El Cesar es uno de los departamentos con mejor comportamiento en ejecutar recursos aportados por el Sistema General de Regalías, según la Contraloría General de la República.

La lista es liderada por Meta y Norte de Santander (70 %); Arauca (67 %); Casanare (63 %); Tolima, Santander y Cesar (60%). Así está establecido en el informe sobre los resultados del Sistema General de Regalías (SGR) al cierre del bienio 2015-2016, presentado por el Ministerio Público al Congreso, donde se destaca un saldo sin ejecutar de $10,7 billones. De esta suma, $6 billones quedaron en el Tesoro Nacional y $4,7 billones en las cuentas bancarias de entidades territoriales.

Esta cifra de $10,7 billones es significativa, si se compara, por ejemplo, con los $6 billones que espera recaudar el Gobierno Nacional en 2017, como resultado de la última reforma tributaria.

Los recursos del SGR fueron de $26,7 billones; y la ejecución fue de $16,5 billones, es decir el 61 %. A la inversión se destinó $20,9 billones (el 74 %). La mayor parte de los saldos sin ejecutar corresponden a inversión: $10 billones.

De los recursos de inversión, había $3,9 billones pendientes de aprobación de proyectos; de ese valor $1,5 billones corresponde al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI).

Las entidades territoriales, según el reporte que hicieron directamente a la CGR, incorporaron un presupuesto total del orden de $17 billones. La ejecución (pagos realizados) fue de $11,2 billones. Lo cual arroja un porcentaje de ejecución de la inversión de 65 %.

Pero respecto del total disponible de inversión ($20,9 billones) ese porcentaje baja al 53 %. Por departamentos, la ejecución es extremadamente baja en: San Andrés (10 %); Caldas (21 %); Bogotá (21 %); Vaupés (25 %).

Le siguen: Bolívar (31 %); Caquetá (34 %); Vichada (36 %); Cauca y Nariño (37 %); Magdalena (39 %).

Persiste corrupción
A pesar de la que la contratación directa representa el 32 % y los procesos de concurso (licitaciones, concurso de méritos) son dominantes, la Contraloría considera que el problema es que estos últimos se realizan con un único oferente en más del 70 % del valor de la contratación.

Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos se ponen de manifiesto en los procesos auditores que realiza la CGR.