Un panorama desalentador en materia de seguridad se percibe en las regiones después de firmado el fin del conflicto con la guerrilla de las Farc. Constancia de eso es el alto número de observaciones y alertas presentadas en Valledupar en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia.

El director de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Todd Howland, develó las afectaciones y los desafíos que en la región Caribe, especialmente entre La Guajira y Córdoba, se tienen después del proceso de paz.
“Es muy importante que el año pasado hubo 12 defensores de derechos humanos asesinados en la región Caribe, entre ellos dos del Cesar, y en 2017 hay dos de nuevos. Es un desafío grandísimo que existe para los líderes porque en el Caribe es distinto a otras partes del país, donde las Farc tenían más presencia en los territorios; aquí es algo más de futuro porque todavía no hay una aceptación del tema político”, indicó Howland.

Además explicó que “el futuro de Colombia es el Caribe y hace muchos años no había un conflicto tan fuerte que ahora y lo más fácil es pagarle a un sicario para que asesine a otra persona”.

Cifras desalentadoras

La Oficina del Alto Comisionado observó la relación entre violencia y las zonas de cultivo de coca, marihuana y amapola, narcotráfico y actividades de minería ilegal. Por ejemplo: en la costa pacífica y en el bajo Cauca y Catatumbo. A menudo, estas áreas también tienen una historia de despojo de tierras. Esta violencia aumentó cuando inició la desmovilización de las Farc.

Mientras que en derechos económicos, sociales y culturales, encontró evidencias de dificultades en la implementación en La Guajira, donde los problemas nutricionales afectan primordialmente a los niños indígenas wayúu.

En 2016, la situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación. La Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.

Documentó seis casos de privación arbitraria de la vida perpetrados por miembros del Ejército o de la Policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. El año anterior, en el Caribe fueron asesinados 24 líderes, de esos dos fueron perpetrados en el Cesar, la misma cifra que hasta el momento se tienen en lo corrido del 2017.

En amenazas, la Oficina monitoreó 12 casos para 2016 y 10 en 2017, relacionadas con defensores de Derechos Humanos.

El subcomandante de la Policía Nacional en el Cesar, teniente coronel Mauricio Bonilla Méndez, indicó que los defensores de derechos humanos tendrán la seguridad necesaria para desarrollar sus actividades.

“La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas tiene la atención a líderes sociales; este año se han presentado muchas alertas, pero no hemos tenido materialización en el departamento del Cesar, pero en relación al 2016 disminuyeron”, explicó la defensora del Pueblo – Cesar, Denia Esther Castilla, quien explicó que los casos de 2017 se presentaron en el corregimiento de El Hatillo y Valledupar.

En 2016, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad; tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.

Por Carlos Mario Jiménez
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