Por: CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA
Abogada – Especialista en Derecho Urbano

Desde tiempos memorables siempre han existido conflictos alrededor de la tenencia de la tierra y que para desgracia nuestra y del mundo aún subsisten con su fuerza destructora. En Colombia estos conflictos no han sido la excepción, por el contrario han sido la constante y tienen su origen a mediados de los años 50 cuando se producen en el país cambios sustanciales en la vida económica, social y política, sin embargo,  fue en el período comprendido entre 1828 y 1879 que éstos se fueron recrudeciendo a raíz de las guerras civiles, entre las que se cuentan la  Guerra de los Mil días.

Pero paralelamente a estos conflictos se dieron procesos migratorios muy fuertes hacía las ciudades especialmente del interior del País de población campesina que, huyendo del horror de la guerra, dejaron sus tierras ó fueron despojadas de ella, sólo en el Departamento de Antioquia la población en esa época alcanzó a hacer de 62.649 habitantes, una cifra alarmante teniendo en cuenta que la población colombiana de la segunda mitad del siglo XIX era eminentemente rural, todo esto ocurrió con el beneplácito y la complacencia de los partidos políticos tradicionales: liberales y conservadores que luchaban por mantenerse en el poder.
Décadas más tarde fuimos testigos del nacimiento de los movimientos guerrilleros, de los cuales las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC han persistido con su accionar de barbarie y terror, y han causado el desplazamiento de miles de campesinos apropiándose de sus tierras y cuando pensábamos que este fenómeno no volvería a presentarse, asistimos impávidos a un desplazamiento sin precedentes en Colombia y en el mundo, sólo comparable con Ruanda, país africano con el que nos hemos venido disputando el deshonroso primer puesto en desplazamiento forzado, esta vez, los actores fueron las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que en una alianza diabólica con políticos y funcionarios del Estado, les robaron a los campesinos su tierra, posesiones y sus vidas.

Lo anterior demuestra que la historia de Colombia puede interpretarse basándose en la recurrencia de dos hechos: la Colonización permanente y la violencia incesante. Hoy que el Estado Colombiano tiene la disposición de saldar la deuda moral, social y económica que tiene con miles de desarraigados a través de un instrumento legal como la Ley de Restitución de Tierras, ya empezamos a escuchar graves denuncias realizadas por la ONG Corporación ARCOIRIS, en el sentido de que en el Departamento del Cesar, existen grandes terratenientes y miembros de la clase política estarían creando un grupo armado ilegal con aporte de un millón quinientos mil pesos para impedir que el proceso de restitución de tierras se lleve a cabo, nada mas aberrante. Estas denuncias deben tomarse en serio por los organismos de control, pues ya se prendieron las alarmas sobre un hecho que es necesario y perentorio que se investigue, pues no podemos caer en el mismo error de desestimarlas, como pretendieron hacerlo en el Gobierno anterior, cuando esta misma ONG destapó el contubernio entre políticos y paramilitares, pero que la contundencia de los hechos demostraron que eran ciertos esos vínculos y por lo cuales fueron juzgados gobernadores, representantes, alcaldes, concejales, en fin, toda la clase política del Cesar cuestionada y tristemente célebre por coexistir con el delito. Hoy más nunca se aplica esa frase que además tiene sustento bíblico, el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla y eso es lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, no podemos permitir que se repitan las masacres, el despojo, el desarraigo, se lo debemos a la memoria de miles de colombianos que fueron asesinados por los pactos de muerte, se lo debemos a las víctimas del conflicto que piden verdad, justicia y reparación, se lo debemos a nuestros hijos, se lo debemos a Colombia.

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