Fijar la fecha del próximo 7 de febrero para el inicio de las negociaciones del gobierno Santos con el Eln, es un mensaje directo de las partes que está cargado de buenas intenciones y optimismo en la búsqueda de la paz total. Aún falta superar el obstáculo final que es la liberación de Odín Sánchez, uno de los inamovibles del Gobierno. Se espera que su regreso a la libertad pueda darse este 2 de febrero y así se despejaría el panorama para que esta sea una buena noticia para el país.

Estamos en el principio de una realidad que necesita alimentarse con otros gestos de paz que permitan ir despejando dudas y cortando vínculos que tengan relación con economías ilegales y contactos políticos dañinos en algunos de sus frentes.

Lo anterior es una esperanza que este nuevo esfuerzo de paz pueda recorrer el camino abierto en las negociaciones con las Farc, y teniendo en cuenta que esta guerrilla no atraviesa por su mejor momento, es posible que tengamos unos acuerdos exitosos en el menor tiempo posible. ¡Nos acercamos al punto de inflexión en la historia del país! El Eln tiene que entender que esta negociación no tiene reversa y debe ser el fin de la nefasta combinación entre política y armas. Esta organización tiene la última oportunidad de convertirse en corresponsables de una paz completa y duradera que sabremos apreciar en toda su dimensión, especialmente las generaciones futuras.

Se espera que el desescalamiento humanitario del conflicto sea la prioridad desde el primer día de negociación, pero la liberación de Odín Sánchez no está exculpando al Eln del delito del secuestro.

El Gobierno debe negociar sin protagonismos, con prontitud, sin precipitarse en la búsqueda cuidadosa del desarme y en la posibilidad de hacer política sin armas, pero no a cualquier costo. A pesar que el Eln sea una organización mucho más descentralizada y menos monolítica que las Farc, el Gobierno no debe dejarse presionar con embestidas terroristas donde el secuestro se convierta en un instrumento de lucha política.

Se sienten vientos de cambio con la llegada de Edgardo Maya a la Contraloría, Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía y Fernando Carrillo a la Procuraduría. El trío saliente fue muy controvertido en sus funciones de revisión de las finanzas del Estado, las acusaciones y actuaciones en el campo penal y el control disciplinario de los funcionarios del Gobierno. Es muy temprano para analizar sus actuaciones, pero por la trayectoria de los tres se puede adelantar que hay un cambio notable de estilos, con algunas características en común, que parece tienen toda la intención de jugársela por nuestro país que se encuentra polarizado y además, son conocidos por sus actuaciones alejadas del sectarismo político. Las percepciones que se tienen de ellos son elocuentes.

Los tres juntos, con misiones distintas, deben emprender una tarea firme y dura contra la corrupción, apoyar la paz política y el mejoramiento de la confianza en las instituciones. Así mismo, sus actuaciones tendrán que romper las prácticas clientelistas y actuar con contundencia y mano firme, sin inclinaciones políticas. Tienen responsabilidades muy grandes con el país y guardamos la esperanza que no serán inferiores a sus compromisos.