Las investigaciones de la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República dan cuenta de las posibles irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, donde existen abiertos varios procesos de Responsabilidad Fiscal en entidades como la Gobernación del Cesar, y alcaldías como las de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Aguachica.

Resultados enviados desde enero de este año al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por medio del Informe de Resultados de la Actuación Especial de Fiscalización a la Gobernación del Cesar.

Entre esos supuestos hallazgos fiscales estaría la compra de utensilios de cocina para instituciones educativas del departamento, por sobrecostos por $2.451 millones.

Según el periódico El Heraldo, la Contraloría entregó un nuevo informe en junio pasado, donde indica que luego de una denuncia encontró que en el contrato 2016-02-0004, del 15 de enero de 2016, entre la Gobernación y la Fundación Acción Social Integral (Acsi) con objeto de la prestación del servicio del PAE por valor de $17.269 millones, se dieron dos hallazgos fiscales por $2.062 millones y $389 millones, “relacionados con presuntas irregularidades en el cálculo del presupuesto oficial del contrato, con la determinación del costo de la ración y con el personal contratado y vinculado por el operador”.

En ente de control explicó que en el contrato 2016-02-1261, para la dotación de equipos y utensilios básicos para la prestación del servicio del PAE, suscrito entre el Consorcio Menajes del Cesar, por un valor de $6.736 millones se encontró que los valores de los elementos a adquirir según los estudios de precios, difieren de los montos pagados por el consorcio a sus proveedores, y dichas desigualdades llegan hasta un 460 % más del costo real, arrojando presuntos sobreprecios de $1.403 millones.

En el contrato 2016-02-0202, del 5 de febrero de 2016, para “la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con la Diócesis de Valledupar en la zona rural del Cesar”, por $10.451 millones, se pretendía atender a 6.263 estudiantes, de los cuales 788 eran alumnos por docentes oficiales y el resto, 5.475, por la Diócesis.

En un informe entregado por EL PILÓN en julio anterior, se advirtió que la Fiscalía recibió evidencias del contrato celebrado el primer semestre de 2015 para la prestación del servicio de PAE, en el que la Contraloría evidenció que en el detalle del valor de la ración se incluía el concepto de IPC con un porcentaje del 4,4 % y adicionalmente un 5 % para imprevistos con el fin de cubrir posibles alzas en los alimentos y mayores costos de transporte, así mismo se contempló una utilidad del 5 %, al realizar el cálculo del detrimento patrimonial, encontraron que efectivamente se canceló dentro de la estructuración de costos de la ración alimentaria un reconocimiento adicional por concepto de “índice de precios al consumidor” lo cual no era procedente porque ya se había estimado como imprevistos el 5 % en el valor de cada ración lo que genera “un doble pago”, más un mayor porcentaje estimado por concepto de estampilla que impacto el valor de la ración. Todos estos hallazgos ascienden a $1.565.688.364 millones.

Por estos hechos están vinculados a la investigación el secretario General de la Gobernación, Jaime Luis Fuentes Pumarejo; el secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez; María Angélica Araujo, miembro del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015; Ivis Rosado Robles, representante de Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar.

La Fiscalía además recibió las evidencias del contrato celebrado el primer semestre de 2015, para la prestación del servicio de PAE.

Por Carlos Mario Jiménez
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