30 menores de edad con diferentes condiciones de discapacidad resultarían afectados con la suspensión de los servicios de la IPS, por falta de pago de Coomeva.
En el poco tiempo que Sebastián Martínez, un niño autista de seis años, lleva realizando terapias en el Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación, Inari, los avances han sido notorios. Según cuentan sus padres, adoptó buen comportamiento en público, habla con mayor claridad y su capacidad para alimentarse ha mejorado, pero esta IPS suspendería los servicios a los usuarios de la EPS Coomeva, como este niño, debido a las deudas acumuladas por servicios prestados desde hace varios meses.
Arsenio Martínez, padre de Sebastián, contó a EL PILÓN que “Inari es una institución bastante buena, pero para que nos prestaran el servicio allí tuvimos que meterle una tutela a Coomeva.
Ahora le deben una cantidad de meses y como Coomeva no les ha pagado, Inari dice que cesaría la prestación del servicio”.
Teniendo en cuenta esta situación, los padres de familia de los 30 menores de edad usuarios de Coomeva que reciben terapias en Inari, se han organizado de tal modo que, como están unidos, la EPS tenga la obligación de garantizar el servicio al grupo.
“Esperamos que pase abril para que Coomeva solucione el problema a Inari, para no entrar en medidas judiciales nuevamente con la EPS sobre el derecho a la salud de los niños”, expresó Martínez.
Según este hombre, el temor de los padres de familia es que, de darse una suspensión de los servicios de la IPS, sus hijos presenten un retroceso en su tratamiento terapéutico.
En diálogo con una funcionaria de Inari, esta manifestó que hace poco se retomaron los servicios con los usuarios de Coomeva, que ya habían sido suspendidos recientemente, y se espera a que las directivas de la EPS lleguen a un acuerdo con las de la IPS, para no perjudicar a los menores.
EL PILÓN intentó comunicarse con directivas de la EPS Coomeva en Valledupar, pero no fue posible contactarlos.
30 menores de edad con diferentes condiciones de discapacidad resultarían afectados con la suspensión de los servicios de la IPS, por falta de pago de Coomeva.
Por Jennifer Del Río Coronell
[email protected]
30 menores de edad con diferentes condiciones de discapacidad resultarían afectados con la suspensión de los servicios de la IPS, por falta de pago de Coomeva.
En el poco tiempo que Sebastián Martínez, un niño autista de seis años, lleva realizando terapias en el Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación, Inari, los avances han sido notorios. Según cuentan sus padres, adoptó buen comportamiento en público, habla con mayor claridad y su capacidad para alimentarse ha mejorado, pero esta IPS suspendería los servicios a los usuarios de la EPS Coomeva, como este niño, debido a las deudas acumuladas por servicios prestados desde hace varios meses.
Arsenio Martínez, padre de Sebastián, contó a EL PILÓN que “Inari es una institución bastante buena, pero para que nos prestaran el servicio allí tuvimos que meterle una tutela a Coomeva.
Ahora le deben una cantidad de meses y como Coomeva no les ha pagado, Inari dice que cesaría la prestación del servicio”.
Teniendo en cuenta esta situación, los padres de familia de los 30 menores de edad usuarios de Coomeva que reciben terapias en Inari, se han organizado de tal modo que, como están unidos, la EPS tenga la obligación de garantizar el servicio al grupo.
“Esperamos que pase abril para que Coomeva solucione el problema a Inari, para no entrar en medidas judiciales nuevamente con la EPS sobre el derecho a la salud de los niños”, expresó Martínez.
Según este hombre, el temor de los padres de familia es que, de darse una suspensión de los servicios de la IPS, sus hijos presenten un retroceso en su tratamiento terapéutico.
En diálogo con una funcionaria de Inari, esta manifestó que hace poco se retomaron los servicios con los usuarios de Coomeva, que ya habían sido suspendidos recientemente, y se espera a que las directivas de la EPS lleguen a un acuerdo con las de la IPS, para no perjudicar a los menores.
EL PILÓN intentó comunicarse con directivas de la EPS Coomeva en Valledupar, pero no fue posible contactarlos.
30 menores de edad con diferentes condiciones de discapacidad resultarían afectados con la suspensión de los servicios de la IPS, por falta de pago de Coomeva.
Por Jennifer Del Río Coronell
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