Alberto Herazo Palmera

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06/10/2008

En estos días he escuchado que un gran sector de la sociedad colombiana de manera recurrente insiste en el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como el asesinato de manera inhumana del niño Luis Santiago Lozano.

Tal propuesta surge generalmente, como una reacción contra ciertos actos atroces que por su gravedad, afectan de manera notoria a nuestra sociedad y al país.

Sin embargo, esas propuestas también se caracterizan por hacerse al calor de los acontecimientos y sin ninguna discusión previa que permita a las personas comprender, a través de un debate, la naturaleza de la sanción eliminatoria y sus efectos sobre los derechos humanos de los procesados, las posibilidades que entraña de hacer irreparable el error judicial.

Los partidarios aducen que esta pena es una justa retribución del acto cometido, defienden la armonía social, previenen la comisión de nuevos delitos y goza del respaldo de la mayoría de la población.

En el fondo la posición de los defensores de la pena de muerte se origina en un deseo de venganza que surge, cuando se tiene noticias de hechos singularmente crueles.

El restablecimiento de la pena capital va en contra de nuestra tradición jurídica. Desde 1886 hasta la fecha, con una breve interrupción durante el periodo 1886 – 1910, nuestro país ha renunciado a sancionar penalmente con la muerte.

Inclusive en la hipótesis de que nuestro país decida restablecer la pena de muerte origina una reforma a la Constitución Política.

Es más, ante los defensores de la pena de muerte es difícil o resulta inútil sostener que ella ofende profundamente la dignidad humana, constituye la negación más radical de todos los derechos de las personas y hace prevalecer un supuesto derecho del Estado a castigar con la privación de la vida.

Si Colombia desea hacer frente al delito de una manera eficaz, y dar soluciones pacificas y racionales a los conflictos que se presentan debe optar como lo ha hecho, el de fortalecer sus instituciones y por la realización de las justicia social. Solo así logrará el Estado cumplir cabalmente sus deberes institucionales de asegurar la convivencia pacifica y el orden justo. Sin duda alguna, ninguno de los problemas del país se resolverá matando.

Al asesino de este niño deben castigarlo de manera ejemplar con la máxima pena (60 años), o a cadena perpetua, no aprobada todavía, sino es que lo matan dentro de la cárcel, pero por lo menos que sufra en vida.

Leo con frecuencia en la prensa algunos reconocimientos inútiles. La lista de reconocimientos que se ha hecho en nuestro Departamento y en Valledupar a los más increíbles personajes ocuparía sobradamente uno de los espacios que puede estar ocupando un barrio de esta ciudad.

Los gobiernos, los rectores de colegio, las asambleas y concejos, se engolosinan repartiendo a diestra y siniestra condecoraciones, pergaminos, medallas, decretos de honores. A veces son tan improvisadas y forzadas que hasta uno mismo se sorprende de que no lo hayan condecorado con cualquier pretexto.

Nosotros aquí en Valledupar debemos rescatar el verdadero sentido del reconocimiento público. Es decir, rescatar el verdadero valor que deberían tener tanto premio ‘chimbo’ y tanta condecoración intrascendente, que se dan para devolver favores y masajear por unos minutos el ego del a veces incauto condecorado.

Que el nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar se proponga conformar grupos de trabajo para evaluar cada seis meses el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra ciudad. Con ello se lograría que los vallenatos manifiesten si su calidad de vida mejoró en algunos aspectos o se deterioró en otros. Esos indicadores nos dirán cada cierto tiempo cómo vamos en seguridad, mejoramiento de barrios, espacios públicos, gestión pública y transporte público, cómo están funcionando las medidas sobre el mototaxismo….

Con esto lograríamos también evaluar la gestión del Alcalde y la manera como maneja su plan de desarrollo.