Fernando Londoño Hoyos

Opinión del 26/06/2007 Defender al Presidente

02/08/2007

Con su ya famosa providencia, aquella en la que graduó a las autodefensas de delincuentes comunes, la Corte se llevó en paro la paz de Colombia. De eso ya hicimos mérito en pasado escrito y habremos de volver sobre el tema, si Dios es servido. Pero hoy vamos a mostrar cómo en su huracanada exposición la Corte se llevó su proceso más preciado.

Empecemos por lo obvio. El pacto de Ralito, aquel en el que unos políticos, en ejercicio o en ciernes o en retiro, se comprometieron a fundar una nueva República, fue un delito en la medida en que ese bastante idiota papel tuviera alcance y sentido políticos. Porque si usted, lector querido, firma un documento parecido a aquel, en compañía de su proveedor de pan, y su taxista favorito y su compañero de bridge, a lo sumo habrá hecho una estupidez, probablemente para pasar el tiempo, pero nadie podrá decir que habrá cometido un delito, por malas personas que fueren su conductor, su panadero y su amigo de cartas. Que es en lo mismo en lo que andaríamos con el papelucho de Ralito.

La cosa cambia, al menos para la Corte, cuando sus amigos de entretenimiento documental son personas interesadas y capaces de tomarse el poder con las armas. Ahí sí entramos en el terreno del crimen, que es donde andan varios parlamentarios o servidores públicos o civiles a los que les dio por poner la firma donde no debían. Pero insistimos: si el pacto hubiera sido obra de Ordosgoitia, y De La Espriella y López Cabrales, entre ellos solos, a nadie se le ocurriría, ni siquiera a la Corte tan ocurrente, decir que cometieron un delito. El papel se convierte en crimen por la firma de Mancuso y sus amigos de empresa, porque con un fusil en la mano podían obligar a la gente a seguirlos, o a cambiar la voluntad de un electorado inerme, o a tomarse el poder, o una parte del poder, o a trastornar todas las instituciones, “refundando” la República.

Pues venimos de enterarnos de que los presos de La Picota firmaron el papel de marras con personas a las que no interesaba el poder, porque lo suyo era una actividad privada, tan buena o tan mala como se quiera, pero en todo caso sin contenido político.

Si lo escrito tuviera que ver con un plan para secuestrar gente, o para matarla, o para traficar cocaína, la cosa fuera otra. Pero tratándose de materia política, sólo puede haber delito si se firma con hombres en armas haciendo política. Lo que significa que esos señores no pueden seguir en la cárcel un minuto más. Porque siendo sus compañeros de manifiesto delincuentes privados, diría Perogrullo, queda excluida de su intención la política. Que es lo que la Corte tiene que decir de una vez, antes de insistir en la iniquidad de considerar delincuentes políticos a los jefes “paras”, sólo para lo de la parapolítica, y comunes para todo lo demás.

Igual cosa ocurre con Mauricio Pimiento, Lucho Vives y compañeros mártires. Si se hicieron al poder con fusiles movidos por pasión política, están en problemas, pero si se trataba de trastornar el electorado para robar gallinas, o cocaína o tierras, el proceso no ha comenzado. Porque la Corte no ha dicho una palabra en ese sentido, ni ha examinado una prueba que apunte a esa finalidad. Los presos de la “para” política han sido puestos en la picota pública, y nunca mejor dicho, porque estaban tramando y ejecutaron un plan político, que los llevó al Congreso para producir el político efecto de compartir el poder real con sus cómplices armados. Más ahora, válganos la Virgen, sabemos que esos tales nada tienen que ver con la cuestión política, ni quisieron el poder, ni se lo quitaron a nadie, ni eligieron a alguien con políticas aspiraciones. De vuelta a la forzosa conclusión: a la calle con todas mañana. Su prisión, justificada en la toma indebida del poder político, ha quedado sin piso.

Todos matamos lo que más amamos, dijo Óscar Wilde. Así nos explicamos que haya matado la Corte sus procesos políticos, en la misma providencia en que hizo imposible la paz de Colombia.