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General - 23 abril, 2014

“Marchantes de anti-restitución desconocen de la ley”

Así lo aseguró Ketty Montes, directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, al referirse a las personas que participan de la marcha ‘Anti-restitución de tierras’ en el sur del Cesar.

Como desconocimiento de la ley, fue el concepto que emitió Ketty Montes Herazo, directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, debido a la marcha que emprendieron agricultores y ganaderos de San Alberto, Cesar, por las Troncales del Oriente y del Magdalena Medio con el fin de llegar a Bogotá e instalarse en la Plaza de Bolívar para elevar su voz por las fallas, que según ellos, hay en la Ordenanza 1448 de 2011 sobre las restituciones de tierras en el país.

La funcionaria aclaró que esta situación no es de su competencia, toda vez que la Unidad de Restitución está divida por regiones, más no por departamentos, por lo que el sur del Cesar partiendo desde el municipio de La Gloria, pertenecen a la Dirección Territorial del Magdalena Medio a cargo de su director Fabio Camargo.

Montes manifestó que los más de 500 marchantes son personas que no están de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 y desconocen de ella, “No están de acuerdo en mi concepto porque tienen un desconocimiento total de la ley”, aseveró Ketty Montes.

La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno.

El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).

Ignacio Vega, líder de los marchantes, dijo que desde que se inició dicha Ley, ésta tiene una fuerza más retórica que práctica, debido a que el gobierno pretende quedar bien con los desarraigados a costa de los bienes de quienes nada han tenido que ver con el conflicto.

Montes Herazo, señaló que lo expuesto por el líder de los marchantes no es cierto y que si se restituye un predio a una persona es porque tiene relación con el conflicto armado, “Esto no es cierto, primero porque si un bien se restituye a una persona es porque tiene una relación con el conflicto armado, por eso es muy importante que quien tenga la tierra actualmente, demuestre la legalidad de su negocio. ¿Qué hizo esa persona para adquirirla?, hizo todas la acciones, las gestiones, verificó que esas tierras no pertenecieron a desplazados, a una persona víctima”.

Los marchantes precisaron que la función la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, era devolverle la tierra a los campesinos que fueron desalojados de sus propiedades por parte de los paramilitares; pero según ellos, en la práctica de esta Ley, a los labriegos si le están devolviendo las tierras pero de otros hacendados que nunca han tenido problemas con ningún grupo armado al margen de la ley.

Por otro lado, Ketty Montes, precisó que la ordenanza para le restitución de tierras a las personas víctimas del conflicto armado, tiene fuerza social de gran importancia en el país, “Es una manera de reparar, pero de reparar restableciendo el orden jurídico, porque si una persona obtuvo la tierra con aprovechamiento de la situación de la violencia y simplemente se la dejamos y a la víctima le damos dinero, no estamos restableciendo el orden jurídico. Por eso la medida de reparación preferente para quienes perdieron la tierra es la restitución”.

El líder del grupo social ganadero anti-restitución de tierras, expresó que aquellos campesinos que fueron desalojados por los paramilitares en San Diego, Codazzi y Becerril, nunca se les devolvieron esas tierras y que mediante la Ley 1448, los ubicaron en Aguachica y San Alberto pero en tierras ajenas; tierras que son de ganaderos y agricultores que tienen sus títulos vigentes y pagan sus impuestos al día.

Ante esto, Ketty Montes aseguró que en la Unidad de Restitución de Tierras en esta región que tiene competencia hasta el municipio de Pelaya, Cesar, no hay sentencias sobre restituciones de tierras en el sur del departamento.

“Primero, nosotros no tenemos sentencias ni en Becerril para decir que se les ha devuelto tierras en Aguachica y en San Alberto. Segundo, se han entregado tierras en compensación en Aguachica en el predio de la Argentina. A la gente de Codazzi se le ha entregado la tierra en Codazzi y los predios que hemos entregado en compensación en Aguachica en una finca que era propiedad del narcotráfico. Esa finca que es la única que hemos entregado en compensación porque los jueces dijeron que esas personas que estaban en San Diego, debían entregárseles otro predio de similares condiciones y se les entregó en Aguachica, no era una finca de nadie, era una finca que estaba en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes y en San Alberto de esta Dirección Territorial no hemos ubicados a nadie”, aclaró Ketty Montes.

