Cinco cementerios de tres municipios mineros del departamento del Cesar tuvieron en tres años inversiones por más de ocho mil millones de pesos para remodelación y ampliación, con recursos del Sistema General de Regalías.
Según el economista e investigador Fernando Herrera Araújo, no es concebible este tipo de inversiones cuando en esas poblaciones no se han podido superar los índices de pobreza extrema (familias con ingreso mensual de 450 mil pesos), con las necesidades básicas insatisfechas.

“Las prioridades de los municipios mineros son: falta de acueducto, falta de alcantarillado y la educación que es deficiente. Eso es lo que más se necesita en esos territorios y sin embargo las inversiones van por otro lado; se invierte más en pavimento, en vías, en parques, en plazoletas. También se invierte en educación, se invierte en acueducto, en alcantarillado, pero no en la proporción en que se necesita”, explicó el investigador socioeconómico.

Al ampliar el tema de los camposantos, indicó que solo en La Jagua de Ibirico se adelantaron obras de cerramiento y ampliación del cementerio central del municipio, por valor de $2.991 millones, proyecto aprobado el 31 de marzo de 2015.

Pero en dos ocasiones anteriores se había hecho ese tipo de inversión. El 16 de enero de 2013, se desarrollaron obras complementarias y de adecuación en el cementerio del corregimiento de Las Palmitas, jurisdicción del mismo municipio, por $2.106 millones. Cinco meses después se aprobaron $442 millones para el cerramiento del cementerio Jardines de La Victoria de La Jagua de Ibirico.

El 22 de junio de ese año también se aprobó la construcción y mejoramiento del espacio público y deportivo del parque cementerio del municipio de Agustín Codazzi, con un costo de $888 millones.
Otro de los municipios del corredor minero con este tipo de obras es Becerril, que el 9 de diciembre de 2014 recibió $1.836 millones para mejorar el aspecto del cementerio local.

“Claro hay que arreglar cementerios, pero también hay prioridades en temas básicos, como el agua”, afirmó Herrera Araújo.

De igual forma explicó a los asistentes al conversatorio sobre el impacto de las regalías en el desarrollo social del Cesar, organizado por EL PILÓN con el apoyo de la empresa Drummond, Fundación del Área Andina y Fundación Carboandes, que el grueso de los recursos de regalías de los cinco municipios mineros del Cesar (Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná) en el periodo 2012-2016, fueron para proyectos de transporte con un 22 %, seguido de de educación con 14 %, vivienda 14 %, cultura 12 %, salud 12 %, agua potable 7 %, ciencia y tecnología 7%, inclusión 5 % y otros 7 %.

¿Por qué Valledupar es la tercera capital más pobre de Colombia y el Cesar tiene la pobreza en el 41 %? Se preguntó el experto y él mismo se respondió: “Porque no se invierten los recursos en lo que es prioritario”.
Recordó que en el pasado OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) le aprobaron al municipio de

El Paso 12 mil millones de pesos, de los cuales cinco mil millones están destinados para dos plazoletas, habiendo necesidades de infraestructura educativa y otros requerimientos básicos de la comunidad.
Luego de escuchar la disertación de Fernando Herrera Araújo y las opiniones de otros asistentes al conversatorio, en el que brillaron por su ausencia los alcaldes, la presidenta del Comité de Seguimiento a la Inversión a las Regalías del Cesar, CSIR Cesar, Gelca Gutiérrez Barranco, fijó varios compromisos para buscar soluciones al problema de la pobreza en el departamento.

“Se van a conformar mesas de trabajo para invitar a las empresas de acueducto y alcantarillado de cada uno de los municipios para revisar cómo están en materia de recaudo, en materia de esos indicadores que nos permitan determinar qué tan bien están funcionando y qué tanto bienestar están llevando a la población del departamento del Cesar, entre otros de los muchos aspectos que hoy hemos conversado”, explicó Gutiérrez, también rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar.

Además manifestó que el CSIR Cesar no ha tenido el acompañamiento institucional de otrora, lo que ha dificultado el seguimiento a la inversión de los recursos de regalías en el departamento.

“La idea es que el CSIR cuente con el acompañamiento de órganos de control. En estos momentos las únicas entidades que quedamos detrás del CSIR somos Drummond y la Fundación Universitaria del Área Andina.

Deberían estar las otras universidades, la Gobernación, la Alcaldía y otras empresas mineras que no están en este momento haciendo el aporte que en otro momento hacían”, recalcó.

El gerente de relaciones con la comunidad de Drummond, Alfredo Araújo, también destacó el análisis de Fernando Herrera y manifestó su preocupación por el destino que están teniendo los recursos que las empresas mineras pagan al Gobierno por el uso del subsuelo.

“Hoy se ha comprobado que no se está haciendo la inversión hacia los sectores que nos permitirían superar la pobreza, especialmente la pobreza extrema y eso es un tema de política pública y uno esperaría que desde la Gobernación, de la Oficina de Planeación Departamental, se liderara con estos indicadores y se orientara la inversión pública hacia esos sectores que permitan empezar a que las cifras de pobreza empiecen a disminuir en el Cesar”, precisó.

La Procuraduría General de la Nación investiga a los servidores públicos por mala planeación de proyectos que se han financiado con recursos de regalías, entre esos las inversiones en la Universidad Nacional.

Regalías y asuntos étnicos

Hernán Gutiérrez, funcionario de la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno Departamental, pidió acompañamiento de la academia y organismos de control para que los indígenas tengan mayores oportunidades de acceder a los recursos de regalías.

“Está contemplado realizar una serie de concertaciones porque a los indígenas hay que preguntarles y concertar qué quieren ellos que nosotros hagamos por ellos; dentro del esquema de los resguardos indígenas como entes territoriales que algunos ya tienen autonomía propia como los Kankuamos y Arhuacos. La propuesta es que para poder acceder esos doce resguardos y esos siete pueblos indígenas a esos recursos de regalías la Universidad Andina, Fundación Carboandes y Drummond nos facilitaran el componente de hacer fuerte esa debilidad que hay en planeación, los indígenas no tienen capacidad técnica para acceder a esos recursos”, indicó el funcionario.

Así las cosas, las conclusiones fueron: las regalías no hacen diferencia en el desarrollo humano, que la priorización de la inversión de las regalías deja mucho que desear, que la gestión administrativa de los municipios es sumamente diferente y se planteó el interrogante ¿existe la maldición de los recursos naturales para el Cesar?
Por último, Fernando Herrera recomendó priorizar mejor la inversión social, manejarla con transparencia, capacitar a funcionarios municipales y departamentales, hacer más presión desde la sociedad civil para priorizar la inversión social, divulgar vía indicadores e información precisa, los avances y retrocesos sociales, además de dar a conocer las buenas prácticas en gestión.

Según el economista e investigador Fernando Herrera Araújo, no es concebible este tipo de inversiones cuando en esas poblaciones no se han podido superar los índices de pobreza extrema (familias con ingreso mensual de 450 mil pesos), con las necesidades básicas insatisfechas.

Por Martín Elías Mendoza / EL PILÓN