EDITORIAL

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07/08/2008

Aunque ha pasado desapercibida, merece serias reflexiones la negación de la moción de censura adelantada contra el ministro de la protección social, Diego Palacio Betancourt.

En la práctica, la moción contra Palacio era la primera censura que trataba de aplicarse bajo el nuevo esquema, es decir, estudiada y decidida por una sola de las cámaras y no por ambas, tal cual fue instituida originalmente.

En verdad, de los más cuestionados en el gabinete de Uribe Vélez ha sido el ministerio de la protección social bajo la égida de Palacios Betancourt, a quien la oposición lo hace blanco con razón o sin ella en sus arremetidas contra el Gobierno Nacional.

El episodio de Yidis Medina, condenada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de Cohecho, parecía una entrega en bandeja de plata de la cabeza de Palacio, uno de los presuntos corresponsables en el delito, plato aún no degustado por estar en pañales el proceso correspondiente.

Más allá de la censura penal o disciplinaria, debía importarle al Congreso el control político, tan de su esencia; como tal, a la vez que se experimentaba la nueva figura de la moción también se probaba la correlación de fuerzas entre los partidos de gobierno y los de oposición.

Y es aquí donde hace su aparición el bicho de la duda. En regímenes como el colombiano, exageradamente presidencialista, figuras como la comentada, la moción de censura, que de alguna manera refleja afanes de contrapeso de poderes, ¿si tendrán aplicación efectiva o siempre serán inocuas?

La moción contra Palacio, a pesar de las razones protuberantes esgrimidas en su contra en contraste con las débiles de la defensa, están llamadas siempre a no prosperar, verdad irrefutable sabida inclusive por los mismos proponentes, que de antemano asimilan su relativa derrota.

La aplanadora de las mayorías políticas se impone, con una perniciosa razón: la solidaridad y complicidad partidista, sin importar qué tan comprometidos y untados esté el destinatario de la censura.

En este contexto, y debiendo obrar el Congreso como juez y no como político en tanto se juzga la ineficacia y los desatinos políticos de un funcionario determinado que además le ha prodigado con su conducta daños patrimoniales al erario, ¿obra con pulcritud un juez, así sea colegiado como el Congreso?

Con este mismo rasero ha de medirse la actuación ‘judico-político’ de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; de antemano y dependiendo su composición partidista, se sabe la dirección de sus decisiones y se sabe que muy difícilmente prosperará algún control político contra el poder dominante, pues todo lo avasalla.

Los ejemplos abundan. Descontado el atípico de Rojas Pinilla, todavía no se conoce en la historia de Colombia un sólo caso de control político del Congreso de la República que haya evitado o castigado el desbordamiento de un ministro o Presidente de la República.

Inclusive, el Congreso se perdió de modo desvergonzado la mejor de las oportunidades para su reivindicación, y de adehala pudo cambiarle el rumbo a la historia del país.

El caso Samper Pizano es ilustrativo; su insensibilidad al no ver, oír y sentir a un gigante e hirsuto elefante que despedía olores nauseabundos es comparable con la de los parlamentarios de la vista gorda que lo juzgaron y absolvieron.

A la manera de Maturana, la oposición podrá decir que perder es ganar un poco; no se deshacen del ministro Palacio, pero hacen alharaca y ganan opinión. Algo es algo como premio de consolación.