Julieth Carolina Araujo Ovalle

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15/07/2008

Nuestro país por sectores ha perdido gobernabilidad, por carecer de instrumentos políticos, fiscales y administrativos que requieren para cumplir las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurídico.

Entre las causas de esta situación están las administraciones ilegítimas y poco representativas, su imagen está tan deteriorada que no tienen credibilidad ante los ciudadanos. Para intentar solucionar esto han surgido nuevas organizaciones políticas que han terminado por caer en los mismos equívocos de los partidos que han querido reemplazar, sin conseguir representatividad, ni legitimidad.

Tenemos también los desprestigiados concejos y asambleas, la corrupción, el despilfarro, que además no ha habido contraloría, ni personería que pueda terminar con semejantes figuras. Está también la situación económica y fiscal de municipios y departamentos, agregando que tales dificultades se presentan porque los ingresos propios son débiles, sobretodo los departamentales que se basan  en impuestos  inelásticos tales como, los que recaen sobre el consumo de cigarrillos y licores, siendo éstos los más afectados en crisis.

El único que no ha perdido dinamismo sería el de registro, que creció en virtud de la ley 223.

Otra causa latente es la presencia de los actores del conflicto armado, quienes enturbian cualquier situación medianamente normal, sometiendo las administraciones a su voluntad, en muchos municipios prácticamente 'coadministran'.

Por años hemos sufrido esta crisis, las medidas que se han tomado por puntuales que sean tienen alcance limitado. Ninguna instancia ha visto como solución resolver primero las causas estructurales que originan todas estas situaciones coyunturales, rediseñando por ejemplo un modelo diferente de la re-distribución territorial del poder del Estado.