Editorial El Heraldo

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21/06/2008

Como suele ocurrir cíclicamente en nuestras ciudades y departamentos, la Administración Distrital de Cartagena ha quedado en suspenso por un fallo de carácter administrativo que anuló la elección de su Alcaldesa.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en un fallo de primera instancia, dictaminó que al momento de su elección Judith Pinedo se hallaba incursa en una causal de inhabilidad porque su cónyuge ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo.

La medida será apelada ante el Consejo de Estado, que seguramente se tomará su tiempo para definir en segunda instancia tan controvertido asunto.

Mientras, la ciudad entrará en un limbo político y su gobernabilidad se hará más difícil por la expectativa que se generará alrededor de la permanencia de la actual mandataria al frente de la Administración Distrital.

Por lo pronto, la polarización política que se suscitó en la Ciudad Heroica desde el momento mismo de su elección, y que se venía ahondando con cada acto de su gobierno, hoy se ha acentuado más con la determinación del Tribunal.

En realidad, es difícil dejar de darle una connotación más allá de las razones jurídicas al fallo de esa corporación, que tiene un cierto aire de revanchismo de la vieja clase política del ‘Corralito de Piedra’, derrotada en forma nítida y contundente por la llamada ‘Maríamulata’.

En ese contexto, no hay que olvidar que Cartagena —al igual que la mayoría de las otras capitales de la región— se hallaba cautiva desde hacía muchos años por una sólida clase política, cuyas prácticas clientelistas la habían sumido en una severa crisis fiscal, que limitaban al máximo la capacidad de la Administración para darle respuestas a las muchas necesidades básicas de su inmensa población marginada.

Cartagena era —y es— el retrato más dramático y patético de la sociedad excluyente e inequitativa que hemos construido a lo largo de las últimas décadas, cuya suerte ha estado casi todo ese tiempo monopolizada en las manos de esa clase política que la ‘Maríamulata’ está intentando desplazar.

Detrás de ella se han agrupado miles de cartageneros anónimos de todos los estratos sociales, que solo buscan devolverle el sentido original a la Administración Pública, que no es más que el de promover la equidad social, el bien común y el interés general, sobre la base de un manejo probo y transparente de sus recursos y potestades.

Que es lo que viene haciendo desde el momento mismo de su posesión Judith Pinedo, en medio de toda clase de dificultades, trabas y obstáculos políticos, pero siempre con el claro compromiso de estar a la altura de las grandes expectativas que su elección generó en Cartagena y en el resto del país.

Por todo ello no sería de extrañar que la vieja clase clientelista del ‘Corralito de Piedra’ estuviera apelando a cuanto recurso tenga a la mano para impedir que se produzca una profunda renovación política en la ciudad y el desmonte de sus privilegios.

Ya hemos visto eso aquí mismo en el pasado y lo vemos en otras ciudades y departamentos: en la puja por los relevos políticos y la modernización de las administraciones, la vieja clase política no da su brazo a torcer, ni reconoce la expresión de la voluntad de cambio de los electores.

Es lo que salta a la vista con Cartagena. La abrumadora e inequívoca voluntad de cambio de la ciudadanía se ve sometida a los vericuetos jurídicos de las interpretaciones legales, que siempre tienen un amplio margen de ser influenciadas por intereses políticos.

Como costeños que mantenemos la esperanza de una renovación radical en la administración del Estado en sus distintos niveles territoriales y porque la suerte de Cartagena también nos compete, confiamos en que el Consejo de Estado, en el marco estricto de la Ley, deje en firme el cambio político que hoy lidera Judith Pinedo. Editorial El Heraldo. Junio 21 de 2008