Es una pregunta que está en el aire hace algún tiempo en el departamento del Cesar y que toma fuerza con los tres hechos ocurridos en los 35 días que van del año 2017. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el siete de enero desconocidos mataron a Aldemar […]
Es una pregunta que está en el aire hace algún tiempo en el departamento del Cesar y que toma fuerza con los tres hechos ocurridos en los 35 días que van del año 2017. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el siete de enero desconocidos mataron a Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), luego se registró el asesinato de la wiwa defensora de los derechos de la mujer de su etnia, Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, quien recibió un disparo en la cabeza el jueves en el sur de Valledupar, y el sábado 4 de febrero en la vereda Entre Ríos (corregimiento de Caracolicito) en el municipio de El Copey, también mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Edilberto Cantillo Mesa, de 55 años.
¿Casualidad? O ¿existe algún plan sistemático contra los líderes y defensores de derechos humanos del Cesar? El 2016 fue, según informe publicado en el diario El Espectador, un año infortunado para los líderes sociales. A noviembre pasado se habían registrado más de “70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas personas”.
En El Copey, un municipio que fue microfocalizado en su totalidad por la Unidad de Tierras, debido al despojo perpetrado por grupos armados ilegales, numerosas personas (especialmente reclamantes de tierras y líderes sociales) se han desplazado de la población, bien por amenazas o por presión, según conoció EL PILÓN, incluso a algunos líderes les han hecho atentados en meses anteriores, hechos que no han trascendido a la opinión pública.
Por eso preocupa la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales en zonas como esta, que están expuestos a represalias por la labor que realizan en sus comunidades, aunque aún no exista ninguna investigación formal que así lo indique y las autoridades afirmen que los asesinatos ocurridos son aislados. Es necesario por lo tanto que se esclarezca los móviles que rodearon las muertes de estos tres líderes.
Un informe del portal Verdad Abierta.com indica que “Entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales. En lo corrido de este año, en el que se empieza a implementar el acuerdo de paz con las Farc, han matado a siete”. En este informe solo está incluido el homicidio del líder de El Paso.
El nuevo año comenzó con la implementación del acuerdo de paz con las Farc, y justo cuando hace apenas una semana los guerrilleros marcharon animados a concentrarse en los puntos transitorios de agrupamiento y a las zonas veredales, parecen acrecentarse los hechos violentos contra los líderes sociales. Es una alerta para las autoridades que deben garantizar la seguridad a toda la comunidad, especialmente a las más vulnerables, en zonas estigmatizadas por culpa del conflicto armado.
Por ejemplo, en El Copey, la violencia paramilitar se ensañó con esta población del Cesar, pues a su paso por la región ocasionaron 176 desapariciones forzadas y generaron el desplazamiento de 5.311 personas; además, afectaron la propiedad rural y por ello hoy se registran más de 400 reclamaciones en la Unidad de Restitución de Tierras que suman cerca de 25 mil hectáreas.
Es una pregunta que está en el aire hace algún tiempo en el departamento del Cesar y que toma fuerza con los tres hechos ocurridos en los 35 días que van del año 2017. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el siete de enero desconocidos mataron a Aldemar […]
Es una pregunta que está en el aire hace algún tiempo en el departamento del Cesar y que toma fuerza con los tres hechos ocurridos en los 35 días que van del año 2017. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el siete de enero desconocidos mataron a Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), luego se registró el asesinato de la wiwa defensora de los derechos de la mujer de su etnia, Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, quien recibió un disparo en la cabeza el jueves en el sur de Valledupar, y el sábado 4 de febrero en la vereda Entre Ríos (corregimiento de Caracolicito) en el municipio de El Copey, también mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Edilberto Cantillo Mesa, de 55 años.
¿Casualidad? O ¿existe algún plan sistemático contra los líderes y defensores de derechos humanos del Cesar? El 2016 fue, según informe publicado en el diario El Espectador, un año infortunado para los líderes sociales. A noviembre pasado se habían registrado más de “70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas personas”.
En El Copey, un municipio que fue microfocalizado en su totalidad por la Unidad de Tierras, debido al despojo perpetrado por grupos armados ilegales, numerosas personas (especialmente reclamantes de tierras y líderes sociales) se han desplazado de la población, bien por amenazas o por presión, según conoció EL PILÓN, incluso a algunos líderes les han hecho atentados en meses anteriores, hechos que no han trascendido a la opinión pública.
Por eso preocupa la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales en zonas como esta, que están expuestos a represalias por la labor que realizan en sus comunidades, aunque aún no exista ninguna investigación formal que así lo indique y las autoridades afirmen que los asesinatos ocurridos son aislados. Es necesario por lo tanto que se esclarezca los móviles que rodearon las muertes de estos tres líderes.
Un informe del portal Verdad Abierta.com indica que “Entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales. En lo corrido de este año, en el que se empieza a implementar el acuerdo de paz con las Farc, han matado a siete”. En este informe solo está incluido el homicidio del líder de El Paso.
El nuevo año comenzó con la implementación del acuerdo de paz con las Farc, y justo cuando hace apenas una semana los guerrilleros marcharon animados a concentrarse en los puntos transitorios de agrupamiento y a las zonas veredales, parecen acrecentarse los hechos violentos contra los líderes sociales. Es una alerta para las autoridades que deben garantizar la seguridad a toda la comunidad, especialmente a las más vulnerables, en zonas estigmatizadas por culpa del conflicto armado.
Por ejemplo, en El Copey, la violencia paramilitar se ensañó con esta población del Cesar, pues a su paso por la región ocasionaron 176 desapariciones forzadas y generaron el desplazamiento de 5.311 personas; además, afectaron la propiedad rural y por ello hoy se registran más de 400 reclamaciones en la Unidad de Restitución de Tierras que suman cerca de 25 mil hectáreas.