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Columnista - 15 diciembre, 2012

MOTOTAXISMO URBANO CONTRA LA LOCOMOTORA DEL CAMPO

Por: HERNAN ARAUJO CASTRO El estado para aminorar la pobreza tiene políticas e instrumentos, como: “Familias en acción”, que entrega subsidios monetarios a familias de estratos 1 y 2; el SISBEN, les permite asistencia gratuita a servicios de salud; además disponen de educación y viviendas gratuita o altamente subsidiada y al ubicarse en centros urbanos, […]

Por: HERNAN ARAUJO CASTRO

El estado para aminorar la pobreza tiene políticas e instrumentos, como: “Familias en acción”, que entrega subsidios monetarios a familias de estratos 1 y 2; el SISBEN, les permite asistencia gratuita a servicios de salud; además disponen de educación y viviendas gratuita o altamente subsidiada y al ubicarse en centros urbanos, disponen de: servicios públicos subsidiados, buenas vías, múltiples posibilidades de transporte, múltiples oportunidades formales o informales de trabajo, para obtener ingresos adicionales a los que reciben del estado, hecho que los habilita como sujeto de créditos, con condiciones y requisitos muy blandos, para comprar motos para trabajar de moto-taxista, oficio que no tiene reglas claras en su ejercicio y están promoviendo, amparados en el derecho al trabajo, los problemas de movilidad que padecen muchas ciudades de Colombia, y es el medio de trasporte predilecto para cometer muchos delitos que inciden en la seguridad urbana.
Las familias que persisten en permanecer en el campo, también tienen derecho a ayudas oficiales, pero carecen de colegios y servicios de salud adecuados y cercanos a su entorno; carecen de vías y sistemas de trasporte, facilitadores de acceso a mercados de consumo de su producción y abastecimiento para satisfacer sus necesidades; en muchas regiones desconocidas en Bogotá central, no existe oferta de servicios públicos y si los hay, sus tarifas obedecen más al interés monetario del particular proveedor del servicio; los pobladores rurales carecen de viviendas adecuadas; no existen, salvo en la caficultura, sistemas de alto cubrimiento e impacto para mejorar la capacitación de los trabajadores del campo y brindar asistencia técnica en sus labores productivas. Para completar el cuadro rural, al pequeño productor, que es la mayoría, no se considera persona digna para recibir, de los funcionarios bancarios un trato decente, con posibilidad real de un crédito fácil y con condiciones de plazos y tasas acordes a su condición rural, incluidos los del mal llamado banco oficial del campo.
Al observar estas realidades, concluimos que el propio estado está promoviendo el traslado de familias rurales a la ciudad, donde es más fácil acceder a los beneficios estatales para disminuir la pobreza. El campo que provee alimentos para la ciudad se está quedando solo, hoy conseguir un  obrero para trabajar en el campo es más difícil, las familias prefieren trasladarse a los centros urbanos a engrosar los cordones de miseria, propiciando muchas veces, con este éxodo, la prostitución de menores sin control sanitario, a cambio de celulares, vestimenta o algo de comida para el núcleo familiar.
Ante esta realidad es importante un análisis serio en las instancias de formulación de política, considerando estos interrogantes: ¿el estado Colombiano tiene capacidad presupuestal para asegurar alimentación a la población, vía importaciones, aprovechando tratados de libre comercio?, ¿tenemos capacidad para ofrecer alternativas lícitas de trabajo a aquellos productores con amenazas de extinción por la globalización comercial?, ¿será más barato y fácil importar o establecer políticas con instrumentos de apoyo y presupuesto para producir más aprovechando nuestra ubicación geográfica y nuestras condiciones naturales?, ¿será que algún día los pequeños productores dispondrán de sistemas oficiales de créditos tan ágiles y fáciles como los que ofrece la ilegalidad?.
Desde este espacio invito a todo el que crea que nuestro sector agropecuario merece un oportunidad para seguir cumpliendo su compromiso y enfrentar la competencia de productores de otros países, que entraron a quitarnos el empleo, a definir alternativas aplicables y prontas para que esa locomotora del campo propuesta por el Presidente Santos, deje de mover solamente los vagones del tren turístico de la sabana o intereses de burócratas de fríos escritorios y empiece a moverse el tren agropecuario por toda la red rural del país.

