Jorge Humberto Botero

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22/07/2008

Suena bien decir que “El Pueblo”, en quien radica la soberanía, gobierna. Sin embargo, esta proposición es falsa en un doble sentido: en primer término, existen en la sociedad multitud de grupos de intereses divergentes y, muchas veces, enfrentados; la síntesis de todos ellos en una identidad superior -“El Pueblo”- puede presentarse de diversas maneras según la posición política que se quiera legitimar. Y en segundo, esa numerosa colección de organismos, cuya sumatoria llamamos Pueblo, jamás gobierna. Puede, sí, validar las propuestas que se les sometan a través de referendos, plebiscitos y consultas populares; o participar en la selección de quienes, de verdad, gobiernan. En uno y otro caso, el sufragio ciudadano resulta fundamental.

Dada cierta proclividad a los movimientos pendulares, supongo que en la anunciada reforma constitucional, se propondrá establecer el voto obligatorio. Los supuestos de esta idea son dos: mejorar la pureza del sufragio que, en muchas regiones del país, ha sido adulterado por actos de corrupción e intimidación; y lograr elevados índices de participación en los comicios.

Tengo dudas de lo primero y disiento de lo segundo.

No veo con que lógica de la mera circunstancia de que se fuerce a los ciudadanos a votar se siga una mayor transparencia en el proceso electoral; la causa objetiva de su opacidad consiste en la puja de grupos armados al margen de la ley por apropiarse de los recursos financieros de los municipios, los cuales han creciendo notablemente gracias a la descentralización fiscal y a las cuantiosas regalías generadas por el sector minero.

Niego, de otro lado, que el grado de madurez política de la sociedad esté asociado a altos índices de participación electoral.

Lo que la experiencia de muchos países avanzados demuestra es que el elector acude a las urnas cuando siente que los comicios versan sobre temas que cree importantes y, además, percibe que el resultado es incierto; de lo contrario, se queda en casa. En ocasiones, la gente no vota porque se siente bien gobernada…

A las anteriores objeciones añado otra de carácter práctico: para inducir a los ciudadanos a que voten deberían establecerse severas sanciones. En un país con la elevada informalidad del nuestro, por esta vía puede agravarse la marginalidad de vastos sectores de la población. Para evitar este problema, la infracción de la obligación de votar tendría que ser tolerada. Ambas son malas soluciones.

Descartadas estas opciones fáciles, es obvio que para tener una mejor ciudadanía se requiere fortalecer la educación que, en estas materias, deriva del ejemplo de quienes hacen política, y de la manera como la prensa realiza su tarea. Las clases de cívica no sirven para nada.

Por supuesto, es oportuno establecer el voto electrónico. Las razones de eficiencia, economía y celeridad son indiscutibles; la tecnología se encuentra disponible. Quizás estemos a tiempo para realizar un ensayo general, sin consecuencias legales, en las elecciones del 2010, y de allí en adelante usarlo a plenitud. Desde luego, por si solo este cambio no incrementa la calidad del sufragio. Es inútil pedir “peras al olmo”.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Consejo de Estado de ternas elaboradas por los partidos políticos, teniendo en cuenta “la composición política del Congreso”. Cabe preguntarse si tiene sentido politizar un cuerpo que debe decidir con neutralidad cuestiones políticas tan importantes como la asignación de los aportes estatales para el financiamiento de las campañas y la validación de los escrutinios. Algo de cierto debe tener la máxima según la cual “el que escruta elige”. Por las mismas razones que resultaría inadmisible que los jueces que resuelven procesos hipotecarios sean elegidos por asociaciones de acreedores, habría que disponer que este organismo sea rigurosamente apolítico.