“Un corrupto como contralor es como violador en un jardín infantil”, esta es una de las frases de despedida del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien luego aprovechó el acto de rendición de cuentas de su cuarto y último año de gestión para sacar a relucir las malas cuentas entregadas por los entes territoriales en el manejo de los recursos e implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

El jefe del ente fiscal señaló que cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes, y 45 exalcaldes están siendo investigados, por irregularidades en el PAE, en 154 procesos de responsabilidad fiscal en curso que suman una cuantía de cerca de $84.000 millones de pesos.

De igual forma señaló que en 17 procesos, en 11 departamentos, ya fueron imputados cargos, por más de $7 mil millones de pesos. Y en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad fiscal, en primera instancia, que totalizan $2.940 millones. También hay tres fallos por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, cuya cuantía suma más de $2.797 millones.

Sin lugar a dudas son unas cuentas que dan pena, porque no es razonable que particulares engorden sus bolsillos con los recursos públicos mientras los niños de los sectores vulnerables pasan hambre.

En este caso, el departamento del Cesar tiene un capítulo especial, pues por las presuntas irregularidades en ejecución del PAE, en 2015, la Contraloría General imputó cargos de responsabilidad fiscal por $630 millones contra el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. En el proceso también está vinculado el actual secretario de Educación, Jorge Eliécer Araujo, quien desempeñó el mismo cargo en ese gobierno.

Mientras se estable la responsabilidad o inocencia de estos personajes, relacionados con el antiguo y nuevo gobierno departamental, surge un interrogante. ¿Cómo se están ejecutando actualmente los recursos del PAE? Es una respuesta que seguramente los entes de control revelarán cuando termine el actual gobierno, siendo esta reacción tardía una de las fallas históricas de los diferentes organismos de control a nivel nacional.

De hallar culpables, estos son destituidos e inhabilitados cuando ya no ejercen cargos públicos, pero lo mínimo que se espera de la Contraloría es que no se quede en hallazgos e imputación de cargos de responsabilidad fiscal, sino que garantice el reintegro de los recursos de la alimentación de los niños.

Para concluir, reprochamos la tremenda tarea que deben asumir los rectores de los colegios públicos de Valledupar para escoger a los estudiantes que en este segundo semestre tienen el privilegio de recibir su suplemento alimentario y los que no, debido a la disminución de raciones por la desfinanciación del PAE en la ciudad. En instituciones educativas, como el José Eugenio Martínez, pasaron de 250 a 200 en la jornada de la mañana, mientras que en la tarde bajaron 25.

Según la Secretaría de Educación Municipal, Mineducación había previsto alrededor de $12 mil millones, pero con la desfinanciación a nivel nacional, asignaron $9.500 millones, por lo que el PAE en Valledupar solo tendría recursos hasta octubre.

Así concluimos que en las operaciones aritméticas del PAE a lo único que se le resta es al bienestar de los estudiantes.