Por Mohamed Osman Díaz

[email protected]

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23 abril, 2014

“Marchantes de anti-restitución desconocen de la ley”

Así lo aseguró Ketty Montes, directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, al referirse a las personas que participan de la marcha ‘Anti-restitución de tierras’ en el sur del Cesar.


Como desconocimiento de la ley, fue el concepto que emitió Ketty Montes Herazo, directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, debido a la marcha que emprendieron agricultores y ganaderos de San Alberto, Cesar, por las Troncales del Oriente y del Magdalena Medio con el fin de llegar a Bogotá e instalarse en la Plaza de Bolívar para elevar su voz por las fallas, que según ellos, hay en la Ordenanza 1448 de 2011 sobre las restituciones de tierras en el país.

La funcionaria aclaró que esta situación no es de su competencia, toda vez que la Unidad de Restitución está divida por regiones, más no por departamentos, por lo que el sur del Cesar partiendo desde el municipio de La Gloria, pertenecen a la Dirección Territorial del Magdalena Medio a cargo de su director Fabio Camargo.

Montes manifestó que los más de 500 marchantes son personas que no están de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 y desconocen de ella, “No están de acuerdo en mi concepto porque tienen un desconocimiento total de la ley”, aseveró Ketty Montes.

La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno.

El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).

Ignacio Vega, líder de los marchantes, dijo que desde que se inició dicha Ley, ésta tiene una fuerza más retórica que práctica, debido a que el gobierno pretende quedar bien con los desarraigados a costa de los bienes de quienes nada han tenido que ver con el conflicto.

Montes Herazo, señaló que lo expuesto por el líder de los marchantes no es cierto y que si se restituye un predio a una persona es porque tiene relación con el conflicto armado, “Esto no es cierto, primero porque si un bien se restituye a una persona es porque tiene una relación con el conflicto armado, por eso es muy importante que quien tenga la tierra actualmente, demuestre la legalidad de su negocio. ¿Qué hizo esa persona para adquirirla?, hizo todas la acciones, las gestiones, verificó que esas tierras no pertenecieron a desplazados, a una persona víctima”.

Los marchantes precisaron que la función la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, era devolverle la tierra a los campesinos que fueron desalojados de sus propiedades por parte de los paramilitares; pero según ellos, en la práctica de esta Ley, a los labriegos si le están devolviendo las tierras pero de otros hacendados que nunca han tenido problemas con ningún grupo armado al margen de la ley.

Por otro lado, Ketty Montes, precisó que la ordenanza para le restitución de tierras a las personas víctimas del conflicto armado, tiene fuerza social de gran importancia en el país, “Es una manera de reparar, pero de reparar restableciendo el orden jurídico, porque si una persona obtuvo la tierra con aprovechamiento de la situación de la violencia y simplemente se la dejamos y a la víctima le damos dinero, no estamos restableciendo el orden jurídico. Por eso la medida de reparación preferente para quienes perdieron la tierra es la restitución”.

El líder del grupo social ganadero anti-restitución de tierras, expresó que aquellos campesinos que fueron desalojados por los paramilitares en San Diego, Codazzi y Becerril, nunca se les devolvieron esas tierras y que mediante la Ley 1448, los ubicaron en Aguachica y San Alberto pero en tierras ajenas; tierras que son de ganaderos y agricultores que tienen sus títulos vigentes y pagan sus impuestos al día.

Ante esto, Ketty Montes aseguró que en la Unidad de Restitución de Tierras en esta región que tiene competencia hasta el municipio de Pelaya, Cesar, no hay sentencias sobre restituciones de tierras en el sur del departamento.

“Primero, nosotros no tenemos sentencias ni en Becerril para decir que se les ha devuelto tierras en Aguachica y en San Alberto. Segundo, se han entregado tierras en compensación en Aguachica en el predio de la Argentina. A la gente de Codazzi se le ha entregado la tierra en Codazzi y los predios que hemos entregado en compensación en Aguachica en una finca que era propiedad del narcotráfico. Esa finca que es la única que hemos entregado en compensación porque los jueces dijeron que esas personas que estaban en San Diego, debían entregárseles otro predio de similares condiciones y se les entregó en Aguachica, no era una finca de nadie, era una finca que estaba en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes y en San Alberto de esta Dirección Territorial no hemos ubicados a nadie”, aclaró Ketty Montes.

Por Mohamed Osman Díaz

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