Hoy este proyecto de resolución es socializado con los interesados y con la comunidad en general antes de su aplicación, puesto que las aprobaciones de fotomulta que existen actualmente contarán con seis meses, hasta julio del próximo año, para adherir las nuevas reglas y recibir una autorización de funcionamiento, si no se cumple con ese plazo, serán desmontadas.

“Este proyecto es muy importante porque pone en cintura las fotomultas para que se conviertan en lo que verdaderamente debe ser, una herramienta para contribuir con la seguridad vial y no en una caja registradora en favor de unos privados”, manifestó el viceministro de Transporte, Alejandro Maya.

La construcción de este proyecto de resolución cuenta con cuatro componentes fundamentales: Se establece un techo en el recaudo del privado. Las fotomultas no podrán remunerar a la inversión privada con un porcentaje superior al 10 % del recaudo. El Ministerio de Transportes será quien dé la autorización para la instalación de los dispositivos después de que la autoridad de tránsito presente un estudio de viabilidad técnica avalado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde especifiquen los criterios de ubicación del dispositivo (tramos críticos, infraestructura, siniestralidad, caracterización de flujos).

Teniendo en cuenta que estos dispositivos serán instalados en lugares donde exista riesgo de accidente, su ubicación deberá contar con la señalización pertinente a mínimo 500 metros de distancia, si la persona multada demuestra que esa señalización no tenía los requerimientos estipulados, el comparendo no tendrá validez.

Este trabajo se realiza en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI; el Instituto Nacional de Vías, Invías y las diferentes secretarías de tránsito del país, para convertir las fotomultas en una herramienta que permita disminuir los muertos por accidentes de tránsito en el país.