Columnista
15 diciembre, 2012

MOTOTAXISMO URBANO CONTRA LA LOCOMOTORA DEL CAMPO

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
Hernán Araujo Castro

Por: HERNAN ARAUJO CASTRO El estado para aminorar la pobreza tiene políticas e instrumentos, como: “Familias en acción”, que entrega subsidios monetarios a familias de estratos 1 y 2; el SISBEN, les permite asistencia gratuita a servicios de salud; además disponen de educación y viviendas gratuita o altamente subsidiada y al ubicarse en centros urbanos, […]


Por: HERNAN ARAUJO CASTRO

El estado para aminorar la pobreza tiene políticas e instrumentos, como: “Familias en acción”, que entrega subsidios monetarios a familias de estratos 1 y 2; el SISBEN, les permite asistencia gratuita a servicios de salud; además disponen de educación y viviendas gratuita o altamente subsidiada y al ubicarse en centros urbanos, disponen de: servicios públicos subsidiados, buenas vías, múltiples posibilidades de transporte, múltiples oportunidades formales o informales de trabajo, para obtener ingresos adicionales a los que reciben del estado, hecho que los habilita como sujeto de créditos, con condiciones y requisitos muy blandos, para comprar motos para trabajar de moto-taxista, oficio que no tiene reglas claras en su ejercicio y están promoviendo, amparados en el derecho al trabajo, los problemas de movilidad que padecen muchas ciudades de Colombia, y es el medio de trasporte predilecto para cometer muchos delitos que inciden en la seguridad urbana.
Las familias que persisten en permanecer en el campo, también tienen derecho a ayudas oficiales, pero carecen de colegios y servicios de salud adecuados y cercanos a su entorno; carecen de vías y sistemas de trasporte, facilitadores de acceso a mercados de consumo de su producción y abastecimiento para satisfacer sus necesidades; en muchas regiones desconocidas en Bogotá central, no existe oferta de servicios públicos y si los hay, sus tarifas obedecen más al interés monetario del particular proveedor del servicio; los pobladores rurales carecen de viviendas adecuadas; no existen, salvo en la caficultura, sistemas de alto cubrimiento e impacto para mejorar la capacitación de los trabajadores del campo y brindar asistencia técnica en sus labores productivas. Para completar el cuadro rural, al pequeño productor, que es la mayoría, no se considera persona digna para recibir, de los funcionarios bancarios un trato decente, con posibilidad real de un crédito fácil y con condiciones de plazos y tasas acordes a su condición rural, incluidos los del mal llamado banco oficial del campo.
Al observar estas realidades, concluimos que el propio estado está promoviendo el traslado de familias rurales a la ciudad, donde es más fácil acceder a los beneficios estatales para disminuir la pobreza. El campo que provee alimentos para la ciudad se está quedando solo, hoy conseguir un  obrero para trabajar en el campo es más difícil, las familias prefieren trasladarse a los centros urbanos a engrosar los cordones de miseria, propiciando muchas veces, con este éxodo, la prostitución de menores sin control sanitario, a cambio de celulares, vestimenta o algo de comida para el núcleo familiar.
Ante esta realidad es importante un análisis serio en las instancias de formulación de política, considerando estos interrogantes: ¿el estado Colombiano tiene capacidad presupuestal para asegurar alimentación a la población, vía importaciones, aprovechando tratados de libre comercio?, ¿tenemos capacidad para ofrecer alternativas lícitas de trabajo a aquellos productores con amenazas de extinción por la globalización comercial?, ¿será más barato y fácil importar o establecer políticas con instrumentos de apoyo y presupuesto para producir más aprovechando nuestra ubicación geográfica y nuestras condiciones naturales?, ¿será que algún día los pequeños productores dispondrán de sistemas oficiales de créditos tan ágiles y fáciles como los que ofrece la ilegalidad?.
Desde este espacio invito a todo el que crea que nuestro sector agropecuario merece un oportunidad para seguir cumpliendo su compromiso y enfrentar la competencia de productores de otros países, que entraron a quitarnos el empleo, a definir alternativas aplicables y prontas para que esa locomotora del campo propuesta por el Presidente Santos, deje de mover solamente los vagones del tren turístico de la sabana o intereses de burócratas de fríos escritorios y empiece a moverse el tren agropecuario por toda la red rural del país.