Jacobo Solano Cerchiaro

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11/07/2008

Con los últimos acontecimientos es evidente el enfrentamiento feroz entre dos poderes fundamentales del Estado colombiano, envueltos en una crisis institucional que puede traer muchas consecuencias.

El gran interrogante es ¿por qué? La respuesta es simple y sencilla, la Corte Suprema de Justicia no ha podido asimilar el supuesto ‘guiño’ presidencial a la Corte Constitucional para que esta sea la que emita el último concepto de las tutelas sobre sentencias judiciales.

De ahí surge toda esta batalla encarnizada que inició desde el 2005 cuando la Corte Suprema expresó sus reparos por la benevolencia del proyecto de Ley de Justicia y Paz, prosiguieron varios escándalos como la llamada del ex magistrado, César Julio Valencia Copete, la desestimación, en algunos casos, de pruebas de la parapolítica, con la evidente intención de quitarle al ejecutivo, la mayoría en el congreso, para debilitarlo. Acontecimientos que constituyen una clara muestra de que, en este alto tribunal, no se ha obrado con sensatez. No se trata de excluir los lucros de la Corte Suprema, que con decisión, enfrentó al monstruo de mil cabezas, el paramilitarismo y se ubicó un punto muy alto en la historia de este país, ya que por sus disposiciones, se logró desmontar un aparato político siniestro.

Pero como la moneda tiene dos caras surgieron casos como el del paramilitar, ‘Tasmania’, quien por obra y gracia ahora se retracta los presuntos nexos de los magistrados de la Sala Penal con el ‘narco’ italiano Giorgio Sale y el polémico Ascencio Reyes, contextos que desvirtúan una gestión que de no ser por ese ego subido de algunos magistrados pudo finalizar mejor sin propiciar un pleito que se ha convertido en crisis, y que se agravó con el destape de la ‘Yidispolítica’, acrecentando un juego de odios y pasiones desbordadas.

Es innegable que la Corte Suprema algunas veces ha traspasado el área de su competencia para propinarle golpes al Gobierno lo que demuestra que detrás de todo hay azuzadores poderosos de muchos sectores quienes no aceptan los éxitos de la administración; con el interés y la voluntad de torpedear la gestión del primer mandatario.

La polarización es tal que el país quedará dividido por mucho tiempo entre los que aceptan la buena gestión de Uribe, que son más, y los acérrimos opositores que critican enconadamente, todo lo que hace, sin tener en cuenta si es bueno o malo.

La reacción del Presidente es simplemente para dejar claro que este ente judicial se extralimitó en este reciente caso y está asumiendo posiciones que dejan en tela de juicio su independencia, apresurándose a cuestionar la legitimidad del gobierno sin que la investigación haya terminado.

No puedo concebir que los más altos juristas del país prejuzguen dejándose arrastrar por una venganza que puede ocasionarle mucho daño a las instituciones. Con la reunión de los dos presidentes, facilitada por la iglesia, se puede allanar el camino hacia una restitución de relaciones cordiales, siempre y cuando ambas partes moderen su lenguaje y sobre todo la Corte Suprema comprenda que la justicia show está abolida y los intereses del país están por encima de cualquier protagonismo institucional.