Crear el Observatorio de Género para garantizar el seguimiento a casos de violencia contra las mujeres, fue la conclusión de un encuentro que tuvieron representantes de entidades del Cesar que tienen la competencia de atención y prevención de esta problemática, como lo son la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia de los barrios Primero de Mayo y La Nevada, ICBF y Oficina de Política Social.

La iniciativa estaría apoyada por el Ministerio del Interior y Protección, la Consejería Presidencial para la Mujer y los aliados del territorio como la academia con la Universidad Popular del Cesar.

Esta propuesta nació en el Comité de Prevención de Violencia contra la Mujer, que de forma extraordinaria se reunió para tratar las quejas que vienen presentando mujeres víctimas de sus parejas, las cuales  se sienten revictimizadas por los funcionarios que las atienden cuando llegan a presentar sus denuncias. Lo situación se visibilizó a raíz de un informe publicado por el diario EL PILÓN el 19 de abril del presente año.

“Rechazamos la violencia que existe en los hogares donde las mujeres conviven con su agresor. Este año seremos contundentes con estos casos; vamos a hacer valer y a fortalecer los derechos de las mujeres víctimas en nuestro departamento”, aseveró la asesora Departamental de la Oficina La Mujer, Laura Toro Aguilar, refiriéndose al caso de una joven mujer que fue maltratada por su esposo y con quien hace tres meses se enfrentan a un proceso de separación que según ella, se le ha convertido en un problema. Cuando la mujer fue a instaura la denuncia ante las autoridades competentes, los funcionarios no se la recibieron porque ya su compañero se le había adelantado a denunciarla, aduciendo que no podían recibir dos demandas con el mismo hecho.

Ante estos testimonios, la Defensoría del Pueblo propuso humanizar a los funcionarios públicos que atienden estos casos de violencia, para que mejoren su forma de atención a las mujeres que llegan a diario a esas instituciones en busca de ayuda.

Por su parte, la Fiscalía que hizo presencia a través de su directora seccional Cesar, María Estela Aguilar, quien manifestó que todo maltrato contra la mujer es un posible y potencial feminicidio. “Por eso estas reuniones son tan importantes para poder concientizar las rutas de atención inmediata de las mujeres que son víctimas del maltrato y sus hijos”, subrayó.

“Desde la Oficina de la Mujer estamos implementando las políticas públicas de mujer y género, donde se encuentra consignada la normatividad de la ley 1257 del 2008, que sanciona, previene, sensibiliza contra todo tipo de violencia y discriminación. Puntualmente creamos el Comité Interconsultivo de Prevención de Violencia contra mujer, género y LGTB, donde están todas las instituciones que tienen la competencia de atención a mujeres víctimas, como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Policía, Procuraduría, Comisarías de Familia, organizaciones de mujeres, Medicina Legal y sectoriales del ente territorial”, explicó Toro Aguilar.

Según la funcionaria, programan una intensa campaña de sensibilización de no violencia contra las mujeres, bajo la articulación de ONU (Organización de las Naciones Unidas) Mujeres. Este viernes prevé una cita con la delega de Colombia de este organismo, Belén Sanz, para replicar su campaña en el Cesar y que ellos visibilicen la problemática del territorio, argumentando que “es una forma de hacernos ver fuera de nuestro territorio, puesto que para superar la problemática del departamento necesitamos apoyo de entes nacionales e internacionales”.

El Comité de Prevención de Violencia contra la Mujer apunta a hacerle seguimiento a los casos de violencia por maltrato físico, psicológico, económico y los feminicidios que se han dado en el departamento. Para ello, los actores institucionales que hacen parte de éste se reunirán cada dos meses.

“Acordamos que cada caso debe ser atendido de la mejor manera, porque hemos identificado que muchas mujeres padecen procedimientos inadecuados. Estamos velando porque la Fiscalía y Policía sancione y judicialice a los agresores y exista una disminución de los casos. Este tema debe tener un gran componente de sensibilización y prevención, puesto que como ente territorial es lo que nos atañe. No podemos atender a las mujeres víctimas, pero sí podemos activar la ruta de atención, llamando a las entidades competentes”, manifestó la Asesora Departamental de la Oficina La Mujer.

Según su criterio, cada caso de violencia contra la mujer que se registra es un logro porque no todas las féminas denuncian por temor a la estigmatización; por temor al mismo agresor, pensando que pueden tomar represalias contra ellas o por desconfianza a la institucionalidad, porque en algún momento ven que no le brindan la atención que necesita.

Se vislumbra Casa Refugio

El Cesar no cuenta con Casa Refugio pese a que la mujer que denuncia maltrato debe salir del espacio donde vive porque el 86 % de los casos de maltrato ocurre en los hogares, por lo que no puede vivir al lado del agresor y debería ser refugiada en una casa o un espacio que la acoja por un tiempo determinado, mientras que logra salir del proceso de denuncia.

