Editorial El País

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12/07/2008

Ahora que muchos colombianos ven con esperanza la posibilidad de que las Farc entiendan que la única salida sensata que les queda es sentarse a negociar su desmovilización, es bueno echarle un vistazo al proceso con los paramilitares que empezaron a entregar sus armas en el 2003.

Entonces hay que comenzar reconociendo que, aunque imperfecta, la Ley de Justicia y Paz ha sido crucial para la reinserción de más de 30.000 integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Y puesto que podría servir de base para el proceso que se adelantaría con la guerrilla, el país tiene que solucionar las falencias que la aquejan.

Lo cierto es que ese valioso instrumento no se puede agotar en los escándalos que desatan los relatos de los cabecillas y lugartenientes desmovilizados. El sentido de la verdad que lo inspiró tiene que ir hasta descubrir dónde ocurrieron las masacres y quiénes fueron asesinados.

Pero también debe llevar a saber por qué sucedió todo aquello. En ese mismo sentido debe actuar la justicia, cuya misión es impedir que el paramilitarismo sea cubierto por la impunidad total, así sus integrantes reciban los beneficios contemplados para quienes confiesen sus delitos. Y descubrir los nexos entre esa actividad y el narcotráfico.

Por eso preocupa que la Misión de la OEA que acompaña el proceso afirme que de las 1.357 versiones libres programadas para el 2006 y 2007 hasta el momento sólo se han terminado 1.017 y que únicamente en 277 se ha confesado algún crimen. Pese a ello, la Fiscalía tiene indicios de 3.588 fosas que aún no ha podido verificar, debido a que los recursos para las tareas de Justicia y Paz resultan insuficientes.

Así, es claro que hay tareas pendientes en las dos primeras fases. Y mientras éstas no sean superadas, la tercera fase, la que tiene que ver con la atención de quienes padecieron en forma directa la violencia paramilitar, no podrá avanzar. De hecho, en la actualidad el Fondo de Reparación a las Víctimas sólo ha recibido bienes debidamente saneados de doce reinsertados, cuyo monto apenas supera los $8.000 millones.

Bajo esta perspectiva, es necesario llamar la atención sobre las pocas tierras que le han sido devueltas a quienes fueron obligados a abandonar sus parcelas. Pero también hay que preguntar qué va a hacer el Estado para garantizar que una vez concluido el proceso con las autodefensas, y eventualmente con la guerrilla, no se vaya a presentar el surgimiento de nuevos grupos generadores de violencia, como parece estar sucediendo con la aparición de organizaciones que reemplazan al paramilitarismo en el manejo del narcotráfico.

Entonces hay que volver a plantear la necesidad de que en Colombia se haga una verdadera reforma agraria con los bienes incautados a los violentos. Sólo eso y el fortalecimiento del programa de reintegración de los desmovilizados evitarán que las cifras sobre asesinatos de reinsertados –820 casos en todo el proceso- se conviertan en un mal presagio de lo que será la aplicación definitiva de la Ley de Justicia y Paz. Esa es la tarea pendiente.

Editorial El País. Julio 12 de 2008