Editorial El Heraldo

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17/05/2008

Hace pocos días, los nuevos gobernadores de los treinta y dos departamentos de Colombia se reunieron por primera vez en lo que va de sus mandatos.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Gobernación de Cundinamarca en Bogotá, en la que se analizaron, una vez más, los problemas fiscales y político-administrativos que afrontan esos entes territoriales.

El evento tuvo escaso cubrimiento mediático, sepultado —como tantos otros temas de interés regional— por la avalancha de sucesos que se generan alrededor de la ‘parapolítica’ y del enfrentamiento de los poderes constitucionales.

Como es usual al final de esa clase de reuniones, los gobernadores expidieron una declaración pública que si acaso fue registrada por los medios de comunicación y mucho menos comentada por algún columnista de opinión.

Una lectura detenida de esa declaración, sin embargo, pone de manifiesto una preocupante realidad política que se viene agudizando en los últimos años, sin que ella se perciba en toda su dimensión.

Nos referimos al profundo proceso de reversión que está experimentando la descentralización administrativa y fiscal en el país. O, visto desde otra óptica, su creciente centralización en cabeza del Gobierno Nacional.

Los gobernadores lo expresaron de manera franca y categórica al decir que las oficinas y funcionarios del orden nacional los tratan a ellos, y a los departamentos, como subalternos, muchas veces con el argumento de que la corrupción e ineficiencia solo se da en los niveles descentralizados.

Señalan los gobernadores el caso de oficinas en Bogotá que manejan programas para 1.101 municipios sin consultar los planes de desarrollo regionales, contrariando el espíritu de la descentralización.

De la misma manera, lamentaron que desde 1991 los dieciocho intentos de expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Loot, hayan fracasado, acarreándole grandes perjuicios al país. Entre ellos, parte del desorden institucional que actualmente se vive.

Las quejas de los mandatarios seccionales con respecto al debilitamiento de la descentralización no son exageradas; por el contrario, se basan en la realidad empírica que muestra el desarrollo reciente del país, donde las desigualdades regionales se han ido acentuando.

En efecto, al mirar la mayoría de los principales indicadores económicos y sociales de todos los departamentos de Colombia, salta a la vista el mayor desarrollo de unos y el agudo estancamiento de otros.

Dicho en términos históricos, podríamos decir que en muchos aspectos algunos departamentos de la región centro-occidental del país ya se encuentran en la senda de la modernidad, mientras que los restantes aún se hallan atrapados en la pre-modernidad.

Los gobernadores reclaman, entonces, que se les dé más autonomía fiscal y administrativa para poder impulsar el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones y así fortalecer la unidad nacional.

Pero hay que ser realistas en esta materia. El actual Gobierno no comparte la preocupación de los mandatarios, ni tiene el más mínimo interés en fortalecer la descentralización. Por el contrario, lo que ha hecho hasta ahora, y lo seguirá haciendo, es fortalecer y consolidar la centralización al máximo.

No hay que hacerse, pues, muchas ilusiones de que avanzaremos hacia una mayor descentralización del país. Al menos, en este Gobierno.

Editorial El Heraldo. Mayo 17 de 2008