Como es usual, en Colombia las cosas se hacen al revés. Primero se contrata al jinete y después se encarga la cabalgadura. Dentro de ese modo de actuar, un legislador, perteneciente a la caverna política nacional, presentó un proyecto de ley, aprobado ya por la mayoría troglodita, que demuestra, no sólo el talante con el cual se dirige el país; si no que, también, retrasa más aún la solución de los problemas sociales en Colombia. El senador Pedraza propuso, y logró que se aprobara, una ley mediante la cual se multará a los conductores que compren baratijas o den limosna en los semáforos. Todo esto, con el ánimo aparente de facilitar la movilidad vehicular en las principales ciudades colombianas. ¿Qué van a hacer, entonces, los vendedores ambulantes que utilizan los semáforos como puntos de venta? Pues, ¡que se vayan para otro lado!, dirán el insensible y el egoísta. Pero, ¿a dónde va el buey, que no are? Si se van para otros sitios, de allí los sacará la policía, por invadir el espacio público.

Ahora bien, ¿por qué dijimos al principio que aquí, en Colombia, las cosas se hacen al revés? ¿Por qué, en el mote de la columna, se califica de absurda esta ley? Porque ella debió ser el corolario de otras leyes, esas sí, de protección a los desposeídos; porque la mayoría de estos vendedores ambulantes, son personas desplazadas por la violencia; personas que, en un alto porcentaje, solamente saben hacer las labores propias del campo, porque no tuvieron, en su infancia, las posibilidades de estudiar y, si acaso lo lograron, muy pocas pasaron de la educación primaria; además, como no tienen preparación diferente, para enfrentar a la vida, que aquellas relacionadas con la agricultura y han sido sacadas, a la fuerza, de su entorno natural para volcarse a la ciudad, ésta resulta inhóspita para ellos, en la mayoría de los casos. Además, esas personas no pidieron ser desplazadas; están en las ciudades, porque no tuvieron más posibilidad para salvar la vida. Más aún, ese oficio de vendedor ambulante, lo eligieron como tabla de salvación que les permitiera escapar de los fantasmas de la prostitución, la mendicidad y el delito.

Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud adecuada y correcta en un Estado de Derecho, como a diario, nos dicen que somos? Pues primero, capacitar a esas personas; luego, reubicarlas; después, abrirles posibilidades de mejorar su situación económica, a través de mini créditos blandos; en pocas palabras, solucionarles su problema social, en el cual el Estado colombiano tiene mucho que ver; y no sólo por aquello de la violencia de Estado; sino porque la primera norma de la Constitución Política del país, reza que es obligación del Estado, “Velar por la vida, honra y bienes de los asociados.” Y, dentro de los parámetros que dignifican la vida y salvaguardan la honra del ciudadano, están el derecho al trabajo y el derecho al sustento diario, para sí mismo y para su familia.

Yendo más allá, encontramos que la oferta de trabajo en Colombia es baja y, unida a la falta de capacitación adecuada (sobre todo en los pobres), hace que la tasa de desempleo aumente día a día. Y, cuando hablamos de empleo, hacemos mención al empleo calificado, a ese empleo que conduce a la seguridad social, que permite amparar al trabajador con prestaciones sociales, con garantías de estabilidad y de ascensos que lo lleven a mejorar su condición social; ese empleo que lo saca de su situación de paria. Por eso, el orden de prioridades en las obligaciones del Estado para con los menos favorecidos, tiene que ser: salud, educación, vivienda, empleo y, ahí sí, que quiten a los vendedores ambulantes y a los mendigos de los semáforos y, ahí sí también, que multen a quienes les compren o les den limosnas, según sea el caso. Porque, no es ocultando a los desfavorecidos por la fortuna o prohibiéndoles ejercer un oficio, como se solucionan los problemas sociales de un país, una región o una ciudad. Y, en cuanto a la movilidad vehicular, pues hay otras posibilidades. Por ejemplo, ampliar las vías principales, habilitar vías alternas, aplicar el sistema de ‘pico y placa’, etc. Muchas; menos las referentes a lo quiere prohibir la ley del senador Pedraza. O será, más bien, ¿que lo que se quiere con esta malhadada ley es ocultar a mendigos y vendedores ambulantes, para que no afeen el paisaje? Como se hiciera, hace unos años en Cartagena, cuando la visita de Clinton; o, en Bogotá, cuando vino Pablo VI: se tapiaron con vallas los barrios pobres y se ocultó a todos los mendigos y a los vendedores ambulantes. Esto, es tanto como ponerle frac al leproso, pretendiendo así, ocultar su enfermedad, en vez de buscar su curación.

P. S. * Excelente la metáfora de Germán Piedrahita, en su columna del jueves pasado. Qué retrato tan vívido, tan analógico de nuestro país. Sólo hicieron falta los orangutanes, con su, lamentablemente desastroso, accionar.

** Qué triste que los árbitros de fútbol en Colombia, sigan metiendo la mano en los resultados de los partidos. El robo que, en Cali, le hiciera el árbitro Roldán al Boyacá Chicó, fue demasiado evidente; se sobrepasó en su deseo de favorecer al equipo local. Menos mal que, en Tunja, ganó limpiamente el equipo de las minorías.

Gustavo Rodriguez