La ley 1257 establece que las EPS deben de proveer a las mujeres víctimas de la violencia un espacio fuera de su hogar mínimo por tres meses, con sus hijos, pero eso no se da ni en el Cesar ni en otras partes de Colombia.

“Po lo anterior, la Consejería Presidencial y todas las instancias de la Mujer decidieron que lo mejor era crear Casas Refugios en los Territorios. Eso ya lo estamos gestionando a ver si logramos habilitar por lo menos una casa refugio. Sabemos que no es un tema fácil; no tanto es construir y adecuar la casa, sino sostenerla, buscar quien atienda la casa, los profesionales que deben estar en ésta, así como la atención psicosocial y judicial que requiere. Ya estamos gestionando ante las organizaciones internacionales, en este caso ONU Mujeres, que tiene un aspecto que se llama Meta de Género, donde tienen más de seis operantes internacionales, con quienes tal vez podamos lograr esta meta”, aseguró Toro Aguilar.

Voz de Párala Ya

Al respecto, la psicóloga Angélica Arias Preciado, quien hace parte de la red ‘Párala Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres’, dio a conocer que esta mesa interinstitucional hace parte de las iniciativas de la Gobernación, tratando de convocar a los diferentes actores institucionales y funcionarios del órgano judicial, encargado de la implementación de las leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

“Tengo entendido que tiene bastante tiempo de creada, pero particularmente la red ‘Párala Ya’ solo fue invitada en la última sesión, para darle un giro a la forma que se venía desarrollando. El año pasado estuvo más enfocada en el fortalecimiento institucional, mientras que este año ante las diferentes denuncias y al ver que la judicialización tiene muchos vacíos, se empezó a proyectar con el seguimiento a los casos, tratando de dar respuesta a esos vacíos, analizando las dificultades que se presentan y coordinando acciones conjuntas”, manifestó.

Para Arias Preciado, la violencia contra las mujeres debe ser un esfuerzo interinstitucional e intersectorial (organizaciones de mujeres), considerando que lo adelantado por la Oficina Departamental para la Mujer es un primer paso, pero no se puede pretender que se agote toda una problemática estructural como es la violencia contra las mujeres.

“Veo con buenos ojos y con expectativa que se vayan a enfocar en lo concreto y en la realidad que viven muchas mujeres, de acuerdo a las denuncias. En ese aspecto se puede avanzar en la atención y sanción. Sin embargo, los esfuerzos deben ser mucho más amplios, y para eso el municipio y el departamento viene implementando la política pública, que es la única que va a garantizar recursos suficientes para crear programas de formación y liderazgo a mujeres, o a campaña de sensibilización a mujeres y a hombres, en las nuevas masculinidades y a funcionarios en la implementación de la ley 1257”, acotó Arias Preciado.

Al hablar de violencia contra las mujeres, según la psicóloga de la red ‘Párala Ya, Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres’, se refiere a un sistema de relaciones patriarcales que tienen cimiento o asidero en el sistema económico, social e incluso político.

“Son transformaciones permanentes que buscan trasformar estructuras del Estado y sociedad, específicamente en el paradigma de qué es ser hombre y qué es ser mujer en nuestra sociedad en esos momentos. No son acciones aisladas ni puntuales, sino la secuencia de un proceso sostenible. Eso implica campañas de capacitación, que las escuelas tengan procesos de capacitación con perspectiva de género, la inversión en política pública para que exista incentivo en la inserción de mujeres en el mercado laboral, o el emprendimiento empresarial de mujeres para que pueda ganar espacios en la autonomía económica; además la formación política para que pueda hacer parte de un sistema de igualdad con los hombres. En un país que busca superar todas las formas de violencia las mujeres deben ser vistas y tratadas como sujetas libres de modelos de dominio y de discriminación”, precisó.

¿Qué hacer si se presenta un caso de violencia?

-Si la víctima queda con lesiones físicas considerables debe acudir a las instituciones de salud, bien sea clínicas u hospitales, para que pueda ser atendida. Estos entes llaman a las instituciones de protección que le corresponda como a Policía de Derechos Humanos. Luego debe ir a Medicina Legal a realizarse el respectivo examen, y a la Fiscalía para tramitar la denuncia especifica.
-En el caso que no haya quedado con lesiones considerables debe ir a la Comisaría de Familia o a la Fiscalía, al programa de CAIVAS, ente que se comunica con la Policía de Derechos Humanos y la Policía Nacional para que capture al agresor.
-En el caso que la víctima sea menor de 18 años se activa la ruta con el ICBF, instituciones de salud y entidades que tengan que ver con la protección a los derechos de la mujer como: Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, que activan la ruta siempre y cuando las instituciones de atención y protección judicial no den respuesta o revictimicen a la mujer.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN