaria, al considerar conveniente el planteamiento hecho por la Procuraduría de que el Mandatario no representa un peligro para la sociedad.
Al culminar la diligencia, Rigoberto Pérez Cano fue trasladado a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, donde pasó la noche y la mañana de hoy será dejado a disposición del INPEC.