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Editorial - 29 enero, 2011

Peligro en las minas

El año pasado, el drama vivido por 33 mineros en Chile, fue noticia de primera plana, durante varios días, en todos los noticieros de televisión y radio internacionales y nacionales, como también en revistas y periódicos de todo el mundo. Fue una noticia global y vivida, minuto a minuto, por todo el mundo de una […]

El año pasado, el drama vivido por 33 mineros en Chile, fue noticia de primera plana, durante varios días, en todos los noticieros de televisión y radio internacionales y nacionales, como también en revistas y periódicos de todo el mundo. Fue una noticia global y vivida, minuto a minuto, por todo el mundo de una manera muy particular, como se recordará.
Y gracias a la gestión del estado de Chileno, en cabeza de su propio Presidente, Sebastián Piñera, y al apoyo logístico internacional fue posible salvar la vida de estas personas, que durante varios días fueron protagonistas de la atención mundial, al punto que se conocieron detalles de sus vidas privadas que, en otro contexto, nunca se habrían tratado.
Chile dio un ejemplo al mundo de organización y éxito en el manejo de esta tragedia, propia del altísimo riesgo que implica la actividad de la minería subterránea.
Por contraste, en Colombia, en los últimos meses hemos vivido varias emergencias similares y el desenlace ha sido, lamentablemente, la muerte de los trabajadores afectados. Esta semana, el accidente ocurrió en la mina La Preciosa, en Sardinata, Norte de Santander, donde murieron 21 personas, uno de ellos, Jorge Eliécer Lara Bonilla, oriundo de Valledupar, y quien pensaba renunciar a aquel empleo para venirse a radicar a la capital del Cesar.
Este accidente, como también el ocurrido hace algunos meses en Amagá, Antioquia, enciende las alarmas sobre los riesgos y los cuidados que se deben tener en el caso de la explotación minera. Según las cifras del Ministerio de Minas, el año pasado se registraron 173 víctimas en la actividad minera, lo que debe encender las alarmas sobre lo que está pasando en este importante sector.
No se puede desconocer que este es un sector de alto riesgo, en muchos sentidos, tanto en materia industrial, como de salud y por sus efectos en el medio ambiente, entre otros.
Y sin dudas la primera responsabilidad la tienen los empresarios, grandes, medianos y pequeños que están en la obligación de cumplir los protocolos sobre cada una de estas materias, principalmente las que tienen que ver con la salud y la vida de sus trabajadores, pero también con las externalidades sobre el medio ambiente, que no son tema de poca monta.
Sin embargo, es mucha la responsabilidad del Estado en esta materia. No tiene ninguna presentación que un sector clave y tan importante, y que viene creciendo en Colombia, en los últimos años, tanto en generación de empleo y divisas como en su participación en el Producto Interno Bruto, tenga tan poca vigilancia oficial. El propio Ministro, Carlos Rodado Noriega, ha reconocido que con sólo diez y seis técnicos se les debe hacer vigilancia a más de seis mil minas…
Todo indica que hace falta una mayor capacidad institucional para ejercer esa vigilancia. Hace algunos años, existía Ecocarbón, que vigilaba la minería de carbón, distinta a la del Cerrejón, y Mineralco, que vigilaba a la pequeña minería, distinta a la del carbón, centrada – principalmente- en la explotación de piedras preciosas.
De la fusión de estos dos entes, Mineralco y Ecocarbón, surgió Minercol, que luego fue liquidada durante el gobierno del Presidente, Álvaro Uribe Vélez. Sus funciones pasaron a ser ejercidas por Ingeominas; pero, todo indica que el tema está fuera de control.
Sobre un sector que el actual gobierno ha considerado una de las principales locomotoras de la reactivación económica, como el minero, y así está en su Plan de Desarrollo, el Estado debe tener una adecuada regulación y vigilancia, en los frentes antes anotados.
El accidente sucedido y que ha enlutado a veintiún hogares en distintas zonas del país, incluido Valledupar, amerita un debate en el Congreso de la República y una revisión de la normatividad, las instituciones y los instrumentos con los cuales se realiza la vigilancia del sector minero en Colombia. Y nos atrevemos a afirmar que  el modelo de Chile es un buen referente para tener en cuenta.

