En medio de dos extensas jornadas realizadas ayer, fue legalizada la captura de los médicos, abogados, psicólogo y tramitadores vinculados a una presunta defraudación al sistema pensional, en la que habrían declarado con documentos originales incapacidad mental y de otras enfermedades, para cobrar la respectiva pensión.
Según la Fiscalía, el fraude que data desde el año 2011 benefició a unas 550 personas, que tratamitaron pensiones a través de Colpensiones y fondos privados, con el aval de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.
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