La situación de Electricaribe en nuestra región era insostenible, el Gobierno Nacional no podía darle más espera a una decisión de fondo para darle punto final a los atropellos de la que eran víctimas millones de personas por unos cobros exagerados y procedimientos humillantes que colocaban a los usuarios al mismo nivel del peor de los criminales, aplicando un principio de presunción de responsabilidad sin nada que envidiarle a la S.S o la Gestapo de la Alemania Hittleriana.

Con la noticia de la liquidación de Electricaribe unos días atrás, no se hizo esperar la reacción alcaldes, gobernadores, congresistas, personas del común, etc.; pero el asunto no culmina allí, la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos es apenas un paso para lograr la esperada liquidación de una empresa que indiscutiblemente abusó de los usuarios, no brindaba un servicio de calidad, no hizo las inversiones que le correspondía para mantener la continuidad en el servicio y actuando como un sujeto generador de violencia, casi nos lleva a sufrir una crisis energética sin precedentes.

Frente a esta situación más que sonrisas son interrogantes los que debemos plantear, uno de ellos es si esta oportunidad puede propiciar una modificación a la Ley 142 de 1994, determinar si esta norma aún es útil o inocua; recordemos que bajo el amparo de esta ley, Electricaribe impunemente cometió durante casi 20 años cualquier cantidad de arbitrariedades contra todos y en las formas más diversas, muestra de ello es que por un tiempo imponía sanciones a los usuarios con una especie de multas, hasta que la Honorable Corte Constitucional en varias sentencias producto de acciones de tutela llamó la atención de la empresa y les advirtió que en ningún caso podían apropiarse facultades sancionatorias y por lo tanto no les está permitido esa potestad; sin embargo, se refugiaron en la figura del cobro de energía dejada de facturar.

Ante los excesos de la empresa de propiedad de los españoles, los gobernadores y alcaldes quedaron sin herramientas para ejercer control sobre ella y garantizar la prestación del servicio de energía. Nuestros gobernantes quedaron reducidos a devorar a la detestable Electricaribe solo con marchas y protestas como cualquier parroquiano en espera de ser escuchados, sin efecto alguno.

Por otro lado y sin ser abogado del diablo, también se deben ejercer controles a las urbanizaciones piratas, convirtiéndose estas en parte del problema por sus conexiones fraudulentas imposibles de ser cobradas y reguladas, muchas de ellas promovidas por políticos que en busca de votos prometen abstenerse de desalojos ó ser permisivos con esos asentamientos ilegales, compromisos que en algunos casos consignan en papel con autenticación en una notaría.

Como ciudadanos también debemos asumir nuestra responsabilidad, la adulteración de muchos equipos de medición de energía es una conducta a la que nos acostumbramos con la excusa de los altos costos que se deben pagar en las facturas, una práctica que se volvió tan nuestra que lo primero que le preguntan a una persona que se muda de vivienda es “…si ya hizo el trabajito de la luz”. Si la meta es solucionar este problema del servicio de energía son muchos aspectos los que deben cambiar, no solo la liquidación de la empresa, además de eso es necesario modificación de normativa, autoridad de los gobernantes y cultura del ciudadano.

Por Carlos Andrés Añez Maestre