Editorial
29 enero, 2011

Peligro en las minas

El año pasado, el drama vivido por 33 mineros en Chile, fue noticia de primera plana, durante varios días, en todos los noticieros de televisión y radio internacionales y nacionales, como también en revistas y periódicos de todo el mundo. Fue una noticia global y vivida, minuto a minuto, por todo el mundo de una […]


El año pasado, el drama vivido por 33 mineros en Chile, fue noticia de primera plana, durante varios días, en todos los noticieros de televisión y radio internacionales y nacionales, como también en revistas y periódicos de todo el mundo. Fue una noticia global y vivida, minuto a minuto, por todo el mundo de una manera muy particular, como se recordará.
Y gracias a la gestión del estado de Chileno, en cabeza de su propio Presidente, Sebastián Piñera, y al apoyo logístico internacional fue posible salvar la vida de estas personas, que durante varios días fueron protagonistas de la atención mundial, al punto que se conocieron detalles de sus vidas privadas que, en otro contexto, nunca se habrían tratado.
Chile dio un ejemplo al mundo de organización y éxito en el manejo de esta tragedia, propia del altísimo riesgo que implica la actividad de la minería subterránea.
Por contraste, en Colombia, en los últimos meses hemos vivido varias emergencias similares y el desenlace ha sido, lamentablemente, la muerte de los trabajadores afectados. Esta semana, el accidente ocurrió en la mina La Preciosa, en Sardinata, Norte de Santander, donde murieron 21 personas, uno de ellos, Jorge Eliécer Lara Bonilla, oriundo de Valledupar, y quien pensaba renunciar a aquel empleo para venirse a radicar a la capital del Cesar.
Este accidente, como también el ocurrido hace algunos meses en Amagá, Antioquia, enciende las alarmas sobre los riesgos y los cuidados que se deben tener en el caso de la explotación minera. Según las cifras del Ministerio de Minas, el año pasado se registraron 173 víctimas en la actividad minera, lo que debe encender las alarmas sobre lo que está pasando en este importante sector.
No se puede desconocer que este es un sector de alto riesgo, en muchos sentidos, tanto en materia industrial, como de salud y por sus efectos en el medio ambiente, entre otros.
Y sin dudas la primera responsabilidad la tienen los empresarios, grandes, medianos y pequeños que están en la obligación de cumplir los protocolos sobre cada una de estas materias, principalmente las que tienen que ver con la salud y la vida de sus trabajadores, pero también con las externalidades sobre el medio ambiente, que no son tema de poca monta.
Sin embargo, es mucha la responsabilidad del Estado en esta materia. No tiene ninguna presentación que un sector clave y tan importante, y que viene creciendo en Colombia, en los últimos años, tanto en generación de empleo y divisas como en su participación en el Producto Interno Bruto, tenga tan poca vigilancia oficial. El propio Ministro, Carlos Rodado Noriega, ha reconocido que con sólo diez y seis técnicos se les debe hacer vigilancia a más de seis mil minas…
Todo indica que hace falta una mayor capacidad institucional para ejercer esa vigilancia. Hace algunos años, existía Ecocarbón, que vigilaba la minería de carbón, distinta a la del Cerrejón, y Mineralco, que vigilaba a la pequeña minería, distinta a la del carbón, centrada – principalmente- en la explotación de piedras preciosas.
De la fusión de estos dos entes, Mineralco y Ecocarbón, surgió Minercol, que luego fue liquidada durante el gobierno del Presidente, Álvaro Uribe Vélez. Sus funciones pasaron a ser ejercidas por Ingeominas; pero, todo indica que el tema está fuera de control.
Sobre un sector que el actual gobierno ha considerado una de las principales locomotoras de la reactivación económica, como el minero, y así está en su Plan de Desarrollo, el Estado debe tener una adecuada regulación y vigilancia, en los frentes antes anotados.
El accidente sucedido y que ha enlutado a veintiún hogares en distintas zonas del país, incluido Valledupar, amerita un debate en el Congreso de la República y una revisión de la normatividad, las instituciones y los instrumentos con los cuales se realiza la vigilancia del sector minero en Colombia. Y nos atrevemos a afirmar que  el modelo de Chile es un buen referente para tener en cuenta.