La noticia del domingo pasado, tal como fue publicada, causó mucho ruido en la sociedad vallenata y sobretodo en las redes sociales donde criticaron mi opinión al respecto de la posibilidad de demolición del monumento y sus obras complementarias. Tales manifestaciones en mi contra, así como las múltiples e infundadas apreciaciones que al respecto se […]
La noticia del domingo pasado, tal como fue publicada, causó mucho ruido en la sociedad vallenata y sobretodo en las redes sociales donde criticaron mi opinión al respecto de la posibilidad de demolición del monumento y sus obras complementarias. Tales manifestaciones en mi contra, así como las múltiples e infundadas apreciaciones que al respecto se han divulgado, las tendré que aceptar tal como se pronunciaron, porque al fin y al cabo toda acción genera una reacción. Sin embargo, creo que hay que continuar fomentando el control social de estas construcciones para que las autoridades de control intervengan estas actuaciones y tomen las medidas más conducentes para recuperar, en el peor de los casos, los 11.000 millones de pesos que irresponsablemente se invirtieron en una obra que hoy es un híbrido raro, revestido de santo, que no cumple ninguna función así como está, con su estructura deteriorándose a la intemperie, en completo abandono, amenazando ruina y que de continuar así, prontamente habrá que demolerlo si no se toman los correctivos del caso.
Desde que se inició esta ilegal construcción, he propuesto técnica y jurídicamente la misma y única solución, la cual sin la intervención del alcalde, sería imposible salvar esas obras. Parecería que nadie entendiera que desde siempre el uso de suelo de estas construcciones ha sido un uso prohibido en suelo rural y que se necesita que sea un uso de suelo permitido para esta actividad institucional de alto impacto ambiental, urbanístico y social, cuyo cambio solamente lo puede aprobar el Concejo Municipal a través de una Modificación al POT (Plan de Ordenamiento Territorial) vigente, a iniciativa del Alcalde, quien conoce la situación desde el inicio de su mandato y no ha querido reconocerlo como debe ser. No me explico entonces, qué es lo que está pasando con la ciudadanía, porque actúa como si no supiera que a dicha obra, mientras no se legalice, no se le puede invertir un peso, que no tiene licencia alguna como las de parcelación, construcción, cerramiento, vertimientos, explotación de aguas subterráneas, energía eléctrica, aprovechamiento forestal, licencia ambiental para hacer la vía vehicular de penetración y consulta previa. Esta obra atenta las normas de todo tipo y es muy probable que tenga que someterse a patología estructural, en su oportunidad, para decidir si se requiere reforzamiento estructural o no.
La ciudadanía tiene que entender que las normas establecidas por ella misma, deben regular también las conductas de sus dirigentes y para que dichas normas puedan cumplir su misión y gozar de eficacia, se necesita su aplicación sin mirar a quién, pues me parece injusto que las Administraciones que participaron en este proyecto y aquella que debe legalizar estas obras y no lo hace, no tengan ninguna responsabilidad ante estos deplorables hechos, dirigentes que actuaron como jueces y partes en este ilegítimo proceso; como jueces, ordenando contratos como si fueran legales, cuya realidad es un fraude continuado y como partes, omitiendo aplicar las normas de control a sus propias edificaciones. ¿Les parece a ustedes que no debo opinar al respecto?
Por Augusto Orozco