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Columnista - 23 septiembre, 2017

En el ojo del huracán

Escuchar hablar del Soft Law o derecho blando como un atributo del Sistema que garantiza el goce efectivo de los derechos humanos en el mundo, parece muchas veces ser asertivo en cuanto a la escasa efectividad de algunas decisiones judiciales, las cuales carecen de coerción tanto en el Sistema Europeo como el Americano. La aplicación de convenios […]

Escuchar hablar del Soft Law o derecho blando como un atributo del Sistema que garantiza el goce efectivo de los derechos humanos en el mundo, parece muchas veces ser asertivo en cuanto a la escasa efectividad de algunas decisiones judiciales, las cuales carecen de coerción tanto en el Sistema Europeo como el Americano.

La aplicación de convenios y tratados internacionales en países que atraviesan por conflictos armados dificulta garantizar los bienes jurídicos que pretender blindar, ya que  poseen débiles sistemas institucionales; es por ello que el derecho internacional humanitario, el cual busca la protección de la población civil, limitar el uso de la fuerza, es aplicado en Colombia a través de las leyes aprobadas por el Congreso; no obstante, resulta complejo articular la jurisdicción ordinaria y la especial en materia de garantizar el derecho de las víctimas de una confrontación armada y al mismo tiempo luchar contra la impunidad.

La Corte Penal Internacional, un órgano judicial del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, hace más o menos 13 años tiene en la mira a nuestro país por los crímenes cometidos no sólo por grupos alzados en armas; si no también los cometidos por el Estado, siendo las ejecuciones extrajudiciales y la Jurisdicción Especial de Paz los casos más sonados por este órgano de responsabilidad penal internacional.

La competencia de la Corte se activa cuando una persona sin importar qué entidad u organización represente, comete delitos graves de lesa humanidad, genocidio, y de guerra. Para los grupos que se alzan en armas contra un sistema de Gobierno deben cumplir con estándares mínimos para ser tratados como tal, para efectos de aplicar principios de oportunidad, a saber deben contar con un mando unificado y organizado, mantener un nivel de hostilidad medianamente destructible y tener control sobre un territorio, así las cosas con la visita de la CPI a Colombia se reafirma una vez más la lucha contra la impunidad y estamos a espera de que algunos de los más de 1.000 casos de falsos positivos identificados al igual que otros hechos violentos, puedan ser admitidos ante la jurisdicción de esta Corte.

Por José Blanco

Columnista
23 septiembre, 2017

En el ojo del huracán

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.

Escuchar hablar del Soft Law o derecho blando como un atributo del Sistema que garantiza el goce efectivo de los derechos humanos en el mundo, parece muchas veces ser asertivo en cuanto a la escasa efectividad de algunas decisiones judiciales, las cuales carecen de coerción tanto en el Sistema Europeo como el Americano. La aplicación de convenios […]


Escuchar hablar del Soft Law o derecho blando como un atributo del Sistema que garantiza el goce efectivo de los derechos humanos en el mundo, parece muchas veces ser asertivo en cuanto a la escasa efectividad de algunas decisiones judiciales, las cuales carecen de coerción tanto en el Sistema Europeo como el Americano.

La aplicación de convenios y tratados internacionales en países que atraviesan por conflictos armados dificulta garantizar los bienes jurídicos que pretender blindar, ya que  poseen débiles sistemas institucionales; es por ello que el derecho internacional humanitario, el cual busca la protección de la población civil, limitar el uso de la fuerza, es aplicado en Colombia a través de las leyes aprobadas por el Congreso; no obstante, resulta complejo articular la jurisdicción ordinaria y la especial en materia de garantizar el derecho de las víctimas de una confrontación armada y al mismo tiempo luchar contra la impunidad.

La Corte Penal Internacional, un órgano judicial del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, hace más o menos 13 años tiene en la mira a nuestro país por los crímenes cometidos no sólo por grupos alzados en armas; si no también los cometidos por el Estado, siendo las ejecuciones extrajudiciales y la Jurisdicción Especial de Paz los casos más sonados por este órgano de responsabilidad penal internacional.

La competencia de la Corte se activa cuando una persona sin importar qué entidad u organización represente, comete delitos graves de lesa humanidad, genocidio, y de guerra. Para los grupos que se alzan en armas contra un sistema de Gobierno deben cumplir con estándares mínimos para ser tratados como tal, para efectos de aplicar principios de oportunidad, a saber deben contar con un mando unificado y organizado, mantener un nivel de hostilidad medianamente destructible y tener control sobre un territorio, así las cosas con la visita de la CPI a Colombia se reafirma una vez más la lucha contra la impunidad y estamos a espera de que algunos de los más de 1.000 casos de falsos positivos identificados al igual que otros hechos violentos, puedan ser admitidos ante la jurisdicción de esta Corte.

Por José Blanco