A través de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, diferentes organizaciones sociales que trabajan en defensa del medio ambiente solicitaron al mandatario declarar la moratoria al fracking y suspender los proyectos en Colombia.

Entre las organizaciones se encuentra la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas de San Martín, Cesar, que se sumó a la Alianza Colombia Libre de Fracking, esto teniendo en cuenta el riesgo ambiental y de salud pública que implica su implementación en el territorio.

Una vez más los líderes sociales resaltan que el fracking conlleva un alto riesgo de afectación al agua, debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación.

En el documento, las organizaciones aseguran que las “afectaciones del fracking a los ecosistemas y en la reducción hídrica pueden generar un aumento en los conflictos socio-ambientales, en busca de un acceso equitativo y sostenible, y asimismo poner en riesgo la gobernanza del agua en el país. Todo esto conllevaría, a un incumplimiento por parte del Estado colombiano en su obligación de garantizar el acceso al agua, así como a desatender los compromisos internacionales sobre la protección de fuentes hídricas”.

De manera específica, en el Cesar y Santander se están adelantando actividades de exploración de yacimientos no convencionales. En esta región la comunidad de San Martín se ha movilizado pacíficamente en contra del mencionado proyecto bajo el liderazgo de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) y, en múltiples ocasiones ha pedido ser escuchada y tenida en cuenta por el gobierno, sin resultados satisfactorios.

“De nada sirve asumir compromisos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si se le da vía libre al fracking. En esta medida, urgimos al Gobierno a tomar en serio las obligaciones legales y constitucionales de protección del ambiente, que se estarían incumpliendo si se adelantan las actividades”, aseguran.

A raíz de la situación del municipio de San Martín, la Contraloría emitió a finales de 2016 dos nuevos pronunciamientos en los que afirma que ha habido irregularidades en los trabajos de exploración del contrato al permitir que la empresa Conocophillips continuara con un trámite que legalmente no es posible, buscando la aprobación de un plan de manejo ambiental para iniciar labores en el pozo Picoplata #1, por lo que le recomienda al gobierno nacional abstenerse de suscribir contratos para la explotación de yacimientos no convencionales.

En San Martín no detienen su lucha contra el fraking. Organizaciones sociales piden al gobierno nacional declarar la moratoria esta práctica y suspender los proyectos en Colombia.

Andreina Bandera/ EL PILÓN

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