Los trabajadores ejercen su legítimo derecho a la huelga. Protegidos por las leyes, la Constitución Política y los tratados y convenciones internacionales suscritos por Colombia.

Pero llamamos a que hay que ver las consecuencias. Eso está en el ámbito de la empresa y sus trabajadores, pero así como se predica la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una especialización universitaria, comprendiendo las actividades de ella que van más allá del cumplimiento de la ley, también es procedente demandar de sus trabajadores y en particular de sus sindicatos alguna consideración hacia el entorno social que los envuelve.

Esta región de Padilla, que se extiende desde el centro de La Guajira hasta el del Cesar, epicentro Valledupar, ha visto un panorama preocupante con la reciente huelga del Cerrejón, los sobresaltos laborales o empresariales, como los de la mina La Francia, acentuado por este paro, que en la práctica podría extenderse más allá de los 60 días previstos en la ley, mientras se levantan sellos y adoptan normalidad las operaciones.

El palo no está para cucharas. La situación de la industria minera y del carbón es negativa, los precios acusan baja considerable en los últimos meses, acentuando el declive de dos años.

Eso no parece mover la posición de la dirigencia sindical, precipitando un choque de trenes en el que pierde el pequeño y el gran comerciante, el hombre de la calle. Pretender incentivar a la parálisis con el pago de una bonificación por firma de una Convención Colectiva es una apuesta de riesgo. Al final, de persistir la huelga y llegarse, con su levantamiento, a un Tribunal de Arbitramento este no ordenará el pago de bono a cada trabajador por una Convención que no llegó a firmarse y durante ese tiempo los trabajadores no habrán percibido salarios ni prestaciones.  La empresa también perdería, y un escenario en el que las ganancias se han mermado ostensiblemente, tampoco es bueno para trabajadores. Y menos para la región.

La explotación de Drummond, -sin incluir los beneficios al Estado, que es comunidad, que al día deja de percibir por múltiples conceptos más de $4 mil  500 millones – cada mes en solo salarios de sus propios trabajadores  irriga en Cesar y Magdalena más de $40 mil millones, la mayor parte en nuestro departamento minero. En ese rubro ese valor triplica el ingreso que, en el mismo periodo mensual, perciben ganaderos y campesinos por un producto como la leche en todo el departamento.

Comunicados como el de la CUT, recogido ampliamente en EL PILON el pasado día 27 tildando a la multinacional de esclavista es risible: los jóvenes desempleados del departamento y sus familias ansían ingresar como trabajadores en la minera.  Más multinacionales son Glencore Xtrata y Goldman Sachs, que operan a través de Prodeco, Carbones de La Jagua o CNR. Y no somos oficiosos defensores de la empresa gringa, como lo evidencian sus fallas en nuestras páginas.

Dice la CUT es una “batalla legal que hace parte de las luchas de resistencia que adelantan los campesinos, ganaderos, arroceros, cafeteros, paperos, algodoneros, mineros e industriales nacionales contra los TLC y por el bienestar y la dignidad…”.  De lo que colegimos que se sirvió de una intención política, en medio de días de protesta de sectores sociales en sitios del país.

Dejemos a un lado ese cariz, es un tema de la empresa, sus trabajadores, pueblos y ciudadanos, una región pobre que tiene derecho a concentrarse en su propio interés de bienestar y progreso.