En nueve meses han decomisado 754 armas sin permiso

Los operativos contra la delincuencia los realizan en todo el Cesar.

En los últimos meses las autoridades cesarenses han decomisado más de 700 armas de fuego de diferentes clases y marcas, y han capturado aproximadamente cuatro mil personas, que portaban armas sin permiso de porte.

El comandante operativo de la Policía del Cesar, teniente coronel Dájiver Pérez, informó que desde comienzos del año 2017 han capturado a 3.760 personas, la mayoría en flagrancia, y han decomisado 754 armas de fuego de diferentes calibres en todo el departamento del Cesar, 329 de ellas en flagrancia.

Según las estadísticas, en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, incautaron un 6 % más (252) en la ciudad de Valledupar, al igual que confiscaron 57 armas neumáticas, que según el oficial de la Policía, son muy similares a las armas que entrega Indumil. Estas también son utilizadas por los delincuentes en motocicletas, para cometer toda clase de fechorías en el Cesar, porque someten a la indefensión a las personas para despojarlas de sus pertenencias de valor.

Homicidios con armas de fuego

A pesar de los operativos de las autoridades, son numerosos los crímenes cometidos en el Cesar con armas de fuego, los cuales cometen delincuentes en motocicletas, el vehículo preferido de los maleantes para cometer los hechos criminales tanto en la capital del departamento como en los otros 24 municipios del departamento.

“Estamos con estrategias y mecanismos de seguridad con un trabajo de prevención las veinticuatro horas del día, para que los cesarenses puedan vivir en paz y devolverles la tranquilidad que tanto anhelan”, precisó el oficial.

Al referirse sobre los homicidios perpetrados con armas de fuego y corto punzante, reveló que en lo que va de este año en comparación con el año anterior, se han registrado cuatro homicidios más, “pero a esto se le suman los actos de intolerancia por la ingesta de licor y rencillas existentes entre los mismos familiares y personas ajenas al núcleo familiar”, indicó el teniente coronel Pérez.

Resaltó que de la mayoría de los crímenes perpetrados en el departamento del Cesar, el 85 % de ellos se han esclarecidos, gracias a la labor investigativa del personal experto de la Sijín y de la Sipol, que una vez son enterados de los hechos violentos realizan su trabajo de campo y llegan a las escenas de los crímenes en busca de evidencias y elementos materiales probatorios, que les permitan direccionar las investigaciones hasta dar con el paradero de los responsables. Así mismo, han logrado recuperar las armas de fuego utilizadas para cometer las acciones criminales, cuyos autores una vez son judicializados, les dictan medida de aseguramiento en centro carcelario y la pena privativa de la libertad oscila entre los cuatro y siete años.

En los operativos en puestos de control instalados en los puntos críticos y vías principales del Cesar, han capturado seis cabecillas de bandas criminales, como el Clan del Golfo, que se encuentran en poder de las autoridades locales, tras haber sido hallados responsables de acciones criminales con resultados nefastos.

 

Prohibición de armas

La Ley prohíbe la emisión de nuevos portes. Y los existentes pasarán a denominarse tenencia, que implican el uso del arma, solo dentro de las casas. La ciudadanía debe mentalizarse que estar armado no es un derecho. Existe una excepción para los atletas de tiro deportivo que deben estar registrados y tendrán permiso para sus armas especiales. EL PILÓN conoció que algunas armas hurtadas a la Policía Nacional, han ido a parar al mercado ilegal; así como armas que ya han sido decomisadas o que se han colectado por entrega voluntaria, pero regresan nuevamente a la calle.

Al respecto no hay estadísticas, pero sí la certeza de que existen funcionarios corruptos que se dedicaban a esta práctica; no obstante, hay sanciones estipuladas en el proyecto de ley de desarme, donde se establecen multas y cárcel hasta casi por 30 años.

 

Bodega para armas incautadas

Cuando un arma de fuego ingresa al sistema de seguridad, pasa a la Fiscalía y luego de practicar las experticias debe inutilizarse con un sistema de prensas especiales, para que luego sean destruidas por la DAEX, División de Armas y Explosivos, procedimiento que hacen dos veces al año. EL PILÓN conoció que antes las armas la dejaban intactas hasta ser destruidas y eso era caldo de cultivo para la corrupción; ahora, las armas no pueden durar más de 20 días sin que sean inutilizadas.

Además, periódicamente realizan auditorías del parque de armas, municiones y salas de resguardo de armas inutilizadas, de todas las policías del país.

“Advertimos a quienes piensen en hacer negocio con algo que genera muerte, sangre y desolación de muchas familias; por ello la Ley será implacable con los infractores, según las autoridades judiciales”, explicó.

Las grandes empresas que producen las armas, las publicitan, las hacen necesarias en el imaginario colectivo y además las comercializan y las venden sin importar las consecuencias finales.

 

¿Por qué andan armados los colombianos?

Son varias razones que hacen que las personas quieran tener un arma de fuego: defensa personal, inseguridad y por prevención, entre otras situaciones, las cuales el aspirante aduce al comprar el formulario respectivo para su adquisición, el cual es vendido exclusivamente en las seccionales militares de todo el país, cuyo valor depende del calibre y las marcas. La Industria Militar Colombiana, Indumil, se encarga de la comercialización de armas y municiones, dispone de ocho referencias entre revólveres, pistolas y escopetas.

El arma más económica es el revólver calibre 38 largo que cuesta un millón 715 mil pesos, mientras que la más costosa es la pistola Waltherr 9 milímetros, que tiene un costo de cinco millones 234 pesos. En lo referente a las escopetas, estas tienen dos grandes categorías, aquellas que son de uso público que pueden costar un millón 347 mil pesos y las especiales para las empresas de seguridad privada, que tienen un precio de tres millones 709 mil pesos.

El Comando General de las Fuerzas Militares, a través de la Oficina de Control de Armas y Municiones, es la institución encargada de estudiar los perfiles de los ciudadanos que aspiran a comprar un arma de fuego, procedimiento que demora entre 8 y 12 días hábiles.

Entre los requisitos indispensables para otorgar o no el permiso de portar un arma, la institución militar exige: no tener antecedentes judiciales, justificación de por qué requiere estar armado, tener plenos conocimientos en uso de armas, ser mayor de edad, demostrar un confiable estado económico, aprobación de exhaustivos exámenes físicos y sicológicos, entre otras normas de obligatorio cumplimiento.

El Gobierno Nacional expide dos clases de salvoconductos para armas de fuego en manos de civiles: el de tenencia, que obliga a que el arma estará exclusivamente en la casa o lugar estipulado en el formulario, y el salvoconducto para porte de armas que cobija a quienes por determinadas circunstancias deben permanecer armados.

Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN

 

 

 


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