“Soy un universitario que estudia con sacrificios, siempre vivo esperanzado en ser un buen profesional, y como soy tan parrandero, muchos se imaginarán que soy un irresponsable al frente de mis compromisos, y como soy un hombre sin prejuicios nunca he tenido en cuenta el que dirán”.

El aparte transcrito vino a mi mente en virtud del tema que ocupa nuestra atención, corresponde a la canción titulada ‘El estudiante pobre’, de la autoría de ‘Poncho’ Zuleta, que fue grabada por él con su hermano Emiliano “y su conjunto” e incluida en el trabajo discográfico titulado ‘La cita’ que fue conocida por el público el 2 de noviembre de 1972, es el corte número 2 del Lado A, es aquella en la cual dice su autor que “vale más nacer que haber nacido siendo”.

Me encontraba hace tres años visitando en Cuestecitas a mi comadre Paulina Viloria y al salir de su casa para continuar el viaje hasta Albania, tres niñas que allí se encontraban me pidieron el favor de que les diera “el chance” hasta la escuela que se encuentra cerca de la subestación eléctrica ubicada antes de entrar al pueblo, cuando llegué al lugar y detuve la marcha para que las menores se bajaran en la puerta de la institución, un olor nauseabundo entró al vehículo, era putrefacto y repugnante, por lo cual pregunté a algunas personas que allí estaban de qué se trataba y me contaron que ese olor venia de la planta de tratamiento de aguas residuales que el Municipio construyó en el predio contiguo a la escuela.

Sorprendido por lo que vi y sentí, el mismo día conversé con unas docentes y recaudé algunas pruebas, y en mi condición de Procurador Judicial radiqué una Acción Popular en contra del municipio de Albania por violación del Artículo 44 Constitucional sobre la prevalencia de los derechos de los niños sobre los demás derechos, y por violación a los derechos colectivos relacionados por el Artículo 4 de la Ley 472 de 1998 a la defensa del patrimonio público, de un ambiente sano, de la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad públicas, la prevención de desastres técnicamente previsibles, y el derecho a que en la ejecución de las obras y desarrollos urbanos se de prevalencia a la calidad de vida de las personas. Ese proceso se tramitó en el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha, y habiéndose probado la violación de los precitados derechos a los alumnos y el personal docente y administrativo de la institución, se celebró un pacto de cumplimiento entre este humilde servidor y el municipio de Albania en virtud del cual el Municipio asumió la obligación de reubicar esa “bomba de tiempo” en otro lugar para evitar un siniestro, pues el riesgo era inminente y más de quinientas niñas, niños y adolescentes se encontraban en peligro.

Para dar cumplimiento a lo pactado, se acordó un plazo de seis meses, y para nuestra sorpresa encontramos con perplejidad la semana pasada que allí estuvimos, que transcurridos más de tres años el proyecto no se ha ejecutado, que no se le ha dado cumplimiento al acuerdo por física tramitología burocrático, fui enterado por fuentes que no me fallan que el Municipio tiene los recursos en banco para hacer la obra, hizo los estudios para su viabilidad, ha iniciado varias veces el proceso licitatorio, pero funcionarios de bajo rango de Bogotá siempre le ponen algún palo a las ruedas del molino para que todo se vuelva a empezar, mientras tanto la posibilidad de una septicemia, de afección pulmonar o de envenenamiento por gases orgánicos sigue latente, y si algo grave pasa será el Municipio el que tendrá que responder patrimonialmente, entonces saldrán más caras las indemnizaciones que la obra, mejor dicho allí terminará saliendo más caro el ajo que la carne, es el típico monumento a la ineptitud.

Solicitaremos a las instancias competentes que investiguen quienes son los funcionarios que han impedido que se le restablezcan sus derechos a los estudiantes y a los educadores para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley por su actitud negligente y criminal, o se cumple la ley o se acaba la milicia, tiene razón el presidente al decir que

“Los fallos judiciales hay que cumplirlos”. En este caso el Alcalde está ante el riesgo inminente de ser sancionado por maquinaciones ajenas.

Por Luis Eduardo Acosta Medina