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Columnista - 25 febrero, 2017

Los Odebrechts de los entes territoriales

El caso de los sobornos y coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, para lograr acceder a los grandes contratos de la nación y los posibles aportes a las campañas presidenciales, han causado revuelo político, judicial y en la opinión pública nacional, permitiendo reafirmar como los tentáculos de la corrupción han infiltrado las altas esferas del […]

El caso de los sobornos y coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, para lograr acceder a los grandes contratos de la nación y los posibles aportes a las campañas presidenciales, han causado revuelo político, judicial y en la opinión pública nacional, permitiendo reafirmar como los tentáculos de la corrupción han infiltrado las altas esferas del país.

El acontecer diario de la nación se ha visto sorprendido, al conocer las grandes sumas de dinero que esta empresa ha tenido que pagar a políticos e intermediarios, para obtener la ejecución de mega obras con multimillonarias inversiones y que generan jugosos dividendos para ellos.

La historia de entrega de coimas y sobornos en Colombia para la adjudicación de contratos no es una práctica nueva, es una artimaña que se viene ejecutando hace bastante tiempo, a tal punto que en los corrillos políticos y de las entidades públicas se afirme que el pago del 10 % por contratos adjudicados solo le falta ser refrendado por una Ley de la República, pero que es de común y obligatorio uso y aplicación.

Es por ello que en los entes territoriales encontramos como la inmensa mayoría de licitaciones se adjudican con un solo proponente, se aprovecha las prerrogativas legales otorgadas a las ONG y fundaciones para adjudicar de forma directa o como los grandes aportantes a las campañas de gobernadores y alcaldes son los principales y mayores contratistas dentro del cuatrienio del gobernante.

En la gran mayoría de municipios, podremos encontrar gran cantidad de obras inconclusas, de contratos con elevados costos, monopolios en la contratación, acomodo de los pliegos de condiciones, licitaciones con único proponente y hasta adjudicaciones a dedo, que no han tenido gran resonancia y publicidad por la complicidad de los mismos entes de control territoriales, que en muchos casos se convierten en cómplices y organismos legalizadores de los procesos de contratación que van en contravía de la legislación.

Por eso creo necesario que aprovechemos el escándalo desatado por los sobornos de Odebrecht, para que pongamos en práctica políticas efectivas de lucha contra la corrupción, la combatamos y erradiquemos de raíz, desde los entes territoriales, donde muchos gobernadores y alcaldes administran sin ningún control, dilapidando el erario, invirtiendo de acuerdo con sus caprichos, olvidándose de las necesidades colectivas de su comunidad.

Es una verdad a gritos, que muchos personajes se hacen elegir gobernadores o alcaldes, como trampolín para ascender y realizar una carrera política que le permita tener la posibilidad de aspirar al congreso o altos puestos del nivel nacional, pero para ello requieren aprovechar su gobierno en los entes territoriales para amasar grandes fortunas y un musculo político que le facilite su cometido.

Siendo los municipios o departamentos los más perjudicados con este proceder, puesto que las necesidades insatisfechas no son solucionadas, sus finanzas son saqueadas, el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes quedan estancadas, cohibiendo que el progreso y desarrollo llegue a sus comunidades.

Para evitar que estos corruptos lleguen a las altas esferas del Estado, necesitamos combatirlos desde su génesis, realizando un seguimiento y control a la contratación en municipios y departamentos, judicializando a funcionarios corruptos, garantizando un buen manejo administrativo y financiero, de lo contrario estaremos condenados a que muchos casos como los de Odebrecht sigan repitiéndose a través de la historia.

Por Diógenes Pino

 

Columnista
25 febrero, 2017

Los Odebrechts de los entes territoriales

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
Diógenes Pino Sanjur

El caso de los sobornos y coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, para lograr acceder a los grandes contratos de la nación y los posibles aportes a las campañas presidenciales, han causado revuelo político, judicial y en la opinión pública nacional, permitiendo reafirmar como los tentáculos de la corrupción han infiltrado las altas esferas del […]


El caso de los sobornos y coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, para lograr acceder a los grandes contratos de la nación y los posibles aportes a las campañas presidenciales, han causado revuelo político, judicial y en la opinión pública nacional, permitiendo reafirmar como los tentáculos de la corrupción han infiltrado las altas esferas del país.

El acontecer diario de la nación se ha visto sorprendido, al conocer las grandes sumas de dinero que esta empresa ha tenido que pagar a políticos e intermediarios, para obtener la ejecución de mega obras con multimillonarias inversiones y que generan jugosos dividendos para ellos.

La historia de entrega de coimas y sobornos en Colombia para la adjudicación de contratos no es una práctica nueva, es una artimaña que se viene ejecutando hace bastante tiempo, a tal punto que en los corrillos políticos y de las entidades públicas se afirme que el pago del 10 % por contratos adjudicados solo le falta ser refrendado por una Ley de la República, pero que es de común y obligatorio uso y aplicación.

Es por ello que en los entes territoriales encontramos como la inmensa mayoría de licitaciones se adjudican con un solo proponente, se aprovecha las prerrogativas legales otorgadas a las ONG y fundaciones para adjudicar de forma directa o como los grandes aportantes a las campañas de gobernadores y alcaldes son los principales y mayores contratistas dentro del cuatrienio del gobernante.

En la gran mayoría de municipios, podremos encontrar gran cantidad de obras inconclusas, de contratos con elevados costos, monopolios en la contratación, acomodo de los pliegos de condiciones, licitaciones con único proponente y hasta adjudicaciones a dedo, que no han tenido gran resonancia y publicidad por la complicidad de los mismos entes de control territoriales, que en muchos casos se convierten en cómplices y organismos legalizadores de los procesos de contratación que van en contravía de la legislación.

Por eso creo necesario que aprovechemos el escándalo desatado por los sobornos de Odebrecht, para que pongamos en práctica políticas efectivas de lucha contra la corrupción, la combatamos y erradiquemos de raíz, desde los entes territoriales, donde muchos gobernadores y alcaldes administran sin ningún control, dilapidando el erario, invirtiendo de acuerdo con sus caprichos, olvidándose de las necesidades colectivas de su comunidad.

Es una verdad a gritos, que muchos personajes se hacen elegir gobernadores o alcaldes, como trampolín para ascender y realizar una carrera política que le permita tener la posibilidad de aspirar al congreso o altos puestos del nivel nacional, pero para ello requieren aprovechar su gobierno en los entes territoriales para amasar grandes fortunas y un musculo político que le facilite su cometido.

Siendo los municipios o departamentos los más perjudicados con este proceder, puesto que las necesidades insatisfechas no son solucionadas, sus finanzas son saqueadas, el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes quedan estancadas, cohibiendo que el progreso y desarrollo llegue a sus comunidades.

Para evitar que estos corruptos lleguen a las altas esferas del Estado, necesitamos combatirlos desde su génesis, realizando un seguimiento y control a la contratación en municipios y departamentos, judicializando a funcionarios corruptos, garantizando un buen manejo administrativo y financiero, de lo contrario estaremos condenados a que muchos casos como los de Odebrecht sigan repitiéndose a través de la historia.

Por Diógenes Pino