Yonglin Ovalle Zuleta

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27/05/2008

La organización Transparencia está periódicamente midiendo los niveles de corrupción en los distintos países del mundo. Los resultados nos muestran la evidente relación entre subdesarrollo y corrupción.

Los países con los más altos promedios de corrupción son los del Tercer Mundo, entre los cuales sobresalen los africanos y los latinoamericanos. En este subcontienente, llamado América Latina, con un alto nivel de pobreza que afecta a la mayoría de su población en sus diversos países, explica la inmoralidad en el manejo de la cosa pública y la consabida consecuencia es la inestabilidad política.

En países como Haití, Bolivia y Ecuador, entre otros, los presidentes carecen de legitimidad y la presión popular o la de los distintos grupos de presión, los despojan del poder antes de cumplir su período constitucional.

Colombia sufre el problema y se ha expandido por casi todo el aparato estatal como un cáncer en etapa terminal. El pueblo ha perdido la credibilidad en la política y en muchas de sus instituciones, como el Congreso, asambleas y concejos, las cuales son relacionadas con negociados de baja estopa que son rechazados por la ciudadanía a través de los altos índices de abstención electoral.

Con dolor corresponde reconocer, que los departamentos de la Costa Caribe y el Chocó presentan los más altos promedios de corrupción en el país. El conflicto armado agravó la situación porque ambos actores, guerrillos y paracos, en su debido momento dominaron a su antojo la contratación pública y la distribución de cargos en los entes municipales y departamentales.

Desafortunadamente, el problema se está considerando como algo propio de nuestra cultura. El Estado lo hemos concebido como una entelequia que es de todos y no es de nadie.

La vinculación a un cargo público no se concibe como una oportunidad de servicio, sino como una oportunidad para servirse del cargo. En Bogotá, los adolescentes en sus relaciones informales de juego y chanzas, se les escucha la expresión: “pilas, vaya a robar, pero al gobierno”.

La prensa registra el caso de las inversiones billonarias que se han hecho en los últimos años para dotar de acueducto y alcantarillado al país, como para tener hoy una cobertura del 100%. Sin embargo, andamos con una cobertura del 65%, porque un porcentaje de los mencionados recursos se fueron al bolsillo de los particulares.

Por ello celebramos con alborozo que en el marco del segundo encuentro “El Cesar Dialoga”, celebrado en el municipio de San Alberto, donde el gobierno departamental se haya comprometido a desarrollar una gestión de gobierno totalmente transparente, donde no se extravíen los recursos que tienen como destinatarios a las comunidades.

Con la transparencia en la contratación pública se optimiza la inversión y se realizan más obras que mejoran las condiciones de vida del pueblo cesarense, especialmente los campesinos, habitantes de corregimientos, cabeceras municipales y de los sectores periféricos de los centros urbanos.

Para que el pacto de compromiso por un gobierno transparente se materialice en hechos reales, se debe trabajar duro y parejo en la reconstrucción del tejido social a través del fortalecimiento y capacitación del movimiento comunal. El pueblo en sus bases debe contar con la conformación de las Juntas de Acción Comunal, de donde salen líderes y veedores que van a servir de garantes de la inversión para impulsar el desarrollo del barrio o del sector.

De igual manera, corresponde rodear de garantías a los órganos de control para que cumplan a cabalidad con su labor constitucional. El gobierno departamental y los municipales deben hacerle seguimiento y control a los recursos invertidos en la ejecución de sus planes de desarrollo. La contratación pública debe ser abierta, pública, y que se asigne por mérito y calidad la propuesta favorecida. Que se tenga en cuenta lo que el gobernador manifestó en el acto en mención: los dineros públicos son sagrados!.