EDITORIAL

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23/08/2008

El caso de Guillermo León Valencia Cossio, ex director de Fiscalía de Medellín, ha puesto en prueba la robustez conceptual de un gobierno e inclusive del mismo país.

Guillermo León se encaramó en la fama ingrata merced a comprobársele sumariamente lazos de ‘punible ayuntamiento’ con la mafia antioqueña, de las más tenebrosas de Colombia.

En efecto. Las conversaciones grabadas entre Valencia Cossio y miembros de la susodicha mafia comprometen muy seriamente la majestad de la Fiscalía General, justamente responsable de adelantar la lucha contra el poder mafioso en el país.

Para colmo, Guillermo León no era un funcionario cualquiera de una entidad cualquiera asentada en un pueblo cualquiera. A decir verdad, se le había encomendado liderar a él precisamente la lucha contra la mayor de las mafias colombianas; había que comportarse como la mujer del Cesar: honesta de apariencia y de verdad.

No resulta explicable, pues, ni siquiera el sostenimiento de medianas relaciones de amistad con la mafia, ni menos el oficiar de subalterno de ella para hacerles mandados, no cualesquiera, sino la exclusión del organigrama de la mafia de uno de sus máximos dirigentes. En la práctica se le garantizaba impunidad por quien debía someterlo judicialmente, y para peor, recibiendo dádivas de los delincuentes.

En buena hora el Fiscal General procedió con diligencia en la declaratoria de insubsistencia de su cargo; desatado el escándalo era lo menos por hacer para preservar la imagen de la institución.

El hecho en comento reviste una mayor gravedad por una cuestión circunstancial que en tiempos no remotos ha perturbado la institucionalidad del país y ha precipitado remezones en el mismísimo gabinete ministerial.

Se hace referencia al parentesco de hermandad entre los Valencia Cossio, Guillermo León, el ex fiscal y ‘parche’ de la mafia antioqueña, y Fabio, Ministro del Interior y Justicia, a su vez responsable de impulsar a nombre del Gobierno Nacional el proyecto de reforma política y a la justicia.

Consecuencias de la jugarreta. Es apenas entendible, cómo no, que el país esté enzarzado en una discusión a dentelladas respecto a la permanencia o renuncia del ministro Valencia.

Por supuesto, las posturas están tomadas desde antes, obvio en un país donde importa sobre manera el alinderamiento político y muy poco el componente ético: las lealtades hacía el amigo se sobreponen a la lealtad a los principios y valores morales y a la lealtad a la misma patria: los opositores del Gobierno reclaman airados la renuncia, los amigos la rechazan alegando individualidad de la responsabilidad penal.

Lo cierto es que Valencia Cossio, el ministro, ve socavada su autoridad moral y política para defender un proyecto de tanta magnitud, y más en un estadio como el Congreso, de suyo contradictorio.

La sola temática lo compromete, pues está en juego en la reforma el tratamiento a dársele a los parapolíticos y de paso a los parafiscales. Cualquiera buena intención del Gobierno de eliminar odiosidades contra los políticos se vería como una intención de favorecer a Valencia, el ex fiscal y ‘parche’ de la mafia antioqueña.

En ese contexto, claro que debe renunciar el ministro Valencia Cossio, además para preservar la imagen del Gobierno Nacional ante la faz del mundo, ante la cual debe guardarse coherencia: si ya antes se derrumbó la ministra María Consuelo Araujo por los presuntos nexos de su hermano Álvaro con los ‘paras’, ¿cómo perdonársela a Fabio, si es su hermano el ex fiscal el comprometido hasta los tuétanos?

Sin duda, las instituciones deben estar por encima de las personas, que son circunstanciales.