Gustavo Rodriguez

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06/10/2008

Concluyamos hoy la enumeración de los desmanes cometidos por la dictadura militar argentina de 1976 a 1982. Según cifras fidedignas, el régimen dictatorial desapareció alrededor de 30000 personas, de las cuales, en números redondos, 9000 eran obreros, 6300 estudiantes, 5340 empleados, 3210 profesionales, 1710 docentes, 1500 artesanos, 1140 amas de casa, 750 del personal subalterno de las Fuerzas Militares, 480 periodistas, 390 intelectuales y cerca de 100 sacerdotes. La dictadura estableció alrededor de 340 campos de concentración en donde se realizaban las torturas que terminaban en asesinatos o en desapariciones. Estas cárceles tenían una estructura militar, similar a la de los campos de concentración establecidos por los nazis durante el III Reich. Los menores de edad, hijos de los capturados, eran también desaparecidos, con el fin de ocultar cualquier rastro de los progenitores. Los generales y sus áulicos consideraban que la subversión y la rebeldía eran hereditarias.

Derrocada la dictadura, en el año de 1983 subió al poder el presidente Raúl Alfonsín, quien pidió abrir juicio contra los generales que presidieron la Junta Militar y se les condenó: a Videla a cadena perpetua y a Viola y Galtieri a 17 años de prisión; sin embargo, en 1990, el presidente Carlos Menen amnistió a los dos últimos. El gobierno de Menen, quien subiera al poder en 1989, propuso una Ley de Punto final, con el fin de sobreseer a los militares culpables de la depredación, sobre todo a los generales y a los coroneles, cuyo ascendiente en la sociedad era aún alto. Todos los procesos que se iniciaron en diversos años, desde 1989 hasta 1999 (los dos períodos de Menen), concluyeron con leyes de indulto, perdón y olvido, pues el gobierno de Menen, basándose en la Ley de Punto Final y la de la Obediencia Debida, cobijó en el indulto, a todos los implicados. Es decir, una verdadera ley de impunidad. Se necesitó que la Corte Penal Internacional, a través de los acuerdos sobre Derecho Civil Humanitario, en donde se estableció que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles en el tiempo, reabriera los casos y decidiera castigar severamente a los culpables. El primero de los casos ya juzgados es de los generales Bussi y Menéndez: condenados hace poco a cadena perpetua. Los restantes culpables, siguen siendo juzgados.

Esta relación sobre los hechos atroces cometidos por la dictadura militar argentina, nos permite aseverar que los gobiernos autocráticos, sean civiles o militares, terminan por caer en las vías de hecho, cuando de imponer su voluntad se trata. El gobernante autárquico llega fácilmente a la conclusión (gracias a la cohorte de aduladores serviles que le rodean) de que su poder es omnímodo; que sus decisiones son incontrovertibles y que para lograr la imposición absoluta de sus deseos, es necesario acallar toda voz disidente; no sólo en los partidos políticos de la oposición; sino, también, en las restantes ramas del poder y en las demás instancias de la opinión pública. Por eso, se le llama gobernante autócrata, porque llega a creer que es el único eje sobre el cual gira el Estado y, por tanto, no reconoce verdad diferente a la emanada de su mente privilegiada. Por eso, también, suele rodearse de personas abyectas y débiles de carácter ante él, que sepan manejar un lenguaje laudatorio. Toda expresión contraria a su pensamiento es anatematizada y suficiente para lanzar a la hoguera al contradictor.

De otro lado, estos gobernantes, se aferran al poder porque desarrollan una megalomanía que los hace codiciar más y más el disfrute del mando absoluto. Los casos que la Historia contempla al respecto, así lo demuestran.

P. S. Qué lección de urbanidad le dio el magistrado Lancheros a Uribe, en el Consejo Comunal con ASONAL. Ya Uribe, con su soberbia y su talante intransigente, se había salido de los zapatos, cuando un funcionario judicial le hizo ver cómo, si el Estado cobrara los varios billones de pesos que el sector financiero le adeuda, se podrían equilibrar las cargas salariales en las diferentes ramas del poder y también preguntó, cuáles podrían ser los intereses creados para no hacerlo.

Además, mostró Uribe su temperamento pendenciero, cuando una juez del Cauca le preguntó por qué el Estado sólo actuaba cuando los demás recurrían a las vías de hecho. Por eso, cuando le tocó el turno al magistrado Lancheros, éste le pidió a Uribe que, mediante un pacto de caballeros, le dejara hablar sin interrumpirlo y sin exaltarse; que cuando él, el magistrado, terminara, a su vez dejaría que Uribe se explayara en sus conceptos. Se supone que Uribe debió llenarse de vergüenza al ver cómo le hacían evidente su talante camorrista y energúmeno.