Una de las tantas cosas que a los colombianos nos falta mucho por aprender es a discutir sobre temas políticos sin apelar a los insultos o a las ofensas personales.

A poco de empezar un intercambio de opiniones sobre el transcurrir de la vida pública o sobre la actividad de los políticos, es muy común que los interlocutores pasen a emitir toda clase de improperios y descalificaciones gratuitas sobre ellos.

Las críticas ponderadas u objetivas en materia política no son propiamente la regla general en las discusiones entre los ciudadanos, como tampoco lo son entre los mismos actores de la vida pública nacional.

Esa característica sociológica de nuestro ser colectivo se exacerba más cuando la opinión en torno a un gobierno se polariza al extremo, tal como viene aconteciendo últimamente con el actual gobierno del presidente Uribe.

El estar en desacuerdo con sus políticas, con su obra de gobierno, incluso con su talante como mandatario, sin embargo, no es razón suficiente para estar lanzando a diestra y siniestra y en cuanto auditorio nacional o internacional se atraviese, toda clase de epítetos y calificativos.

El Presidente es el jefe del Estado, ocupa la primera magistratura de la nación y como tal se le debe todo el respeto de esa investidura, la cual le ha sido otorgada por la voluntad libre y soberana de los ciudadanos. Lo que es igual para cualquier mandatario local o seccional.

Es parte, entonces, de la cultura democrática reconocer ese deber por parte de todo ciudadano, y más por quienes son figuras públicas y tienen responsabilidades políticas como, por ejemplo, los congresistas.

El hecho de que estos gocen de ciertas prerrogativas en sus funciones que le permitan expresar con toda libertad sus opiniones políticas, no les concede patente para abusar de ellas en detrimento de la cultura democrática que están obligados a respetar y fortalecer.

En este orden de ideas, encontramos oportuna y sensata la reconvención pública que el ex presidente Gaviria, en su condición de jefe del liberalismo, le hizo recientemente a la senadora Piedad Córdoba por sus continuos desafueros verbales contra el presidente Uribe.

No es que le haya censurado su posición crítica frente a su gobierno o que le haya solicitado dejar de hacer la oposición radical que le hace. No. Solo la ha invitado a que reflexione sobre si su lenguaje le hace daño o no a la democracia y al propio liberalismo.

Esa invitación del ex presidente, por supuesto, es válida no solo para la mencionada Senadora, sino para muchos otros actores de la vida política nacional, incluso para el mismo presidente Uribe quien a veces también se excede en su verbo.

La política se hace con las palabras, se gobierna con los discursos, lo mismo que la oposición, de ahí la importancia de darles a ellas su adecuado uso. Lo cortés no quita lo valiente, reza una sabia sentencia muy poco practicada en nuestro medio.

Nunca nadie perdió respeto o estima por la decencia de su lenguaje. Tampoco las opiniones pierden valor porque se expresen con elegancia y altura.

Editorial El Heraldo